Las 80 organizaciones que integran la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Amnistía Internacional y el sacerdote Alejandro Solalinde reprobaron los actos de represión contra el movimiento magisterial en Oaxaca por parte de las policías Federal y Estatal, que dejaron un saldo oficial de ocho personas fallecidas y decenas de heridos.
A unas horas de los hechos violentos en Oaxaca, el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, anunció la conformación de un grupo de intermediación entre el gobierno y el movimiento magisterial convocado por la organización Mujeres Ya.
Solalinde explicó que a más tardar este martes el grupo de intermediación se reunirá para empezar a coordinarse con el movimiento magisterial y presentar alternativas al gobierno, que se ha visto “cerrado al diálogo, con errores tácticos, como el no haber consensuado” la reforma magisterial, “y ahora ahí están las consecuencias”.
Al reprobar que la reforma se pretenda imponer “con miles de gendarmes”, el religioso destacó que el grupo de intermediación está conformado por los últimos cinco galardonados con el Premio Nacional de Derechos Humanos, Clara Jusidman, Javier Sicilia, Raúl Vera y Denise Dresser, además del académico Sergio Aguayo, como parte del grupo de asesores.
Solalinde agregó que él personalmente empezó a dialogar con los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante el plantón en la Ciudadela y en los bloqueos para la conformación del grupo, con el objetivo de “acercar al gobierno, sentarlo para dialogar porque es su obligación”.
Apuntó que en este momento el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está obligado a aceptar el diálogo, “si quiere mantener la gobernabilidad”, y advirtió que para sentarse a negociar es una premisa liberar a los presos de la CNTE, “debe reconocer el gobierno que son presos políticos y que utiliza los espacios punitivos contra la disidencia”.
En comunicados de prensa por separado, las organizaciones y el defensor urgieron a realizar investigaciones sobre los abusos registrados, así como formalizar una mesa de diálogo entre los dirigentes de la CNTE y gobiernos federal y estatal.
Retomando datos de la CNTE de que habrían sido ocho las personas fallecidas, 22 desaparecidas y 45 heridas de bala en las refriegas de este domingo en Nochixtlán, San Pablo Huitzo y la capital Oaxaca, la Red TDT consideró que los hechos evidencian “el uso desproporcionado de la fuerza” que va más allá de los conflictos armados.
Lo anterior, explica la Red TDT en su comunicado, debido a que se registraron acciones de parte de la PF para dificultar “la atención a los manifestantes heridos y el haber realizado un ataque con gases lacrimógenos en contra de un puesto de auxilio improvisado en las cercanías de la zona de conflicto”.
Al señalar que en la jornada violenta se registraron actos de “hostigamiento en contra del personal de salud que prestó su asistencia a las personas heridas, particularmente maestros”, las organizaciones exigieron a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Gabino Cué Monteagudo el cese a la represión y respetar el derecho al “ejercicio de la protesta civil”.
Las agrupaciones instaladas en 22 estados demandaron el retiro de la PF y el regreso a los cuarteles de la policía de Oaxaca; “determinar las responsabilidades por el uso de armas letales en contra de una manifestación, así como por el uso indiscriminado de la fuerza”; esclarecimiento de las muertes, localización de los desaparecidos, reparación de daño a las víctimas; garantizar la atención médica y “establecer una política de información que genere certidumbre en la población y que minimice el impacto de los rumores”.
Por su lado, Amnistía hizo un llamado al esclarecimiento de los hechos a través de “investigaciones sobre la violencia que sean independientes, oportunas y transparentes y, en su caso, se traduzcan en el debido juzgamiento de todas las autoridades y demás personas que se encuentren involucradas”.
Para la organización con sede en Londres las declaraciones de las autoridades federales “deslindándose de los hechos no deben utilizarse para socavar o distraer la investigación”.
AI apunta que es fundamental el respeto “a la integridad física y mental, así como a los derechos de un juicio justo y debido proceso de toda persona detenida durante el enfrentamiento y cualquier otra detención llevada a cabo en este contexto social”.
También reconoció la obligación del Estado mexicano de tomar medidas de control social y de prevención, así como de investigar y sancionar a los responsables de actos de violencia, pero advierte que aquéllas “deben ser apegadas a las normas internacionales de derechos humanos”, al tiempo que tiene la obligación de respetar los derechos de libertad de expresión y asociación.
Fuente: Apro
