Un tribunal colegiado del primer circuito confirmó la negativa de un juez federal de otorgar un amparo al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, con el que sus defensores pretendían detectar si existe alguna investigación o solicitud de orden de aprehensión en su contra, por su presunta relación de espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos con el malware Pegasus.
Hace un año fue citado a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la investigación que se tiene abierta por este caso para que se presentara en calidad de testigo el 20 de marzo de 2019 ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
En ese entonces su presencia fue solicitada por el agente del ministerio público de la Federación, como parte de la investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, “a fin de que declare la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante respecto a la información relacionada a la contratación y funcionamiento del sistema denominado Pegasus”.
Sin embargo el ex funcionario solicitó un amparo buscador ante el juzgado octavo de amparo en la Ciudad de México. Entre los actos que reclamaba estaba la abstención del ministerio público de la Feadle de contestar su solicitud enviada el 20 de marzo de 2019, en la que solicitaba que la autoridad reconociera que lo investigaba como parte de las indagatorias.
Los abogados denominan amparos buscadores este tipo de recursos, ya que con ello el juez que conoce del caso debe solicitar a todas las autoridades que se mencionan informes relacionados con la existencia de investigaciones, averiguaciones previas, solicitudes de comparecencia ministerial o judicial o si hay alguna consignación u orden de aprehensión en contra.
Pero el juez federal sobreseyó el juicio de amparo contra los actos que reclamaba Tomás Zerón, luego de que no obtuvo informes que comprobaran que alguna autoridad judicial lo estuviera investigando, sólo su citación ante la autoridad ministerial responsable era en calidad de testigo y no de imputado, por ello le negó la protección de la justicia y aunque impugnó el fallo, el tribunal colegiado ratificó negarle un amparo.
Ahora tendrá que declarar ante las autoridades.
La Feadle inició una carpeta de investigación por la compra y el uso que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le habría dado al malware Pegasus para la intervención de equipos celulares y el espionaje.
Dicha compra por 32 millones de dólares se habría hecho en octubre de 2014 mediante la Agencia de Investigación Criminal y su Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi) desde donde se habría operado el espionaje.
En junio de 2017, la Feadle informó que, como parte de las diligencias, declararían todas las empresas que han vendido equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México.
Además, que con el apoyo en el artículo 190 fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se solicitaría a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados a efecto de detectar similitudes en los números que hubieran enviado el virus.
Asimismo, se ordenó “a todas las dependencias federales y estatales de seguridad, que pudieran tener acceso a equipos y software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda la información.
Fuente: La Jornada
