En México, una cuarta parte de las víctimas de desaparición son mujeres, pero de esa cifra, casi la totalidad son niñas o adolescentes de entre 10 y 17 años, lo cual abre hipótesis de investigación relacionadas con la trata de personas, afirmó Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Durante su participación en el conversatorio virtual “Miradas nacionales e internacionales sobre la búsqueda de mujeres desaparecidas” –organizado hoy por la Defensoría del Pueblo de Perú–, la funcionaria admitió que México vive una “crisis” en materia de desapariciones, reconocida por el actual gobierno.
En ese marco, indicó que según las más recientes actualizaciones del registro de víctimas, hay poco más de 77 mil personas reportadas como desaparecidas, lo cual no quiere decir necesariamente que se trata de la cifra real, pues existe un gran subregistro o “cifra negra” al respecto.
Quintana señaló que, de ese total, el 25 por ciento corresponde a mujeres, pero al desagregar los datos por edad, se obtiene el “dato escalofriante” de que el 55.2 por ciento de las víctimas menores de 18 años son niñas.
El 90 por ciento o más (de las mujeres víctimas de desaparición) tienen entre 10 y 17 años. Esto nos genera hipótesis de trata de personas que debemos atender en las búsquedas”, enfatizó la titular de la CNB.
Quintana afirmó que las niñas y adolescentes también son el grupo poblacional que más es encontrado con vida tras reportarse su desaparición, y destacó que ya hay ordenamientos legales que ordenan la búsqueda inmediata de todas las mujeres reportadas como ausentes, sin importar si se presume que son víctimas de un delito o no.
La funcionaria también destacó la publicación ayer martes en el Diario Oficial de la Federación del Protocolo Homologado de Búsqueda, elaborado en colaboración con las familias de personas desaparecidas y con elementos de perspectiva de género.
La desaparición en el país “es un reto, una crisis reconocida por el gobierno mexicano, y estamos construyendo desde la CNB, con el acompañamiento de organizaciones internacionales y de las familias, todo el andamiaje institucional para una búsqueda más efectiva. La normativa no es suficiente si no se pone en la práctica”, admitió.
Fuente: La Jornada
