Congreso constructivo o subordinado

Por Jesús Cantú

De acuerdo con las declaraciones de los dirigentes de las tres principales fuerzas políticas nacionales y los coordinadores de sus respectivas fracciones parlamentarias, sus preocupaciones son compartidas aunque sus propuestas de solución son menos coincidentes, por lo cual la posibilidad real de que se atiendan antes del 1 de diciembre, como pretende Luis Videgaray, coordinador de políticas públicas del equipo de Enrique Peña Nieto, es muy remota, al menos si se busca atacarlas a fondo y no únicamente con respuestas mediáticas.

El PRI reitera sus propuestas de crear una Comisión Nacional Anticorrupción; profundizar y ampliar la transparencia en todos los órdenes de gobierno y poderes constitucionales, y regular la contratación de publicidad en los medios de comunicación masiva. En la reunión que sostuvieron los dirigentes del PAN y el PRD y sus respectivos coordinadores parlamentarios, señalaron entre los temas en los que había coincidencias: la reforma de medios de comunicación (primera coincidencia temática, aunque con una gran diferencia en la aproximación), transparencia, y combate a la corrupción. En este último tema, el perredista Jesús Zambrano se refirió explícitamente a trabajar con las iniciativas y minutas existentes, por lo que nuevamente hay coincidencia en el tema pero diferencia en la solución.

Al constituir el Frente Legislativo Progresista, las bancadas de PRD, PT y Movimiento Ciudadano señalaron que el tema de la democratización de los medios de comunicación incluye: la operación de una nueva cadena nacional de televisión pública y cambios en la regulación para el otorgamiento de concesiones y permisos de radio y televisión, lo cual implica ir mucho más allá de la regulación de la contratación de publicidad que propone el PRI.

La agenda legislativa de Peña Nieto aborda tres temas centrales, pero desde una óptica muy reducida, porque simplemente busca salir al paso de las principales críticas que recibió en su campaña y que, particularmente, tienen que ver con los oscuros manejos de las finanzas del gobierno del Estado de México para obtener recursos públicos destinados a su campaña electoral, y con el apoyo de las televisoras. Es decir, por lo menos en lo que se conoce hasta estos momentos, no busca atender los problemas de fondo, sino simplemente emprender acciones que pueda promover ante la opinión pública.

Para combatir la corrupción no basta con la creación de una comisión, pues se requiere de un sistema integral de rendición de cuentas que permita cumplir con los tres pasos fundamentales de la misma: información (la cual exige transparencia), justificación y sanción. En México únicamente se avanza en el primer punto, pero se olvidan los otros dos. Para atenderlos no tendría que partirse de cero. Ya hay iniciativas y proyectos muy avanzados, particularmente el que se elaboró en el seno de la Red por la Rendición de Cuentas (en la que participan diversas instituciones académicas –públicas y privadas–, organizaciones de la sociedad civil, órganos de transparencia, instancias de gobierno, etcétera), y las propuestas de reforma política que hicieron las distintas fuerzas políticas hace un par de años, que son un excelente punto de partida para una verdadera batida contra la corrupción.

Pero nuevamente se prefiere abordar los temas de manera aislada: transparencia por un lado, y combate a la corrupción por otro, pues esto garantiza la ausencia de resultados e impactos en los ámbitos respectivos, que es precisamente lo que parece buscarse: exposición mediática, pero nulos efectos reales.

En el ámbito de los medios de comunicación masiva, focalizar la agenda en la contratación de la publicidad oficial es restarle todo sentido, pues por una parte el tema requiere de una revisión total, no parcial, y, por otra, el asunto específico que abordan sería una consecuencia inevitable de los otros dos temas propuestos; es decir, si se busca profundizar la transparencia, necesariamente se tendría que conocer el destino y la justificación de todos los gastos de todas las entidades públicas de este país, entre los que desde luego se encontrarían los de comunicación social. Pero aun en el supuesto de que no se lograra arribar a ello por la vía de la transparencia, necesariamente se llegaría por el del combate a la corrupción, pues el exceso de recursos destinados al efecto es evidente.

No se requiere conocer las propuestas concretas; basta con saber que se presentan como tres iniciativas separadas y con enfoques claramente parciales y reducidos, para afirmar que no buscan solucionar los problemas de fondo, sino construir respuestas mediáticas para las principales debilidades de Peña Nieto, por lo cual es de esperarse que los legisladores de las fuerzas que conformaron la coalición Compromiso con México (PRI y PVEM) las apoyarán acríticamente. Así que la palabra la tendrán los legisladores del Partido Acción Nacional y del Frente Legislativo Progresista (PRD, PT y MC), cuyos votos serán indispensables para aprobarlas.

Antes del 1 de diciembre –según las declaraciones de Videgaray– habrá evidencias de cómo se perfilará la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el próximo sexenio (en el Senado, que mantiene la misma integración durante los seis años, los legisladores del blanquiazul y del Frente hacen mayoría): subordinación, confrontación indiscriminada o colaboración crítica y constructiva.

Para avanzar por la última vía, no es preciso aprobar alguna de las tres iniciativas anunciadas por el tricolor, sino que se construyan las condiciones para abordarlas integralmente y buscar soluciones de fondo, no respuestas mediáticas; pero a pesar de lo complicado que sería trabajar seis años sin la posibilidad de construir acuerdos en los temas más importantes, lo peor sería retroceder 15 años y regresar a la subordinación incondicional del Poder Legislativo.

Artículo publicado originalmente en Proceso.