La Audiencia Nacional española confirmó este viernes la extradición a México del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, preso en una cárcel de Palma de Mallorca. Con esta resolución se agotaron el proceso judicial y las garantías del detenido, con lo que se prevé que en las próximas semanas, incluso días, finalmente se le traslade a nuestro país por las autoridades españolas. El auto emitido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afirma que en este caso no existe una persecución política, un argumento utilizado por Ancira frente a los jueces para frenar su entrega a México
En respuesta a un recurso de súplica, similar al amparo en la legislación mexicana, la Sala de lo Penal del órgano judicial español resolvió que se confirma la entrega del empresario al entender que los delitos por los que es reclamado por la justicia mexicana también son delitos perseguidos en España, con lo que “concurre por ello el principio de doble incriminación”.
El auto judicial precisó que los hechos investigados y por los que la Fiscalía General de la República reclama al detenido, en ningún caso supone “persecución política”, tal como aseguró el propio Ancira durante su comparecencia, en la que acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En su resolución, los magistrados españoles explicaron que “la justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de AHMSA a la empresa Tochos Holdig, vinculada al ex director general de PEMEX (Petróleos Mexicanos), Emilio Lozoya, por un importe de 3,4 millones de dólares”.
Agregaron que, en noviembre del mismo año, Lozoya adquirió un inmueble en una zona residencial de la Ciudad de México y un mes después, una vez designado director general de Pemex, propuso rehabilitar y después adquirir una planta para producir fertilizantes, propiedad de AHMSA, que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor de tasación se fijó en unos 58 millones de dólares americanos.
La justicia española confirmó, además, que los hechos investigados constituirían los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude y malversación de caudales públicos.
Fuente: La Jornada
