Solo 32 por ciento de los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuenta con un sistema legal y tecnológico para vigilar la venta de productos farmacéuticos que contienen sustancias sicotrópicas sujetas a fiscalización internacional, de acuerdo con una encuesta elaborada por la Comisión de Estupefacientes de la misma institución.
El documento explica que el número de países donde se investiga la venta de sustancias ilegales por internet disminuyó 10 por ciento respecto al periodo 2012-2013, lo cual puede atribuirse principalmente a los gobiernos europeos, ya que 21 de ellos informaron que no contaban con sistema de esa índole en 2014-2015. Además, la proporción de los países de América con este tipo de sistema es inferior al resto de los demás continentes, tras registrar solo ocho por ciento en el último periodo.
Sobre esta problemática, las agencias sanitarias de países iberoamericanos como México, España, Paraguay, Colombia y El Salvador firmaron, en enero pasado, un convenio para fortalecer la vigilancia conjunta de los medicamentos por internet con el fin de reducir riesgos a la salud. El entonces titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mikel Arriola, fue el encargado de firmar la carta de intención.
El sondeo realizado por la Comisión de Estupefacientes de la ONU, titulado “Racionalización del cuestionario para los informes anuales” examina las medidas que han aplicado los estados miembros en lo que respecta a la reducción de la demanda y oferta de drogas, la lucha contra el blanqueo de dinero y la cooperación internacional para la investigación judicial.
Dependencias encargadas
En cada país varía la forma en que los gobiernos combaten el aumento de la demanda de drogas. El informe señala que 73 por ciento de los estados miembros han creado organismos nacionales especializados en combatir el narcotráfico.
En este aspecto se muestran diferencias entre las regiones del mundo. En Europa el porcentaje de agencias especializadas en el combate contra las drogas “es muy inferior al del resto del mundo, ya que menos de la mitad de los Estados miembros indicaron que tenían un organismo nacional especializado en la tarea de reducir la oferta de drogas”.
La parte opuesta a Europa es se encuentra en América Latina, ya que todos los países que respondieron al cuestionario disponían de un organismo de este tipo. Esto se debe en gran medida a que naciones como Bolivia, Colombia y México son naciones productoras de cocaína y mariguana.
Además de las agencias dedicadas exclusivamente a combatir el narcotráfico, seis de cada 10 Estados miembros de la ONU encomendaron al Ejército reducir la oferta de droga en sus territorios.
Sobre el uso de las fuerzas militares, el estudio explica que las estructuras institucionales cambian de una región a otra, pues “hay un porcentaje bastante más alto en África, Oriente Medio y América, que a lo largo del período ha oscilado entre 70 por ciento y 90 por ciento, y en cambio es considerablemente menor en Europa, donde se ha observado que en el periodo ha disminuido a 35 por ciento en 2014-2015 (frente al 48 por ciento en 2010-2011)”.
En lo que respecta a los métodos de investigación, los gobiernos respondieron que permitían que las fuerzas de seguridad utilizaran técnicas especiales de investigación. Más de 90 por ciento de ellos informaron de que las fuerzas de seguridad utilizaron informantes, técnicas de vigilancia encubierta, entrega vigilada y vigilancia electrónica en 2010-2011, 2012-2013 y 2014-2015.
Algunas naciones señalaron que se empleaban otros métodos, como la protección de los testigos, localización de recursos financieros o de bienes, interceptación de las telecomunicaciones y habilitación de líneas telefónicas para que el público en general informara sobre conductas sospechosas.
Medidas anticorrupción
La mayoría de los países que respondieron el cuestionario de la ONU, señalaron que las medidas más habituales eran la obligación del personal de informar sobre toda sospecha de casos de corrupción, la existencia de un código de conducta, la formación sobre ética profesional y la existencia de un órgano de supervisión interna.
Además, la mayoría de las naciones cuenta con órganos de supervisión externa que obligan al personal a hacer una declaración de bienes. De acuerdo con el estudio, en los últimos años “se ha vuelto más común que los estados miembros apliquen los seis tipos de medidas de lucha contra la corrupción, de manera que el porcentaje de países que aplican cada una de esas medidas ha aumentado en todos los casos entre 2010-2011 y 2014-2015, lo que hace patentes los esfuerzos desplegados por los sistemas nacionales para combatir la corrupción”.
Prevención
Los gobiernos que participaron en la encuesta de Naciones Unidas señalaron que la actividad más común para reducir la oferta de drogas es vigilar y prevenir la siembra de semillas precursoras de estupefacientes naturales.
Entre 94 y 98 por ciento de las naciones también vigilan la creación de anfetaminas, salvo contadas excepciones concentradas en naciones de Asia y Europa occidental y central.
Además, nueve de cada 10 gobiernos impulsaron medidas de lucha contra el blanqueo de dinero durante el periodo 2014-2015.
Perjudicial, reestringir y criminalizar: expertos
Las políticas globales sobre drogas, destinadas a combatir el uso ilegal de estupefacientes, debieran ser reformadas porque son “nocivas” para la salud pública y los derechos humanos, según un informe divulgado ayer por la revista The Lancet.
Un documento elaborado por expertos señala que la aplicación, durante 50 años, de normativas destinadas a restringir y criminalizar el consumo de sustancias prohibidas y la posesión de cantidades pequeñas ha tenido “efectos perjudiciales en la salud, el bienestar y los derechos humanos de los consumidores de droga”.
El informe, a cargo de una comisión de la revista británica y la prestigiosa universidad Johns Hopkins de EU, pide que se despenalicen las delitos considerados menores relacionados con las drogas.
La comisión proporciona en ese documento ejemplos de países como Portugal y la República Checa, que han despenalizado los delitos menores relacionados con los estupefacientes.
Esos países, señalan los expertos de la comisión, han experimentado “beneficios significativos en la salud pública, ahorros en los costes y un menor encarcelamiento, sin que haya habido un aumento significativo en el consumo de esas sustancias”.
(Con información de EFE)
