La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz “no ha sido exonerado del delito (de defraudación fiscal) del que le acusa” y que “la Procuraduría Fiscal de la Federación ha reiterado que no ha sido cubierto el monto del Impuesto sobre la Renta omitido, ni sus accesorios (recargos y multas)”.
Por esa razón, señaló la institución ministerial, “es muy importante resaltar que el procedimiento de extradición, que inició desde agosto de 2018 durante la administración pasada, continuará su curso normal, por lo que la FGR hará uso del plazo de 60 días para entregar de manera formal la solicitud correspondiente, en los términos del tratado de extradición entre Argentina y México, en vigor desde 2013”.
Al informar respecto del proceso de extradición que se sigue contra Carlos Ahumada en Argentina, la FGR señaló que la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde octubre de 2016 “formuló querella por defraudación fiscal equiparable, ante el Ministerio Público Federal (MPF) contra Carlos ‘A’, por haber omitido su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2012, dejando de pagar más de un millón 400 mil pesos.
“En marzo de 2017, en la anterior administración, la entonces Procuraduría General de la República ejercitó acción penal ante el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quien libró la orden de aprehensión en contra de Carlos ‘A’; ya en la presente administración, en que se retomaron todos los casos atrasados en materia de defraudación fiscal, se solicitó a Interpol la alerta conocida como ‘Ficha Roja’ en contra de dicha persona”.
El organismo internacional Interpol realizó sus tareas de rastreo y en razón de ello, la División de Investigación Federal de Fugitivos de Buenos Aires, Argentina, en respuesta de la solicitud de Interpol, detuvo el pasado 16 de agosto a Carlos ‘A’.
La fiscalía de esa nación lo puso a disposición de un juez competente de ese país, quien después de entrevistarlo y mantenerlo bajo su custodia, lo sujetó a proceso, otorgándole libertad bajo “caución juratoria” en razón del tipo de delito e imponiéndole los siguientes deberes: el no ausentarse de su domicilio por un período mayor a 24 horas sin dar aviso al tribunal, presentarse dentro de los primeros cinco días de cada mes ante el mismo juzgado y la prohibición de salir de Argentina, señaló la FGR.
Fuente: La Jornada
