Con el voto secreto de los legisladores, el Congreso local rechazó la legalización del matrimonio igualitario en la entidad. Para imponer el dique, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) cerraron filas.
El dictamen fue aprobado ayer en comisiones, y este miércoles la mayoría del pleno votó en contra. La diputada panista Kathia Bolio no se presentó a la sesión.
El controversial asunto atrajo a decenas de activistas que atiborraron el recinto legislativo. Mientras transcurría la jornada, los opositores a la iniciativa, de rodillas, rezaban rosarios para que los diputados no la aprobaran. Frente a ellos, los que están a favor blandían banderas arcoíris, emblema de la comunidad de la diversidad sexual.
En el clímax de la sesión, el presidente de la mesa directiva, Enrique Castillo Ruz, anunció que el método de votación sería por cédula, es decir, llamando por nombre a cada legislador presente para que emitiera su voto secreto en una papeleta que posteriormente depositaron en una urna.
Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, fue la única que refutó la instrucción, y desde la tribuna legislativa se pronunció porque la votación se hiciera de manera tradicional: a mano alzada o de forma electrónica, para que los ciudadanos conocieran la postura de cada diputado.
Castillo Ruz denegó la petición y reiteró que “para garantizar el orden en la sala y ante la polarización que existe por el tema”, el voto sería secreto.
En su oportunidad, la panista Rosa Adriana Díaz Lizama, férrea opositora al matrimonio igualitario, llegó al extremo de solicitar que los fotógrafos fueran retirados del recinto para garantizar la secrecía del voto, pero el presidente de la mesa directiva no se lo concedió, apelando al derecho a la libertad de prensa.
Mientras sufragaban, varios legisladores fueron ovacionados de manera estruendosa por opositores a la iniciativa, que al parecer conocían de antemano en qué sentido votarían.
La decepción para la comunidad LGBTT y activistas de los derechos humanos que los acompañaban llegó cuando se dio a conocer el resultado de la votación: 19 votos en contra y cinco a favor.
Los grupos a favor del matrimonio igualitario acusaron al Congreso local de obstaculizar los derechos humanos que ya están consagrados en la Constitución federal, y advirtieron que el asunto no está concluido porque llevarán su demanda hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lamentaron que Yucatán dejara pasar la oportunidad de hacer historia legalizando las uniones entre personas de un mismo sexo, sin que la SCJN tenga que intervenir, como lo ha hecho en otros estados.
Desde el año 2000 el Congreso mantuvo congelado el polémico tema, pero ante la presión de los defensores de los derechos humanos, la semana pasada lo puso sobre la mesa y lo sometió a consulta pública.
Las parejas que han legalizado aquí sus uniones tuvieron que recurrir al amparo de la justicia federal para poder hacerlo. Y por ahora así deberán continuar.
Fuente: Apro
