Por su presunta participación en actos de corrupción, 11 servidores públicos fueron separados de sus cargos en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo que fue posible descubrir por los trabajos de inteligencia que se realizan en colaboración con la Secretaría de Marina.
Los ex empleados tenían la responsabilidad de analizar riesgos sanitarios en el proceso de elaboración de normas oficiales mexicanas relativas a sustancias y productos relevantes como plaguicidas.
Estas destituciones se suman a otras 36 de altos mandos que interferían en los trámites técnicos y administrativos, así como para la obtención de registros sanitarios, en beneficio de algunas empresas que les pagaban por sus servicios.
El titular de la Cofepris, Alejandro Svarch, comentó a La Jornada (15/11/22) que la corrupción en este organismo “no era una caja chica. Era una caja grande” que se pudo identificar y desmantelar con el apoyo de la Marina.
Ayer, la Cofepris recordó que desde el 3 de agosto de 2022 funciona el Centro de Inteligencia, el cual se encuentra en las instalaciones de la comisión.
Esta vez se identificaron diversas irregularidades, como que los 11 ex trabajadores filtraban información a una ex funcionaria de la Cofepris, quien ahora trabaja en una empresa gestora de trámites sanitarios.
También se encontró evidencia de destrucción de información (discos duros), filtración de proyectos de modificación a normas e intercambio de correos electrónicos en los que se reportaba de manera periódica a la ex funcionaria de alto nivel, cuyo nombre no se reveló. Le informaban sobre acciones operativas y datos relacionados con las autorizaciones emitidas por la Cofepris. Además se presentaron las denuncias correspondientes ante el órgano interno de control, por presuntas responsabilidades administrativas.
La Cofepris resaltó que el Centro de Inteligencia tiene entre sus objetivos desmantelar los mecanismos de corrupción “que permearon durante más de 20 años”, así como consolidar el orden operativo en la institución.
Señaló que también se investigan “antiguas prácticas en que predominaban intereses particulares, mal manejo administrativo, discrecionalidad en procesos y la operación de gestores o coyotes”, que influían en el ingreso, asignación y evaluación de trámites.
Fuente: La Jornada
