La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza este lunes las modificaciones legales que permitirían a la Procuraduría General de la República (PGR) solicitar a los operadores telefónicos localizar un aparato ligado a un crimen grave sin la intervención de un juez.
Al menos cuatro de los 11 ministros de la SCJN ya han perfilado que votarán a favor de avalar estas modificaciones, pues consideran que si bien existe una posibilidad de vulnerar el derecho a la privacidad de las personas, los cambios resultan una molestia menor frente a la necesidad de la PGR y el Ministerio Público de contar con mejores herramientas para atacar delitos como el secuestro o tráfico de drogas.
El máximo tribunal discutirá este lunes el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las reformas a los artículos 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, 16, fracción I, apartado d); y 40 Bis de la ley Federal de Telecomunicaciones.
Sin embargo analistas consideran que la posible validación de la llamada “Ley de Geologalización” derivaría en abusos a la privacidad de personas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Los ministros están justificando que se requieren de estas medidas por el ámbito de inseguridad que se vive en el país, pero el debate no es sobre si se debe permitir la geolocalización o no, sino (la inexistencia de) los controles que se deben tener para evitar abusos, y eso no lo están debatiendo en la Corte”, opinó Luis Fernando García, abogado experto en temas de derechos humanos.
Entre enero y octubre de 2013, los gobiernos estatales reportaron 1,425 denuncias por secuestro, 347 más que en el mismo periodo de 2012,cuando hubo 1,078, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Fernando García anticipó que la falta de controles podría permitir a los ministerios públicos rastrear personas por largos periodos, identificar los lugares que frecuenta, y al final recabar esa información y cerrar la investigación sin llegar a un juez.
La reforma contempla la posibilidad de que un ministerio público solicite, a través de una notificación por escrito o electrónica a un operador como Telcel o Movistar, la ubicación de un aparato celular sin necesidad de obtener el permiso de un juez.
Sin embargo, una vez localizado el equipo, el ministerio público requeriría de la orden de un juez para intervenir las llamadas, pedir un cateo al domicilio donde se encuentra o arrestar a la persona que lo porta.
“Para la Procuraduría será una herramienta importante en caso del secuestro de una persona, donde se requiere de inmediatez. Me parece que este tipo de casos son los que han motivado a los ministros a avalar estos cambios”, explicó Clara Luz Álvarez, abogada experta en temas de telecomunicaciones y ex comisionada de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
La experta coincide en que las modificaciones legales dejan sin controles claros de supervisión sobre cómo se usará la geolocalización, lo que podría significar un riesgo para la protección del derecho a la privacidad de las personas.
México cuenta con una penetración de celulares cercana al 86% de la población, con más de 103 millones de teléfonos móviles, en un mercado dominado por Telcel, con cerca del 68% de los clientes, seguido por Telefónica con 19%, Iusacell con 7% y Nextel con 4%.
Fuente: CNN
