El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que gire instrucciones al consejero jurídico de la Presidencia que presente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el desistimiento de la controversia constitucional presentada por el expresidente Enrique Peña Nieto, con la que pretende extender de manera permanente su fuero y el de sus exfuncionarios federales.
El consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, informó que la solicitud fue entregada este martes 16 de enero en Oficialía de Partes, para que se desista de la controversia constitucional 183/2018 presentada el 9 de octubre de 2018.
La controversia que presentó Peña Nieto es contra la causa penal 24/2018, en la que se acusa al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por el presunto desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua –obtenidos a través de partidas federales– a campañas políticas del PRI.
El recurso fue presentado ante la SCJN por el exconsejero jurídico del gobierno federal, Misha Leonel Granados Fernández, y el propósito es que se declare la inconstitucionalidad y se invalide la competencia de las fiscalías o procuradurías estatales para investigar y sancionar a funcionarios públicos federales en el fuero común, que autoriza el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Según la solicitud enviada por Corral, buscan que avance la investigación en el caso de Alejandro Gutiérrez, que involucra además a los imputados detenidos Antonio Enrique Tarín García, quien fue director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de César Duarte Jáquez; a Gerardo Villegas Madriles, exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, también de la administración duartista, y podría alcanzar a otros ex funcionarios federales.
Javier Corral criticó la acción de Peña Nieto cuando fue presentada la controversia constitucional para blindarse, en lugar de investigar ese y otros casos que enfrenta César Duarte Jáquez, a quien protegió para no ser extraditado y para que enfrente las 20 órdenes de aprehensión que tiene en Chihuahua.
Las acciones que Corral cuestionó de la PGR son las siguientes:
- No solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la totalidad de la información bancaria que permitiera seguir la ruta del dinero desviado, objetivo principal de una investigación del delito de corrupción.
- No solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de PGR –que conjunta expertos forenses de alta y solvente preparación y capacitación– un análisis detallado y minucioso de la ruta del dinero desviado conforme a la información que ya había sido recabada por la Fiscalía de Chihuahua. No consideró que parte de ese dinero desviado había entrado formal y materialmente a las cuentas bancarias de Alejandro Gutiérrez; pruebas que son preponderantes en un delito de corrupción.
- No ordenaron el embargo precautorio de bienes para garantizar la reparación del daño.
- No solicitó información al SAT para conocer la situación financiera y contable de las empresas utilizadas para desviar el recurso, incluido de Jetcom, propiedad de Alejandro Gutiérrez.
- No solicitaron aj Juez de Distrito autorización para investigar los correos electrónicos y demás medios de comunicación de los implicados en el desvío del recurso, incluido Alejandro Gutiérrez.
- No identificaron, ni declararon, a las personas del CEN del PRI, que se reunieron con los implicados para buscar “encubrir el desvío”.
- No entrevistaron a los socios ni a los contadores de Alejandro Gutiérrez, para conocer la operación de la empresa Jetcom utilizada para desviar dinero público.
- No le reconocieron el carácter de víctima al estado de Chihuahua, a pesar de múltiples peticiones en ese sentido, para coadyuvar con las investigaciones, contrario a lo que señalan.
- No persiguió ni ejercitó acción penal en contra de los apoderados legales de las empresas Sisas, Sinax, Samex y Futura, utilizadas para extraer el recurso de las arcas del Estado mediante contrataciones simuladas. Dichas empresas (fueron) declaradas formalmente “fantasmas” por el SAT, mediante publicaciones en el Periódico Oficial de la Federación. Al contrario, infantilmente, y en contra de toda lógica de una investigación seria, envió a la Policía Federal a entrevistar a dichos representantes para registrar de cada uno de ellos en entrevista, la manifestación de que sí habían prestado un servicio efectivo al estado de Chihuahua para justificar la salida de más de 200 millones de pesos, cuando toda la prueba señalaba lo contrario, pero además cuando el propio SAT las declaró fantasmas, y por tanto imposible que prestaran servicio alguno.
- No persiguió ni ejerció acción penal en contra del hijo de Alejandro Gutiérrez, quien fungía como representante legal de la empresa propiedad de este último, Jetcom, y quien habría firmado la contratación simulada que permitió la salida de cuatro millones de pesos del erario de Chihuahua para su desvío. Además de ser señalado por testigos también como operador de dicho desvío.
- Y sobre todo, nunca citaron a declarar a Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Isaac Gamboa, Marcela Andrade, al mismo presidente Peña Nieto, entre otros personajes, funcionarios partidistas y de la secretaría federal, mencionados en las investigaciones como poseedores de información de los hechos y conocedores de datos relevantes de los mismos. En lugar de ello, entrevistaron a los apoderados de las empresas declaradas “fantasmas” para que aclararan que sí prestaron el servicio que justificó la salida del dinero.
Aseveró que la PGR actuó como guardaespaldas del presidente de la República la administración pasada, porque en ningún momento se preocupó por investigar el asunto de Alejandro Gutiérrez, ni siquiera por generar un acto de investigación a iniciativa propia que abonara o robusteciera a la acusación, a pesar de toda la logística e infraestructura que posee, como sí lo hizo en otros casos de su interés.
Calificó como increíble que el gobierno federal señale que los testimonios presentaban inconsistencias, cuando fueron valorados positivamente en múltiples sentencias de juicios de amparo por jueces de distrito, dentro de sus sentencias emitidas en relación con el caso, incluso estas mismas consultables por todos los medios de comunicación en sus detalles y contenido. (juicios de amparo: 677/2017, 685/2017, 1015/2017, 954/2017, 67/2017).
Le correspondía a la PGR responsabilizarse del caso de Alejandro Gutiérrez, “pero sucedió al contrario, violó su obligación de perseguir el delito, de proteger a la víctima, de garantizarle la reparación del daño, y de evitar que los responsables del delito queden impunes”.
Fuente: Apro
