La Corte Interamericana declaró responsabilidad del Estado mexicano por graves violaciones a Derechos Humanos contra 11 mujeres en Atenco en 2006.
El máximo órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos encontró que las mujeres fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia.
“El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”, sentenció la Corte.
“El uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos”.
El operativo, en el que participaron policías estatales y federales, se realizó el 3 y 4 de mayo de 2006, cuando la entidad era gobernada por Enrique Peña Nieto.
