Emite recomendación dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Sedena y a los gobiernos de Michoacán y Apatzingán.
En los hechos de Apatzingán el pasado 6 de enero, donde fueron muertos 9 civiles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó el “uso excesivo” de la fuerza que derivó en la muerte de 5 personas, así como la ejecución extrajudicial de una más, por parte de elementos de la Policía Federal.
En la recomendación por violaciones graves por estos hechos, el organismo nacional también acreditó otros hechos que no se consideraron violaciones graves a los derechos humanos, atribuibles a servidores públicos federales y locales.
La recomendación 3VG/2015 presentada por el mismo presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, está dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaria de la Defensa Nacional, al gobierno del estado de Michoacán y a la presidencia municipal de Apatzingán.
En la presentación de la recomendación, el ombudsman nacional aclaró que las investigaciones están orientadas a la determinación de violaciones a derechos humanos y, por tanto, “no investiga delitos ni efectúa indagaciones paralelas a las realizadas por las instancias de procuración de justicia”.
En el documento, la CNDH señaló que para la realización de su actuación enfrentó diversos obstáculos por parte de elementos y autoridades de la Policía Federal y de la Procuraduría General de Justicia del estado.
La Comisión Nacional señaló también que diversos quejosos, agraviados y testigos que fueron entrevistados por visitadores adjuntos manifestaron circunstancias de tiempo, modo y lugar contradictorios entre si.
Además, algunos informes rendidos por la Policía Federal presentan imprecisiones respecto de los hechos que motivaron el desalojo de las personas que se encontraban reunidas en las inmediaciones del Palacio Municipal de Apatzingán, así como de las circunstancias de tiempo y modo en las que se llevó a cabo dicho operativo.
Otros de los obstáculos fueron las inconsistencias en los dictámenes de las necropsias practicadas a los cuerpos de los agraviados y el levantamiento de los cadáveres, además de que peritos de la procuraduría estatal incurrieron un error en la identificación de dos cuerpos.
Fuente: La Jornada
