El Congreso de Tamaulipas derogó este miércoles la reforma aprobada hace un mes que estableció las reglas de procedimiento de desafuero del gobernador de la entidad Francisco García Cabeza de Vaca, dejando en manos de la legislatura local la determinación final del procedimiento que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados a nivel federal para que el mandatario enfrente los cargos penales que la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
El así llamado “blindaje” del Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, al gobernador Cabeza de Vaca provocó que la Cámara de Diputados interpusiera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el acuerdo emitido por la Legislatura local que buscaba proteger a Cabeza de Vaca, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su desafuero.
“El Congreso local deja sin efectos las reglas para la declaración de procedencia de desafuero en contra de los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado”, sostiene la resolución de este miércoles divulgada por Reforma. “En ese sentido, la idea de la abrogación es eliminar totalmente las posibles confusiones y anular una atmósfera de enrarecimiento sobre el tema de desafuero”, explicó el legislativo local en un comunicado.
De acuerdo con Reforma, durante la sesión ordinaria, el diputado local del PAN Félix García Aguiar, quien presentó la iniciativa el pasado 2 de marzo, declaró que dichos acuerdos, lejos de representar un intento de blindaje institucional, representan el cumplimiento de sus obligaciones. Además, el legislador blanquiazul solicitó someter a consideración del Pleno dejar sin efecto los acuerdos y cooperar para eliminar falsas interpretaciones.
Todo parece indicar que la presión desde San Lázaro doblegó al Congreso de Tamaulipas, que buscaba quitarle a los diputados federales su facultad de llevar a cabo un proceso de desafuero contra un gobernadora, el cual ahora se encuentra operado por la Sección Instructora de San Lázaro.
Con información de Reforma y Milenio