La mañana del domingo 7 de abril de 2013 fue detenido Martín Ruiz Rodríguez, director del periódico digital e-consulta en Tlaxcala, y liberado tras el pago de una fianza por 35 mil pesos, tras la acusación por el delito de difamación en contra del Oficial Mayor del Gobierno de Tlaxcala. La organización Article 19 exige que autoridades de Tlaxcala se desistan de las actuales denuncias penales, eviten el uso de la ley penal para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y cesen de todo acto de hostigamiento a la prensa.
Martín Ruíz Rodríguez fue detenido por policías ministeriales alrededor de las 9 de la mañana, quienes en una primera instancia lo remitieron a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala y después lo trasladaron al penal de Apizaco. Lo anterior en seguimiento a una orden de aprehensión girada por el Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Sánchez Piedras, en Tlaxcala.
“Evidentemente se trata de una venganza del Gobernador”, dijo desde su cuenta en Twitter Rodolfo Ruiz, hermano de Martín y Director de e-consulta en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.
Article 19 al contactar al equipo del medio tuvo conocimiento de que Rodolfo y su equipo de trabajo sospechan que la detención fue un “madruguete legal”, porque el próximo 6 de mayo Martín tenía programada una “audiencia conciliatoria” por la denuncia de difamación que interpusiera en su contra Ubaldo Velasco, Oficial Mayor del Gobierno de Tlaxcala.
De acuerdo a Rodolfo, “la grave difamación” que provocó la detención de Martín fue haberle dicho “mediocre y viejito a Ubaldo Velasco”. El medio resaltó que el señor Velasco consideró ser agraviado porque en la columna “Señorito Tlaxcalteca” fue llamado “viejito maniatado”, “mediocre” y en otra por pronunciar un “discurso estrambótico”.
Article 19 destaca que las frases consideradas difamantes son parte del discurso considerado protegido por el derecho internacional y que su limitación sólo puede darse al superar la llamada prueba tripartita (estar en ley; ajustarse a fines legítimos del derecho internacional y tener una sanción necesaria y proporcional en un Estado democrático).
Se trata de la quinta denuncia por difamación que los periodistas y directivos de e-consulta enfrentan por parte de funcionarios que integran el gabinete estatal. Además de Martín, su hermano Rodolfo, así como el periodista Gerardo Santillán y el caricaturista Arturo Tecuatl, han sido denunciados penalmente por difamación por otros funcionarios que integran el gabinete más cercano del gobernador Mariano González Zarur.
Article 19 expresa su preocupación por el uso en Tlaxcala del derecho penal contra periodistas. La criminalización del ejercicio de libertad de expresión en Tlaxcala, incrementa el riesgo del ejercicio periodístico en un Estado que hasta enero de 2013 -tras el reporte de al menos 9 periodistas amenazados-, era de los estados con menor cantidad de agresiones a la prensa.
Además de Tlaxcala, existen 12 estados que mantienen los delitos contra el honor (difamación, calumnia y/o injuria) oponiéndose a las recomendaciones internacionales que señalan la necesidad de su eliminación.
Diversos organismos internacionales al igual que Article 19 han evidenciado la necesidad de eliminar los delitos contra el honor y hacer adecuaciones a las leyes civiles que permitan la protección del derecho al honor sin que sirvan para inhibir el ejercicio del derecho de libertad de expresión.
Article 19 exige al Congreso de Tlaxcala la derogación de los delitos contra el honor, así como de toda legislación que resulte contraria a los estándares y compromisos internacionales en materia de libertad de expresión.
Article 19 exige que autoridades de Tlaxcala se desistan de las actuales denuncias penales, eviten el uso de la ley penal para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y cesen de todo acto de hostigamiento a la prensa.
Fuente: Article 19
