La Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció que investigará al expresidente y actual senador Álvaro Uribe por su presunta participación en un escándalo de escuchas ilegales por parte de militares a periodistas, sindicalistas, activistas y políticos.
La justicia abrió una “indagación previa” a Uribe a partir de una denuncia en su contra “como posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”, indicó el alto tribunal en Twitter.
Con base en denuncia , #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ abre indagación previa contra el senador @AlvaroUribeVel, como posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019.
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) June 2, 2020
Este escándalo se desató luego de las revelaciones que hiciera la revista Semana en enero y mayo pasado, en sus textos ‘Chuzadas sin cuartel‘ y ‘Las carpetas secretas‘, en las que señala que entre febrero y diciembre de 2019 se espió las comunicaciones de 130 personas, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, el entonces secretario general de la Presidencia, un asesor del Alto Comisionado para la Paz y a personas de confianza del presidente Iván Duque por parte de la inteligencia militar.
Uno de los militares involucrados en el escándalo dijo al medio periodístico que recibió la orden de entregar la información recolectada sobre una magistrada a “un reconocido político del Centro Democrático”, el partido en el poder que lidera el exmandatario Uribe (2002-10).
En caso de encontrar pruebas, la corte puede iniciar un proceso penal contra el ahora senador.
Las actividades de espionaje, sin un fin identificado, se habrían realizado entre febrero y diciembre de 2019, según el medio, que apoyó su investigación en testimonios de fuentes militares bajo reserva.
Entre las personas que eran blanco de trabajos de inteligencia figuran el corresponsal del diario estadounidense The New York Times, Nicholas Casey, quien en mayo de 2019 publicó un informe que alertaba sobre el riesgo de ejecuciones de civiles a manos de militares; y el director ejecutivo de la división de Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Según Semana, los batallones de ciberinteligencia recibían financiación de una agencia de inteligencia estadounidense, pero los uniformados usaban los recursos para actividades irregulares o se los robaban.
El gobierno de Iván Duque retiró de su cargo a una docena de oficiales, incluido un general, por escuchas ilegales a periodistas, políticos y jueces.
Los uniformados fueron dados de baja por el “empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar”, tras otra publicación de Semana a comienzos de este año que sacó a luz la interceptación de teléfonos y correos electrónicos de personalidades, sin orden judicial y con aparentes fines políticos.
Los escándalos de interceptaciones ilegales que involucran a autoridades de Colombia no son nuevos. El disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que dependía de la presidencia, se vio envuelto bajo el gobierno de Uribe en un escándalo por escuchas irregulares a magistrados de la Corte Suprema, opositores y periodistas.
Fuente: Infobae/ RT/ Semana
