Es el programa estrella del gobierno federal pero, al menos en Veracruz, desborda corrupción. Los funcionarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre piden “ayudas” a los más pobres, los vivales defraudan a familias, la propia Sedesol ordena guardar los apoyos que urgen, se documentan desvíos millonarios, se manipulan las listas de beneficiados, se relega a gente en la miseria, se maquillan resultados, se “entregan” casas que son una porquería, se venden viviendas que deberían regalarse, empresas sancionadas siguen recibiendo dinero público… Los veracruzanos andan peor que a su suerte.
Por Verónica Espinozaz y Noé Zavaleta/ Proceso
Las 74 comunidades localizadas en este municipio —ubicado a unos 70 kilómetros de Xalapa, en la zona montañosa— están inscritas dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH). Todas necesitan ayuda, pero la corrupción impera entre quienes deberían auxiliar a los más necesitados.
Cada persona que requiere asistencia se presenta ante la coordinadora del programa, Mary González, esposa de un ex alcalde del PRI. Ella despacha en la cochera de su casa. El espacio es ocupado por algunos escritorios, sillas y varias secretarias y brigadistas, que atienden a empadronados e integrantes de los comités comunitarios, creados para informar de las carencias de cada pueblo. Muchos se quejan de que una vez que entregan sus diagnósticos y listas, los recursos acaban en otras manos.
Un brigadista de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, que coordina el programa en todo el país) atiende a un anciano. “¿Cuántas familias son en tu comunidad?”, le pregunta. “Como noventa y tantas”. “¿Hay noventa y tantos terrenos?”, relanza el empleado, “Sí. Y un lote baldío”. “Ése también anótalo. Pero hay que apoyar al ingeniero. Ahí te lo encargo”, le pide antes de cortar abruptamente la conversación ante la presencia de los reporteros y el fotógrafo.
“El ingeniero” es un conocido operador político de la región de Altotonga que colabora con el priísta Édgar Spinoso Carrera, quien ahora —abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— busca una diputación por el distrito de Martínez de la Torre.
Esta escena exhibe parte del desaseo, el desorden y la manipulación entre las diversas instancias que manejan programas sociales, padrones y dinero de la Sedesol, el Gobierno del estado y las alcaldías en éste y otros municipios.
La opacidad en el uso del erario es aprovechada por candidatos y funcionarios para hacer promesas, y por vivales que cobran “apoyos” y se desaparecen con las sumas que les entregan los habitantes con la esperanza de que ese pago les retribuya una lámina, un techo, un tinaco.
La coordinadora Mary González, quien dirige el proyecto no sólo para Altotonga, sino también en Las Minas, reconoce: “A mucha gente no le llegó (la asistencia). O llegó, pero el beneficiario fue otro. Eso pasa mucho con los techos y los pisos. Los integrantes de los comités comunitarios vienen a quejarse porque no los toman en cuenta”.
NO ENTREGAN NADA
Ella se entiende con representantes de 185 comités comunitarios de Altotonga y 10 de Las Minas, que participan en la elaboración de los dictámenes de carestías y registro de posibles beneficiarios, pero desde 2013 ellos se quejan de los problemas que hay con los destinatarios de la ayuda.
Adelina Salazar, del comité de Magueyitos, refiere: “El año pasado metí a todo el poblado en el programa, para que luego no me reclamaran que a unos sí y a otros no. Pero nomás llegaron 49 tambos grandes. Este año ni tambos ni láminas ni nada. No han entregado nada, nos dicen que por la veda (electoral)”.
Para colmo, hace tres años Adelina y otros vecinos de Magueyitos fueron estafados por un ingeniero que pidió 700 pesos a cada familia para, supuestamente, registrarlas en el Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda (Fonaevi) “y comprometer la construcción”. Reunió 17 mil 500 pesos de 25 familias y se desapareció.
Adelina muestra el “recibo” que le entregó el supuesto funcionario, con logos del Gobierno Federal y un número de folio que presuntamente era su número de registro al programa. Un día vio al ingeniero, lo siguió y le reclamó. “Me dijo que el dinero se lo entregó a otro ingeniero de Puebla y que no lo volvió a ver. Luego ya no lo encontré”.
Un problema más: en Chachalacas, localidad de Atzalan —municipio vecino de Altotonga— hubo airadas quejas en contra de las constructoras contratadas por la Sedesol, que pretendían erigir, en zona rural, fraccionamientos de interés social amontonando una casa contra otra.
