La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó dos presentaciones jurídicas, una ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y otra ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Mercedes Marcó del Pont, para denunciar a esta institución ya que bajo el pasado gobierno de Cambiemos inició una “feroz e inédita campaña de persecución” en su contra persona y la de su familia.
En una publicación en su página web, Fernández de Kirchner quien esta noche partirá a Cuba para visitar a su hija Florencia que está bajo tratamiento médico en ese país, sostuvo que desde la llegada de Mauricio Macri al poder (10 de diciembre de 2015) se desarrollaron “verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional, como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la AFIP, la Unidad de Información Financiera(UIF), la Oficina Anticorrupción y otras dependencias.
“Los que todavía no creen en la existencia del Lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos”, comentó.
En sus escritos presentados judicialmente negó haber incurrido en irregularidades fiscales durante 2017, situación por la que se le ejecutó una deuda de tres períodos fiscales y le aplicaron una fuerte multa, irregularidades que se activaron justo cuatro días después de que se convirtió en Senadora Nacional a pesar de que en ese año nunca le fueron notificadas y hubo una orden expresa por parte del organismo para no se le comunicaran.
Actuaron como un “grupo de tareas” en coordinación con sectores de la Justicia para armar una juicio de ejecución física” en contra de su persona y al ‘procedimiento’ clandestino lo iniciaron el 26 de octubre del 2017, cuatro días después de ser electa senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires.
“La magnitud del hostigamiento que vengo sufriendo desde hace años y que excede ya la cuestión exclusivamente política y permite encuadrarla como violencia perpetrada por el Estado contra una mujer que ha ejercido y ejerce actualmente las más altas magistraturas de este país, sometiéndome determinados integrantes del Poder Judicial de la Nación a tratos verdaderamente inhumanos, que violentan el derecho a mi integridad física y moral, el derecho a mi libertad y seguridad personal, el derecho a que se respete mi dignidad y que se proteja a mi familia, mi derecho de igualdad de protección ante la ley y de la ley”, explicó.
Detalló que fue sometida por su eterno perseguidor, el juez Carlos Bonadío, a ocho indagatorias en un mismo día, “durante la mañana del 25 de febrero de 2019, 69 aniversario del nacimiento de mi esposo y padre de mis hijos: Néstor Carlos Kirchner. Tampoco ello fue casualidad. El mismo Juez, el día 14 de julio de 2015 allanó en la ciudad de Río Gallegos las oficinas de Máximo Kirchner, el día en que el hijo de este (su nieto) Néstor Iván cumplía cuatro años. “Aún recuerdo el temor de su madre de que allanaran la casa durante el cumpleaños de la criatura”.
En este caso pidió enviar un oficio al juzgado de Bonadio “a los efectos de obtener la totalidad de la documentación contable de nuestra familia que fuera secuestrada en el marco de las diversas causas armadas por el titular de ese juzgado, advirtiendo que “en los múltiples allanamientos realizados tanto en la oficina de mi hijo, como en la de quien fue nuestro contador, Víctor Manzanares, que por obvias razones contaba con toda la información y documentación, y quien fue privado de su libertad en esa fecha” julio de 2017, al explicar cómo jueces con competencia penal, se tomaron la atribución de intervenir todas las sociedades familiares y la sucesión de su esposo, colocando estos patrimonios en manos de interventores judiciales “que dejaron de pagar impuestos correspondientes a sus administraciones para posibilitar luego que la AFIP pudiera reclamar no solo estos impuestos sino también intereses resarcitorios y punitorios, costos y honorarios para sus abogados”.
Afirma que se le ocultó todo con el objetivo de realizarle un ajuste impositivo y no solo rechazó esas irregularidades sino que advirtió que su ejecución es nula porque nunca fue notificada y agregó que “para incrementar el ahogo financiero, el Poder Ejecutivo también me privó de la pensión que me correspondía en mi carácter de ex Presidenta de la Nación”.
Un hotel boutique
También este día mientras se realizaba una huelga de hambre encabezada por el médico que atiende a la dirigente social Milagro Sala y otros presos políticos del gobierno de Macri, Jorge Rachid, dirigente político y escritor ante el Palacio de Tribunales, quien reclamaba la libertad de todos los detenidos ilegalmente bajo causas falsas, se conoció que el gobierno de Macri otorgó fondos millonarios para instalar un “hotel boutique”, de casi dos millones de dólares, a Alejandro Vandenbroele, empresario arrepentido clave en la persecución judicial contra el ex vicepresidente, Amado Boudou, cuyo testimonio sirvió para acusar y condenar a éste que aún esta ilegalmente en la cárcel.
Varios documentos claves, que fueron ocultados en su momento a los abogados de Boudou, fueron revelados ahora por el portal digital El Destape que evidencian las graves irregularidades y maniobras que se ejecutaban con los llamados arrepentidos por parte del Ministerio de Justicia, a cargo entonces de Germán Garavano, denunciado varias veces por estas situaciones.
En tanto la huelga de hambre comenzada esta mañana por Rachid y otros compañeros, con apoyo de sindicalistas, políticos de diversos sectores fue suspendida esta noche después que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Pablo Baca, quien confesó que Milagro Sala estaba detenida sin causa, sólo por una decisión del gobernador del opositor Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, y que no habían cometido ningún delito, renunció a su cargo y también el Colegio de Abogados de Jujuy envió una carta muy dura al gobernador, mientras sindicalistas, organizaciones sociales y políticas se comprometieron a comenzar mañana un plan de lucha para que la justicia cumpla en liberar de inmediato a todos los acusados por causas falsas y maniobras políticas.
Fuente: La Jornada
