Sin que existan los lineamientos claros para su actuación, ha iniciado funciones la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo descentralizado que sustituye a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima).
Por Anaiz Zamora Márquez
A un año de que fuera promulgada por decreto presidencial la Ley General de Víctimas (LGV), Províctima pasó a ser una Comisión sin facultades para emitir recomendaciones a dependencias federales, y cuya principal función será impulsar la creación de políticas públicas destinadas a las víctimas.
En las instalaciones de la ya extinta Procuraduría Social, las y los comisionados –que tomaron protesta el pasado 10 de octubre de 2013– explicaron que ya iniciaron sus labores pese a la inexistencia del Reglamento de la Ley General de Víctimas; del Programa de Atención Integral de Víctimas; del Plan Anual Integral de Atención a Víctimas, y del manual de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, pues “las víctimas no pueden esperar”.
Preside la CEAV, María Olga Noriega Sáenz, ex representante del Instituto Nacional de Ciencias Penales ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), quien sostuvo que la transformación es un avance para las y los mexicanos.
Argumentó que esta instancia vigilará que las personas víctimas reciban la adecuada atención por parte de las dependencias correspondientes, y aseguró que en breve quedarán listos los lineamientos, reglamentos y estatutos correspondientes que permitan conocer de manera clara cómo actuará la CEAV.
Al expedirse la LGV se creó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, definido en el artículo 79 de la legislación como la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas que tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las acciones que se implementen para “la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral”.
El Sistema está conformado por representantes de los tres poderes de gobierno, incluido el Ejecutivo federal y los siete integrantes de la CEAV.
En ese sentido, la CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y su función radica en impulsar la elaboración de políticas públicas en la materia, así como coadyuvar en labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones que integran el Sistema.
Para el primer año de operaciones se tienen destinados 470 millones de pesos (mdp), que aún deben ser adecuados por la Secretaría de Hacienda para volverlos operables.
Además para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con los que se harán las compensaciones a las víctimas de delitos, se tienen contemplados más de 450 mdp, aunque para hacer uso de ellos hay que esperar a que se publique el manual de operación del Fondo, así como el fideicomiso para su liberación.
La nueva Comisión atraerá los casos que hasta la fecha llevara Províctima y brindará atención a través de comités especializados (que aún no han sido creados). De acuerdo con cifras oficiales, hasta octubre de 2013 habían sido atendidas un total de 23 mil víctimas.
La CEAV será la encargada de determinar la procedencia o no de las solicitudes de ingreso al Registro Nacional de Víctimas, es decir, definir el ingreso y registro de las víctimas del delito al padrón nacional que a decir de las y los comisionados “será creado en breve”.
Al ser cuestionados, las y los integrantes aseguraron, sin explicar cómo, que la Comisión será autónoma y señalará a las y los funcionarios sus faltas, aunque reconocieron que no están facultados para hacer recomendaciones directas.
Cabe recordar que la insistente demanda de la sociedad civil y de las y los sobrevivientes de la estrategia contra el crimen llevó a que en septiembre de 2011, el entonces presidente Felipe Calderón expidiera el decreto de creación de Províctima.
El decreto estableció que la Procuraduría Social tenía como fines: asesorar, proteger y defender los derechos de las víctimas; asegurar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado debería proporcionar a las víctimas u ofendidos del delito, y diseñar, instrumentar y fortalecer los mecanismos de apoyo a estas personas.
Províctima tenía como funciones proporcionar por sí mismo o en coordinación con las instituciones especializadas: asistencia médica, asistencia psicológica especializada, orientación o asesoría jurídica, y apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.
Además de Noriega Sáenz, la CEAV está integrada por Adrián Franco Zevada, asesor del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Asociaciones Religiosas en la Secretaría de Gobernación; Julio Antonio Hernández Barrios, profesor en Derecho Penal de la Universidad Iberoamericana; Susana Pedroza de la Llave, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y Sergio Jaime Rochin del Rincón, ex investigador en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados.
Así como Rosario Torres Mata, presidenta de la Asociación Christian Fe y Esperanza para Víctimas del Delito, y Carlos Ríos Espinosa, maestro en Sistemas Penales Comparados por la Universidad de Barcelona
Fuente: CIMAC Noticias
