Congreso y uniones gay

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Por Luis Javier Valero

La inminente reforma al Código Civil y al de Procedimientos Civiles ha develado una nueva faceta de la mayoría de los legisladores locales: Su ignorancia, en el mejor de los casos, o la frustrada (a veces no) intención de eludir o violar la legalidad vigente, anteponiendo sus convicciones religiosas por encima de las regulaciones que rigen a la sociedad chihuahuense.

Ante la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró como una violación a los derechos humanos establecer en los códigos civiles que el matrimonio “es la unión civil de un hombre y una mujer”, porque es un acto discriminatorio y determinar que ese texto tan sólo debería decir que la unión matrimonial “es la unión civil de dos personas”, se ha desatado una oleada regresiva, tanto en algunos círculos de la sociedad –sobre todo los más ligados a las estructuras de las distintas iglesias, particularmente la católica– como en la mayoría de los legisladores, sobre todo los de Acción Nacional, pero muchos priistas no se quedan atrás en tal postura.

Más aún, los defensores jurídicos de los chihuahuenses que han exigido se legisle a favor de los matrimonios homosexuales también pugnarán por la derogación del artículo 135 del actual Código Civil, el cual establece que la celebración del matrimonio “es sólo con fines de procreación”.

En tanto, varias parejas de chihuahuenses –entre ellas, muy recientemente, una de mujeres– han ganado los amparos correspondientes que han obligado a las autoridades estatales a declararlos unidos en matrimonio y se aprestan, además, otras 100 personas a realizar la misma maniobra jurídica: Ampararse contra la negativa de las autoridades del Registro Civil de Chihuahua, de registrar sus respectivos matrimonios y, de manera segura, obtener el amparo de la justicia federal y que ésta le ordene a la estatal, en un segundo paso, registrarlos como una unión conyugal con todos sus derechos y obligaciones. La solicitud del amparo la presentarán el 27 de junio próximo.

No son los únicos, antes de éstos “la organización Movimiento de la Integración de la Diversidad (Movid) ha promovido 22 amparos de pareja y las asociaciones Derechos Humanos Integrales en Acción (Dhiac) y Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS) han promovido 11 más”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 18/VI/14).

Es decir, es una realidad la existencia de parejas homosexuales en Chihuahua, lo que echa por tierra cualquier argumento en el sentido de que “no es el momento para discutirlo”, “no es una demanda social” o que “hay otras exigencias mayores”.

Además, por si faltaran argumentos, la parte de esta realidad es que, de acuerdo con el estado de derecho vigente, todos los ciudadanos y los entes públicos estamos obligados a acatar los mandamientos legales provenientes de las instancias gubernamentales existentes y uno de ellos es que no debe haber discriminación por motivos de preferencias sexuales como es el caso hoy abordado.

Puede haber, y son totalmente respetables, las creencias religiosas de nuestros gobernantes –la ley les garantiza ese respeto–, pero quienes ocupan espacios en la administración pública están obligados a actuar de acuerdo con los mandamientos legales establecidos. Ese es el caso de los legisladores, particularmente los de Acción Nacional que han expresado su convicción de que los matrimonios deben ser “como se ha concebido milenariamente”, tal y como se lo informó el coordinador de los diputados locales a la reportera. (Ibídem).

O que este asunto deba posponerse a que se atiendan “otros grupos vulnerables que requieren más protección y más políticas públicas que los homosexuales y lesbianas que quieran unirse bajo la protección de la ley”; pero tal postura fue rápidamente desmentida por la legisladora cuando en la misma entrevista sostuvo estar en contra hasta de las llamadas “sociedades de convivencia”. (Nota de la Redacción, El Heraldo de Chihuahua, 17/VI/14).

La perla de tales declaraciones apareció casi al final del mismo texto, cuando planteó que se opondrán a cualquier reforma que implique “gastar recursos, programas, tiempos y demás en solucionarle un aspecto de la vida a un grupo tan minoritario, en vez de dedicar esfuerzos en temas realmente sustantivos (sic)”. (Ibídem).

No fue la única, se atrevió a sostener que “el abuso sexual contra infantes se da en la mayoría de los casos en familias disfuncionales, que es donde más violencia física hay contra los niños y estadísticamente son más los niños abusados cuando viven con parejas del mismo sexo”. (Ibídem).

¡Híjole. Sin palabras!

 

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