Por Víctor M. Quintana S.*
Poseídos por un súbito furor de participación ciudadana, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado convocan a los “Foros de consulta sobre la implementación del Sistema Oral en los Juicios Civiles y Familiares en el Estado de Chihuahua” a celebrarse el 14 de junio en Juárez, el 21 en Chihuahua, el 28 en Parral: en 12 de julio en Cuauhtémoc y el 19 en Delicias. La convocatoria está fechada apenas al 9 de junio.
En estos foros se van a discutir nada menos que las iniciativas del Código Familiar y el Código de Procedimientos Civiles y Familiares. La importancia de este asunto es enorme: debe responder a problemas tales como, las mujeres y niñas en situación de violencia; la desaparición de cientos de personas, la preservación del patrimonio familiar básico, es decir, la vivienda, teniendo en cuenta que tan sólo en la ciudad de Chihuahua diez mil personas podrían ser desalojadas de la misma si se implementan los juicios fast track para quienes han dejado de pagar sus créditos hipotecarios, la mayoría debido a que perdieron su empleo.
Por eso precisamente es necesaria una convocatoria amplia a la ciudadanía, incluyente, con tiempo suficiente para que se den a conocer las iniciativas de ley. Sin embargo, ninguna de ellas se conoce todavía, no se ha puesto al alcance de los organismos de la sociedad civil que pueden aportar a dichas iniciativas ni mucho menos se ha divulgado al grueso de la ciudadanía. No es posible que las y los ciudadanos puedan participar adecuadamente si los foros se convocan al cuarto para las doce, con muy pocos días de anticipación, sin poner a disposición de los interesados los documentos básicos de esta importante reforma.
La participación ciudadana les ha importado un bledo al Legislativo y al Ejecutivo actuales. Juntos decidieron sumergir a Chihuahua en un endeudamiento público sin precedentes y han ignorado su opinión en muchos otros asuntos de trascendencia. La actual Legislatura, a pesar de haber incluido en su agenda la Ley de Participación Ciudadana la ha ido postergando. Lo peor es que, ha despreciado el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, elaborado por varias organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez y de Chihuahua, presentada al Congreso del Estado en noviembre de 2012, con el respaldo de 22 mil firmas de otros tantos ciudadanos. La metieron a la congeladora y no dicen siquiera cuándo se va a dictaminar.
Por otro lado, ¿cuál es el Congreso que va a examinar y a discutir en tan poco tiempo todo este nuevo y complejo sistema de juicios orales en lo civil y en lo familiar? Un Congreso plagado de suplentes, pues para una tercera parte de los diputados de la actual legislatura fue más importante el próximo puesto que ocuparán que la labor para la que fueron electos: legislar. Once diputados y diputadas pidieron licencia de su cargo para irse de candidatos en las elecciones del 7 de julio o para ocupar los puestos de funcionarios que a su vez también andan en una candidatura. De los 22 restantes, una buena parte están metidos hasta el cuello en las campañas de sus partidos y aunque no piden licencia de sus labores, emplean el tiempo que se les paga con los impuestos de todos para trabajar en beneficio de pocos.
No podemos aceptar que un Congreso remendado, parchado, improvisado vote una reforma de este calado. No es la ciudadanía la que debe acomodarse a los tiempos políticos, sino los políticos quienes deben adaptarse a los tiempos y las formas de aquellos a quienes se deben.
Si no se da marcha atrás en el calendario de foros, si no se acuerda con las organizaciones ciudadanas todo el proceso para conocer las iniciativas, para analizarlas, criticarlas, sugerir modificaciones en las mismas, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial nos estarán brindando una patética variante chihuahuense del gatopardismo: consultar para salirse con la suya.
* Víctor M. Quintana S. Coordinador de Morena en el estado de Chihuahua