Álvaro Bautista, funcionario de la Dirección de Desarrollo Social del municipio, explica que una vez que terminaron los pies de casa, alguien robó el material sobrante de la bodega donde estaba depositado, bajo custodia del comité comunitario.
Y en Atzalan se autorizaron mil 104 techos para vivienda el año pasado, pero a la fecha no todos han sido entregados. Del programa de este año no han recibido nada.
UNA FARSA
Otra contrariedad, ésta de mayor impacto debido a la tragedia que la precedió, se registra en Xaltepec.
En el cascarón de lo que fue alguna vez la casa de Rafaela Gutiérrez permanecen cinco cruces de distintos tamaños para recordar a algunos de los muertos que dejó el derrumbe del cerro de enfrente, en este poblado de Altotonga, el 16 de septiembre de 2013, tras el paso del huracán “Ingrid”.
Dos personas vivían en la casa. Las demás viajaban en un microbús que recorría la ruta hacia Xoampolco cuando el cerro se desgajó y cayó encima del vehículo. Aunque alcanzaron a correr y pretendieron refugiarse en la casa de Rafaela, el alud llegó hasta allá, sepultándolos. En total hubo 11 muertos.
Rafaela ha vivido penosamente, gracias a la ayuda de familiares y vecinos. Junto con ella, las familias de Gloria Ramírez, Martha Mozo y otras tres recibieron del gobernador, Javier Duarte (PRI), y de autoridades federales y municipales la promesa de que les construirían casas nuevas. Funcionarios de la Sedesol acudieron a empadronar a cada integrante de esas familias, y les hicieron firmar y entregar documentos. Insistieron en que les darían inmuebles en la comunidad de Ahueyahualco, a unos pocos kilómetros.
Unas semanas después, les volvieron a pedir sus papeles “porque se les habían perdido. Nos dijeron que el municipio ya había donado el terreno en Ahueyahualco, aunque nunca nos lo enseñaron”, recuerda Gloria Ramírez.
Documentos de la Sedesol consignan una inversión de 68 millones 220 mil pesos para erigir 568 casas en municipios dañados por las lluvias de aquel año. Del total, 104 iban a ser construidas en Altotonga.
Sin embargo, ya nadie fue a visitar a Rafaela, Gloria o Martha. Ellas se cansaron de ir a la alcaldía a preguntar. “No hay dinero”, les dijeron de plano hace dos semanas.
‘LA ESCALERITA’
“No me ayudaron en nada. La Sedesol, a través del ayuntamiento, otorgó una lista de beneficiarios y reubicados, pero yo no salí, ni tampoco mi cuñada… Un año nos trajeron con la promesa de que iba a llegar otra remesa, pero no cayó nada”, narra Gloria. Eso sí, los informes oficiales dieron por hecho que esas familias fueron reubicadas.
La calle Manzano, en la colonia Francisco González Zamora de dicha comunidad, muestra un aspecto desolador: la Sedesol levantó una hilera de pies de casa. Y ya. Casi todas las presuntas viviendas permanecen vacías; las tuberías del baño se están desprendiendo, los vidrios están rotos, los excusados están cubiertos de basura.
Apenas unas cinco familias habitan esa colonia. Algunas delimitan sus patios con lonas de candidatos del PRI de elecciones pasadas. Una mujer acepta que compró el inmueble y otra dice que le fue “otorgado” porque se le reubicó tras el deslave de Xaltepec. Pero en Xaltepec los damnificados sostienen que nadie ha sido trasladado.
“De la gente que llegó a vivir en Ahueyahualco, nadie es reubicado de Xaltepec; sabemos que sí tiene necesidad (la única beneficiada), pero recibió la ayuda porque pertenece y apoya al partido, el PRI”, asevera en su hogar con grietas Gloria Ramírez. Ella apenas consiguió que la Sedesol levantara un cuartito para su suegra. Eso sí, con todo y placa: “En mi casa se reforzaron los muros”.
Junto a la puerta de la vivienda de Gloria hay una pared con propaganda del ex candidato perredista a la alcaldía Abdiel Reyes. “Me dijo que si lo dejaba pintar iba a auxiliarme para que le dieran seguimiento a mi niño, que está enfermo de hemofilia. Tampoco lo hizo”.
Al despedir a los reporteros, Gloria murmura: “Es como una escalerita, porque desde arriba baja dinero, sí baja. Pero en cada escalón alguien se queda con poquito, y cuando llega hasta abajo ya no es nada”.
