Ante la inatajable inseguridad, habitantes de Creel exigen mediante una carta abierta la intervención urgente del gobernador de Chihuahua y del fiscal general de Justicia
Habitantes de Creel, comunidad perteneciente al municipio de Bocoyna, exigen la presencia del gobernador César Duarte Jáquez y del fiscal Carlos Manuel Salas para que se comprometan a poner fin a la inseguridad que sufre la comunidad.
En una carta enviada a los dos funcionarios y suscrita por unos mil lugareños, los pobladores advierten que todos los días son presas de robo y asaltos. Es común que grupos ligados al narcotráfico instalen retenes.
“Que cumplan con su deber de cuidar el estado, de proteger a sus habitantes, de generar espacios de paz y tranquilidad que nos permitan circular libre y tranquilamente a cualquier hora del día y de la noche, que cumpla lo que prometió el día de su toma de posesión, Sr. gobernador (si ya lo olvidó se lo recordamos: que en un año el estado recuperaría la seguridad, entre otras promesas que hizo…), que se hable con la verdad y se actúe con honestidad. La verdad y la justicia siguen desaparecidas de nuestra sierra, de nuestros pueblos, de nuestro estado”, protestan en la misiva.
El 16 de agosto se cumplirá el quinto aniversario de la masacre ocurrida en la población de Creel, donde fueron asesinadas once personas. Hasta el momento, el gobierno no ha impartido justicia a los deudos.
Reprochan que las autoridades sólo visiten la región serrana para inaugurar obras o presumir proyectos: “Queremos escucharlos y que nos escuchen, que no únicamente nos lean”.
“¿Les parecería bien a ustedes que una semana es un tiempo prudencial para esperar la respuesta sobre su visita a nuestra comunidad de Creel? Nosotros creemos que sí”, proponen y nombran como contactos a Salvador Bustillos, presidente seccional de Creel, y al sacerdote Javier, “Pato”, Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos.
Y como ejemplo informan: “Al terminar de redactar esta carta nos informan que un grupo de personas encapuchadas y con armas de alto poder han estado asaltando esta mañana varios vehículos en el mismo sitio y con las mismas características de los robos anteriores, amenazando con armas blancas a bebés para despojar de sus bienes a las personas, y en días pasados unos maestros fueron asaltados en la carretera que va hacia El Divisadero, en el lugar conocido como El Cajón”.
Cuestionan: “¿Cuándo van a detener esto, señores?, ¿por qué tanta incapacidad para brindar seguridad a la población?”.
Confirman que los delincuentes se mueven con una impunidad absoluta, parecen dueños de vidas y territorios.
“Enviamos esta carta con temor y mucha preocupación… porque ese es el ambiente que nos ha quedado en el país, en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestros pueblos todos: temor y preocupación luego de los repetidos acontecimientos que se han venido dando”, explican en la carta.
Expresan que habitantes del municipio de Bocoyna y otras partes de la sierra sufren temor de hablar y hasta de escribir.
“Han tenido como única respuesta otra muerte, otro secuestro, otro asalto en venganza a la búsqueda y urgencia de justicia que la sociedad sigue teniendo a flor de piel. Se desalienta la denuncia y se genera cada vez más desconfianza hacia las instituciones. Pareciera que en México nuestros derechos se han convertido en favores”, reclaman en la carta.
Recuerdan que recientemente en el poblado de San Juanito hubo un enfrentamiento entre elementos de la policía y personas armadas. El resultado fue la muerte de cinco personas: “Y el día de hoy (lunes pasado) hubo otro enfrentamiento en el mismo poblado entre elementos de la Policía Única y gente armada”.
“Para quienes desconocen la realidad, las estadísticas son definitivas y absolutas; para quienes vivimos la realidad, las estadísticas son simples indicadores pero no verdades absolutas. Y en nuestro municipio seguimos padeciendo la inseguridad porque no se ven resultados claros frente al clima de delincuencia e inseguridad constante que vivimos hace más de cinco años”.
“Si no se controla la violencia, de poco van a servir las millonarias inversiones en desarrollo que anuncia la federación y que se han buscado para atraer capitales y turismo. ¡Justicia, seguridad, verdad, honestidad, efectividad es lo que pedimos! De poco van a servir todas las invitaciones para que el turismo visite nuestras barrancas, si no termina el disimulo y la tolerancia del delito por parte de quienes son responsables de la justicia teniendo como efecto la impunidad”, indican.
Y continúan: “Pareciera que los ciudadanos somos totalmente prescindibles, incluso parece que somos obstáculo para que esos desarrollos se lleven a cabo según las expectativas de los grupos y gobiernos interesados en ellos, y vivimos un escenario por demás complejo, contradictorio, diverso, confuso, que pone como nunca en grave riesgo la vida”.
Detallan que viven con incertidumbre por las constantes noticias de violencia, de esperar que sus familiares lleguen vivos a sus destinos. “No se puede callar, no se pueden cerrar los ojos, no se puede voltear la cabeza y fingir no ver. Vivimos entre el horror y la desesperanza, sin que nadie del estado pueda parar tanta ignominia, tanta ola criminal, tanta muerte violenta, mientras se grita a los cuatro vientos que ha bajado la ola del delito”.
“El pueblo rarámuri sigue agredido y lastimado y no son las cruzadas ni las despensas las que les regresarán lo robado: la verdad, la justicia, la seguridad, sus derechos. Pequeñas en edad escolar son agredidas y violadas sin ninguna esperanza de justicia y atención”.
Fuente: Apro
