El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) criticó la publicación de información reservada sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y pidió “no repetir en el futuro” ese tipo de decisiones sin antes ser consultados. A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó como un “riesgo” que se difunda así información sobre una investigación en curso ya que puede comprometer el éxito de la misma
En un comunicado dirigido a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) en el Caso Ayotzinapa, los integrantes del GIE, Angela Buitrago, Carlos Beristain, Francisco Cox y Claudia Paz y Paz, rechazaron “enfáticamente” la publicación de comunicaciones fechadas el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2014.
“Si bien comprendemos la importancia de la transparencia y el acceso a información, en este caso se trata de información reservada que desde GIEI se ha solicitado a entidades estatales, a través de COVAJ, para ser presentada en la investigación penal. Ustedes, como nosotros, conocen que se trata de información reservada, ya que se encuentra dentro de una investigación penal”, puntualizaron.
El grupo de expertos subrayó: “Expresamos nuestro rechazo a continuar por este camino que expone la investigación y sus avances, además de alertar a presuntos perpetradores”.
Y más: “Como miembros de COVAJ habríamos esperado ser consultados y no informados frente a hechos consumados. Dado que esta ha sido una decisión inconsulta y ante la posibilidad de que esta conducta se reitere, hacemos pública esta comunicación, solicitando que no se repita en el futuro”.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones que acompaña en la representación jurídica a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, señaló que como integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), no participaron en la decisión de publicar los reportes del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), relacionados con conversaciones entre autoridades municipales y líderes de Guerreros Unidos.
En este sentido, calificó como un “riesgo” que se difunda así información sobre una investigación en curso ya que puede comprometer el éxito de la misma.
No obstante, señaló que con lo dado a conocer este día se confirma “que el Ejército ocultó información desde 2014 y que siguió administrándola después de que, por decreto presidencial, se le impusiera en diciembre de 2018 la obligación de entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular”.
A través de redes sociales, destacó que dada la opacidad castrense no puede descartarse que exista más información en su poder.
De igual manera, el Centro Prodh resaltó que ante la posibilidad de que las conversaciones que se difundieron hoy entre el subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, el director de esa cooperación Felipe Flores Vázquez y líderes de de Guerreros Unidos,
“Se trata de intervenciones ilegales de comunicación llevadas a cabo por el Ejército, se debe aclarar cabalmente el origen de las mismas”.
Agregó que los documentos abren líneas de investigación, incluso sobre perpetradores y paradero, que aún deben agotarse.
Fuente: Apro/ La Jornada