Además de Altotonga —según el oficio F.I.150.3791 BIS, enviado por el delegado de la Sedesol en Veracruz, Marcelo Montiel, al jefe de la Unidad de Microrregiones, Julio Federico Vilegas, otras viviendas iban a ser construidas para damnificados de Tuxpan (96 casas), Yecuautla (92), Coscomatepec (92), La Perla (89) y Coatzacoalcos (95).
OPTIMISMO DE PAPEL
De las listas de beneficiados emana la simulación.
Por ejemplo, en Actopan, Atzalan, Altotonga y Alto Lucero, donde las familias se dedican mayoritariamente al corte de caña de azúcar o a la cría de gallinas y puercos, los brigadistas de la CNH acudieron a censar y decidieron que 25 familias eran susceptibles de recibir pisos firmes, techos, tinacos, material de construcción, recursos del programa 65 y Más y becas.
“Vimos mucha pobreza. Y hubo sorpresa e indignación cuando nos enteramos de que al final una sola familia, sólo una, resultó beneficiada. Entonces revisamos los padrones de las demás demarcaciones y esto se repetía: 60, 80, 90 familias censadas y apenas cinco, ocho, 10 beneficiadas”, narra uno de los brigadistas contratados por la delegación de la Sedesol en Veracruz, que encabeza Marcelo Montiel Montiel, ex alcalde de Coatzacoalcos.
En febrero de 2013, Proceso documentó que en esta entidad los municipios catalogados como de marginación muy alta fueron excluidos de la CNH. Un cruce de datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del catálogo del programa confirmó que Tehuipango, Texcatepec y Los Reyes, todos ellos con pobreza extrema, fueron eliminados del proyecto estelar del presidente Enrique Peña Nieto.
Por ejemplo, Tehuipango registra el cuarto lugar estatal en la categoría de rezago social muy alto; Texcatepec ocupa el quinto, y Los Reyes se ubica en el octavo. En ellos viven casi 25 mil personas.
Otra lista dudosa de la delegación de la Sedesol es la del Programa para el Desarrollo de las Zonas Prioritarias, pues algunas de las organizaciones ejecutoras tienen historiales cuestionables o están ligadas al gobierno priísta. Además, no tienen experiencia en realizar obra pública.
Por ejemplo, la asociación Una Mano Amiga para el Mexicano, A.C., encargada de proyectos en Atzalan durante 2013, figura este año en un directorio del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en el que aparecen organizaciones cuya autorización pierde su vigencia en 2015, debido al incumplimiento de obligaciones en 2013 “en materia de transparencia y comprobación del uso y destino de los donativos recibidos”. La A.C. recibió 9 millones 195 mil pesos para la construcción de techos mejorados, además, en Chicontepec y Álamo Tepamache.
JUGAR CON EL ERARIO
De manera irregular, asociaciones civiles y con fines de lucro recibieron 300 millones de pesos del erario federal.
Según un acuerdo entre la Sedesol y su delegación en Veracruz, las organizaciones deberían guardar el material para viviendas adquirido para 2013 y entregarlo hasta 2014 —aunque ese procedimiento es ilegal. Esto se autorizó desde las oficinas centrales en el oficio SDSH/UMR/212/2356/13.
En otros dos documentos —este semanario tiene copias— se acuerda “resguardar el material” que urgía entregar a los necesitados.
Uno de los acuerdos fue reducir la meta de construcción de techos. Se pasó así de 28 mil 946 obras a 18 mil 946. Pero ni siquiera éstos fueron acabados en 2013. Al 15 de enero de 2014 tampoco estaban listos y el dinero tenía que ser devuelto a la Federación. De hecho, las láminas del programa Techo Firme seguían guardadas. A pesar del incumplimiento, las obras fueron presentadas como concluidas.
Una más: el lunes 27, el senador perredista Alejandro Encinas mostró un paquete de videos y documentos que le llegaron vía anónima, merced a los cuales se presume un desvío de recursos públicos por 500 millones de pesos… en la delegación de la Sedesol en Veracruz.
En las oficinas de esa dependencia, el delegado, Marcelo Montiel Montiel, responde que el material difundido por Encinas es producto de “un montaje” y una falsificación.
Como “prueba de la falsedad”, exhibe papeles firmados por el notario público 37 de Xalapa, Gabriel Antonio Medina García, que supuestamente verificó que la firma del delegado fue sobrepuesta en los papeles mostrados. “Que cada quien sude sus calenturas”, concluye el funcionario al mostrar el acta, levantada el mismo día en que el perredista reabrió la cloaca veracruzana.
Fuente: Proceso
