Jueces de apelación de la Corte Penal Internacional dieron luz verde este jueves a la fiscalía para que abra una investigación sobre el Talibán, las fuerzas afganas y el Ejército y personal de inteligencia estadounidense por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
La corte respaldó una apelación de la fiscalía contra la decisión que tomó el año pasado una sala menor previa al juicio, que rechazó la petición de la fiscal Fatou Bensouda de abrir una pesquisa en Afganistán.
Los jueces de la sala menor admitieron que se han cometido crímenes generalizados en Afganistán, pero rechazaron la investigación indicando que no iría en interés de la justicia porque la previsible falta de cooperación haría improbable que hubiera condenas.
Esa decisión fue criticada por grupos de derechos humanos, que afirmaron que ignoraba el deseo de las víctimas de que se hiciera justicia en Afganistán, y en la práctica recompensaba a los estados que rechazaran cooperar con el tribunal con sede en La Haya.
Aunque ahora se ha autorizado una pesquisa, está por ver que cualquier sospechoso señalado por la fiscalía llegue a comparecer ante la corte en La Haya. Tanto Afganistán como Estados Unidos se han opuesto de forma rotunda a la investigación, y el gobierno estadounidense rechaza cooperar con la corte internacional.
En una vista en diciembre, la fiscalía alegó que los jueces de la sala previa se habían extralimitado en abril del año pasado cuando rechazaron autorizar la investigación. Los jueces de apelación estuvieron de acuerdo.
“La Cámara de Apelaciones considera apropiado enmendar la decisión apelada a efecto de que la fiscal está autorizada a iniciar una investigación sobre supuestos crímenes cometidos en el territorio de Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, así como otros supuestos crímenes que tengan conexión con el conflicto armado en Afganistán”, indicó el juez que presidía el tribunal, Piotr Hofmanski.
Tras más de una década de investigación preliminar en Afganistán, Bensouda pidió autorización para hacer una pesquisa en profundidad en noviembre de 2017. Dijo que había información sobre que miembros del Ejército y agencias de inteligencia estadounidenses “cometieron actos de tortura, trato cruel, ultrajes a la dignidad personal, violación y violencia sexual contra detenidos en relación con el conflicto en Afganistán y otros lugares, especialmente en el periodo entre 2003-2004”.
También señaló que el Talibán y otros grupos insurgentes han matado a más de 17 mil civiles afganos desde 2009, incluidas 7 mil ejecuciones selectivas, y que las fuerzas de seguridad afganas eran sospechosas de torturar a detenidos en centros de detención del gobierno.
La decisión del jueves se tomaba tras la firma de un ambicioso plan de paz entre Estados Unidos y el Talibán.
En una vista en diciembre, el gobierno afgano dijo oponerse a la investigación y señaló que había formado una división especial para investigar crímenes de guerra. La CPI es una corte de último recurso que solo asume casos si la justicia nacional no puede o no quiere procesar los casos.
Estados Unidos no envió una delegación oficial a la vista de apelaciones de diciembre, pero el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jay Sekulow, compareció en representación de la rama europea del Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia, y dijo a los jueces que Washington no cambiaría de parecer.
“No va en interés de la justicia desperdiciar los recursos de la corte ignorando la realidad del principio de no cooperación”, dijo a los jueces de apelación.
Fuente: AP
