Integrantes de la Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenaron detener una compra millonaria de equipos de cómputo y periféricos, al detectar presuntas inconsistencias en estos procesos a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) y en los que aparecen de nueva cuenta como potenciales proveedores dos empresas: Mainbit y BSS.
La primera compañía ha recibido cuatro contratos del INE durante los 13 años recientes, con valor de casi 2 mil millones de pesos, señalaron fuentes de la JGE.
Este proceso de compra está detenido para revisión, a partir de una observación preliminar que lo consideró inviable técnica y económicamente. Su plazo es de tres años, a partir de octubre próximo, y tiene un techo de hasta 500 millones de pesos.
La investigación para asegurar que las licitaciones estén debidamente sustentadas se inició este mes. Al mismo tiempo, una comisión de consejeros revisa los gastos de cada área para elaborar el anteproyecto de presupuesto 2024.
Los servicios de cómputo siempre tienen relevancia en las listas oficiales de compras y adquisiciones, con el argumento de que se trata de la actualización y la seguridad relacionada con la base de datos del padrón electoral, actualmente integrada por casi 98 millones de registros.
Es así que administraciones anteriores adujeron la necesidad de realizar compras constantes para toda la estructura del organismo, desde los módulos de atención ciudadana hasta otros programas informáticos para la organización de elecciones.
En el caso actual, integrantes de la JGE alzaron la ceja cuando detectaron un nuevo intento de asignar contratos al proveedor que ha hecho esa función durante los pasados 13 años y que enfrenta señalamientos por cometer presuntas irregularidades en otras oficinas del sector público.
Primeros pasos
El primer paso tras el hallazgo fue detener el proyecto en curso. Así lo hicieron los integrantes del Comité de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), durante una sesión realizada la semana pasada y otra celebrada ayer.
El contrato congelado es para el mantenimiento a más de 18 mil equipos y la venta de computadoras personales, laptop, impresoras, servidores y sistemas ininterrumpidos de energía, entre otros dispositivos, destinados a las oficinas centrales, las vocalías locales y distritales y módulos de atención ciudadana.
Acorde con datos de la Secretaría Ejecutiva, el asunto brincó porque la UTSI, cuyo titular tiene 10 años en el cargo, demoró 14 meses una investigación de mercado y llevó su reporte al TIC con el fin de que se lo autorizaran, “pese a que no eran convenientes para el instituto los tiempos de entrega de los equipos”.
Funcionarios del organismo aseguraron que, ante la decisión de frenar la compra, se requiere una alternativa para garantizar que todas las áreas del organismo cuenten con los recursos tecnológicos necesarios para la preparación del proceso electoral 2023-2024.
Fuente: La Jornada
