Con 27 votos a favor y una abstención, el Congreso de Morelos aprobó el inicio de un juicio político contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. El dictamen de juicio político, aprobado por los legisladores, será turnado al Poder Judicial del Estado, quien finalmente juzgará a Blanco.
El Congreso local declaró “culpable por omisión y acción” al alcalde de esta capital, Cuauhtémoc Blanco Bravo, debido a que violó la Constitución morelense y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al mentir sobre su residencia cuando se registró como candidato a alcalde en 2015.
A las 11:30 de la noche de ayer, los legisladores se presentaron en el recinto legislativo después de discutir a puerta cerrada –custodiados por policías del Mando Único– la demanda de juicio político contra el exfutbolista, presentada el lunes 12 por el abogado Raúl Carrancá y Rivas.
Ya instalados en el pleno, 30 minutos antes de que por ley concluyera el periodo ordinario de sesiones, los legisladores presentaron el dictamen, que de manera atropellada fue leído por la secretaria de la mesa directiva, Silvia Irra Marín.
Los diputados declararon a Cuauhtémoc Blanco culpable de haber mentido sobre su lugar de residencia a principios de 2015, cuando presentó una credencial de elector con un domicilio en la capital del estado.
De acuerdo con el dictamen, las pruebas presentadas por los demandantes fueron suficientes y válidas para declararlo culpable. Y lo mismo ocurrió respecto de la segunda causal sobre la aceptación de “donaciones millonarias” de particulares para pavimentar las calles, sin ninguna autorización del Cabildo.
Instalado el jurado de procedencia, el Congreso local declaró culpable a Cuauhtémoc Blanco y luego envió al Tribunal Superior de Justicia el dictamen aprobado por mayoría.
El procedimiento establece que una vez declarado culpable por el Congreso, los magistrados deben determinar por mayoría absoluta si procede la sentencia para destituir a Blanco y su posible inhabilitación por 10 o más años para ocupar cargos de elección popular.
Además, el Tribunal daría vista a la Fiscalía General del estado para que sea esta instancia la que determine si existen delitos que perseguir.
Fuente: Apro/ Aristegui Noticias
