La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó 41 agresiones en contra de 25 activistas y mujeres periodistas, así como seis ataques a sus organizaciones registrados de enero a marzo de este año.
A través de un comunicado de prensa, el organismo civil afirmó que desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera se registró un incremento en la criminalización de la protesta en la Ciudad de México.
En 2013, la Red ubicó al DF en el lugar número tres de agresiones contra activistas y periodistas. Informó que la mayoría de éstas fueron perpetradas durante manifestaciones públicas, por lo que la organización aseguró que el panorama podría agudizarse en especial si se aprueba una ley que regule las protestas callejeras.
Detectó que en menos de cuatro meses se registraron la detención arbitraria de dos activistas y la sentencia contra una defensora, así como ocho amenazas de muerte.
Por ello, las 135 defensoras y mujeres periodistas de 83 organizaciones no gubernamentales de 19 entidades del país que conforman el colectivo, exigieron “a las autoridades federales y estatales el cese de todas las formas de agresión hacia quienes defendemos los derechos humanos y el cese a la criminalización de activistas, defensoras y periodistas”.
En el documento dado a conocer este lunes, se expuso el caso de Gabriela Hernández, sentenciada a un año y tres meses de prisión tras ser detenida el 29 de octubre de 2013, acusada del delito de “ultrajes a la autoridad”.
La acusación contra la activista está basada en dichos de los policías, quienes afirman que ella los golpeó y llamó “puercos asalariados”, cuando se encontraba en el búnker de la PGJDF, donde estaban detenidos decenas de jóvenes la noche del 2 de octubre de 2013.
Aunque el señalamiento no fue comprobado, sirvió para encuadrar el tipo penal de “ultrajes a la autoridad”, denunció la Red.
Otro caso que documentó la organización, es el de Enedina Rosas Vélez, comisariada de la comunidad de San Felipe Xonacayucan, en Atlixco, Puebla, quien fue detenida de forma arbitraria por participar en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos.
La activista se manifestó contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), un plan energético para instalar un gasoducto en las inmediaciones del volcán Popocatépetl y abastecer dos termoeléctricas que se construyen en Huexca, municipio de Yecapixtla, en esa entidad.
En su informe, la Red resalta también el caso de la activista Rosina González, integrante de la organización Internacional Greepeace, que fue acusada de daños y allanamiento de morada por Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de escalar en Veracruz un edificio de la paraestatal para colgar una manta y manifestar su inconformidad con la promulgación de la Reforma Energética.
Pemex acusa a Rosina de daños provocados durante su protesta el pasado 1 de marzo, al romper una lámpara valuada en más de 78 mil pesos, por lo que podría recibir de cuatro a 10 años de prisión y multa de 180 y hasta 500 veces el salario mínimo.
La Red denunció además el caso de la comandante de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, quien este día cumple ocho meses en una prisión de máxima seguridad, luego de ser detenida arbitrariamente.
Dijo que a pesar de que recientemente se le dictó libertad por el cargo de delincuencia organizada, se dejaron subsistentes otros cargos.
Otros casos de amenazas y agresiones que enlista la Red son, los de las defensoras María del Carmen Ruiz y Sara Bartolo López, de la Asamblea Popular de Pueblo Juchiteco (APPJ), así como el de la estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Rosa Hernández.
Asimismo, el de la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF) Balbina Flores, y los recientes actos de intimidación denunciados por la analista política, Denise Dresser. La RNDDHM expuso que las periodistas y defensoras del derecho a la información y la libertad de expresión, también viven en condiciones de riesgo e inseguridad.
En los primeros meses del año este organismo civil ha registrado actos de intimidación, calumnia, amenazas, criminalización y judicialización contra mujeres periodistas.
Fuente: Sin Embargo
