El Consejo Constitucional francés decidió validar la mayor parte de la reforma del sistema público de pensiones impulsado por el presidente Emmanuel Macron, que abrió desde enero pasado el debate con la presentación de un proyecto que pretende retrasar dos años la edad de jubilación, de 62 a 64, aumentar un año el de las cotizaciones para poder acceder a una pensión, de 42 a 43, y finalmente suprimir numerosos derechos laborales adquiridos por una serie de colectivos del sector público.
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¡¡Estallan manifestaciones, miles de trabajadores se movilizan hacia el Tribunal Constitucional de Francia que traicionó al pueblo y apoyó a Macron en su ultraje a la democracia… los obreros toman las calle!! 🇨🇵 pic.twitter.com/Z9h1phFty8
— DAViD.cu (@David_qva) April 14, 2023
Esta reforma ha provocado una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años en Francia, con hasta doce huelgas generales y protestas nacionales en tan sólo cuatro meses, y con la advertencia por parte de los sindicatos de que no pararán hasta no sepultar la iniciativa.
El Consejo Constitucional es una especia de alto tribunal en el que se dirimen las controversias constitucionales en Francia, al ser que el tiene la última palabra sobre alguna medida, ley o recurso. Está formada por nueve “sabios” (como así se les denomina), entre los que se encuentran los ex políticos Alain Juppé, Laurent Fabius y otros políticos, juristas y expertos, como Jacques Mézard, Jacqueline Gourault, François Pillet, François Seners, Véronique Malbec, Michel Pinault y Corinne Luquiens, que a su vez pertenecen a distintas corrientes ideológicos, aunque la mayoría -cinco- pertenecen al entorno conservador o afín al del presidente Macron.
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⚠️Fue aprobada la reforma de pensiones de #Macron ,los sindicatos,todos,convocan a protestas masivas en toda #Francia,piden echar atrás la reforma y la dimisión del presidente! pic.twitter.com/YitX9oSEib
— GEOPOLITIC/CARLOS AGUIAR. (@Geopolitic_2024) April 14, 2023
La decisión la adoptaron en medio de fuertes medidas de seguridad, con la sede del Consejo cerrada a cal y canto por parte de los agentes franceses y con la prohibición expresa por parte del ministerio del Interior de que se realizara cualquier tipo de manifestación o protesta en las inmediaciones.
El recurso al que respondió el órgano constitucional responde a la petición de un grupo de diputados y senadores franceses que cuestionaron las formas y el fondo de la reforma impulsada por Macron, que se valió del artículo 49,3 de la Constitución para sacar adelante la reforma por la vía del decreto y sin que se votara en la Asamblea Nacional, donde no tenía todavía los apoyos suficientes.
Fuente: La Jornada
