La administración mexiquense deberá retirar a los exgobernadores Enrique Peña, Eruviel Ávila, Arturo Montiel, César Camacho, Emilio Chuayffet, Ignacio Pichardo y Alfredo Baranda el personal que tenían asignado con cargo al erario público.
A propuesta de Morena, por unanimidad, el pleno cameral abrogó la noche de este martes los decretos 87 de la 36 Legislatura -publicado en Gaceta de Gobierno del 18 de julio de 1945- y 86 del Ejecutivo -promulgado el 7 de mayo de 1993-, a través de los que se asignaba a cada exmandatario tres guardaespaldas, chofer, secretaria y un jefe de ayudantes.
En el decreto 87, la Legislatura del Estado de México dispuso que, al concluir su encomienda pública, los gobernadores podrían recibir “premios y recompensas por servicios eminentes o importantes prestados al Estado”.
El 7 de mayo de 1993, el otrora gobernador Pichardo Pagaza promulgó que, al concluir su gestión, los mandatarios estatales podrán tener a su adscripción: un jefe de ayudantes con categoría de subdirector rango nueve, con nivel de jefe de ayudantes de secretario general de gobierno.
Además, un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de chofer de secretario general de gobierno; tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango cuatro; y una secretaria, con categoría de secretario particular de secretario, nivel 27, rango 9, del gobierno estatal.
La diputada Azucena Cisneros, promotora de la reforma, advirtió que ambos decretos “regalaron a los exgobernadores un beneficio que ellos nunca pudieron garantizar a sus ciudadanos: la seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año y en todo el territorio mexiquense”.
Desde su punto de vista, estos privilegios “son el símbolo más evidente de los abusos y excesos que se hicieron costumbre en un régimen que fue rechazado y derrotado en las urnas”.
La legisladora confió en que con la derogación de ambos decretos se avanza en la erradicación de los privilegios de la clase política y en la consolidación de un gobierno que utilice con austeridad y eficacia los recursos públicos.
No obstante, alertó que sólo es el principio, pues para erradicar la corrupción del Estado de México, considerado uno de los que lidera el país en esta materia, aún son necesarias la construcción, revisión y aprobación de una nueva ley estatal de austeridad y gasto público, otra para regular los salarios máximos y una más para fiscalizar mejor el gasto y acotar la corrupción en las compras y obras públicas.
La reforma fue votada por unanimidad de 65 votos, con la ausencia de los coordinadores parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD): Anuar Azar, Armando Bautista, Alberto Couttolenc y Omar Ortega, respectivamente.
Tampoco votaron los morenistas Liliana Gollas, Karina Labastida, Benigno Martínez y Bryan Tinoco; la perredista Claudia González Cerón y el petista Sergio García Sosa.
Fuente: Proceso
