Por Luis Javier Valero Flores
En dos días –hoy y lunes– el Congreso de Chihuahua deberá realizar dos procesos designatorios trascendentales. Marcarán, para los futuros, la ruta que deberán aplicar los actuales integrantes de la Legislatura, y de las posteriores.
El amparo otorgado por el juez Ignacio Cuenca, Octavo de Distrito, a Rodolfo Leyva por haberlo excluido de una de las consejerías titulares del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) es uno de los –aún– pocos dictámenes o resoluciones del Poder Judicial que acotan la discrecionalidad ejercida hasta ahora por los legisladores al momento de elegir a los integrantes de los distintos organismos “ciudadanizados” y que, por lo menos más evidente en este nivel, se añade a la indudable participación de los mandatarios estatales en tales nombramientos, que violentan las normas establecidas para ello.
Eso es lo que ahora deberán enmendar los integrantes de la actual Legislatura, por lo menos en la designación de los consejeros faltantes del Ichitaip. Sus antecesores pasarán a los anales legislativos por constituir una de las legislaturas más violentadoras de lo que ahora comentamos. Cometieron garrafales fallas en la ratificación del magistrado Carlos Flores Silva y el juez Cuenca les leyó la cartilla en la designación del órgano garante de la transparencia. Sus sucesores deberán, por tanto, enmendarla.
No parecen dispuestos a ello y podrían afrontar serias consecuencias, si nos atenemos a lo declarado hasta el cansancio por el quejoso Leyva y las informaciones ofrecidas por las columnas periodísticas de distintos medios de comunicación, especialmente de los portales digitales de la capital del estado, que generalmente reflejan lo que interesados protagonistas pretenden se conozca con antelación, o que intentan influir en el curso de las decisiones gubernamentales (esto último, por supuesto, nada criticable).
Por partes. El abogado Leyva insiste en sostener que sólo dos de los aspirantes colmaron todos los requisitos exigidos por la convocatoria, él y otra candidata. El juez distrital le concedió parte de la razón y le acotó la discrecionalidad a los diputados al exigirles (y éstos aceptar, al allanarse a la sentencia) que “motivaran y fundaran” su votación y exigirles que, de no elegir a Leyva, expusieran una motivación “reforzada”. En menudo problema estarán si no lo hacen así.
Por otro lado, desde las columnas periodísticas y en voz del diputado Pedro Villalobos, presidente de la Mesa Directiva, no se descartó que repitieran las consejeras elegidas en noviembre de 2012, Alma Rosa Armendáriz Sigala y María Nancy Martínez, destituidas por la sentencia de amparo. Si lo hacen así, peor; este caso, de no resolverse a favor de Leyva Martínez, en el ámbito nacional se convertirá en uno de los asuntos de las cortes internacionales y la resolución, es lo más probable, no irá en el sentido que la legislatura anterior decidió.
Y la elección del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) apunta para convertirse en un asunto de similares controversias. Hasta ayer se habían registrado cinco aspirantes, entre ellos el actual presidente José Luis Armendáriz.
Los otros son Gustavo de la Rosa (visitador de la CEDH en Juárez y uno de los más activos en esta materia en la aciaga época de la masacre de Juárez); Iván Páez Guerrero, Luis Eduardo Alonso Chávez e Irma Villanueva Nájera (integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y apoyada por distintas organizaciones derechohumanistas ).
Más allá de la evaluación sobre la actuación de Armendáriz (quien sostiene que en la recomendación de la CNDH sobre el AeroShow se excluyó la participación de la CEDH) pende sobre su posible designación la posibilidad de una controversia acerca de su elegibilidad, pues el artículo Tercero de los Transitorios de la ley actual dice que “El Presidente actual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cumplirá el período por el que fue designado y, previo a dicho vencimiento, el Congreso deberá realizar la designación de nuevo Presidente, el cual entrará en funciones el 15 de abril de 2014”.
La polémica estriba en el carácter de “nuevo”.
Sin embargo, cuando se habla de los consejeros “actuales” se establece que no se podrán reelegir, argumento que podría esgrimirse con el presidente ya que no estableció la prohibición expresa de reelegirse en este caso.
Pero más allá de esa controversia, existe otro aspecto que podría convertirse en elemento de impugnación del proceso de designación y que es la “amplia auscultación” a que la obliga la ley en el artículo 10 y que dice: “se deberá publicar en los principales medios de comunicación y se difundirá entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos”.
Bueno, pues dicha auscultación, para ser “amplia”, por lo menos debió ser conocida públicamente y enterarnos qué organizaciones y segmentos de la población fueron auscultados y los eventos que se realizaron para “auscultar” a la sociedad. Fallaron en ese sentido, pues el plazo para la elección es el 15 de abril.
No, no tienen una tarea fácil nuestros ínclitos legisladores, y menos si actúan como hasta ahora.
