La investigación contra Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada estuvo mal integrada, reconoció la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con el subprocurador de Delitos Federales (SEIDF), Felipe Muñoz Vázquez, el proceso original estuvo tan mal que incluso, considera sorpresivo que un juez haya girado las órdenes de aprehensión.
En rueda de prensa, el funcionario federal responsabilizó de este error a la anterior gestión en la PGR.
Indicó que esta indagatoria fue obra de las anteriores autoridades, encabezadas por Arely Gómez, ya que cuando él fue nombrado como subprocurador, en noviembre de 2016, tenía un mes de que se había ordenado la captura del veracruzano.
“Cuando nosotros llegamos, en esta administración con el doctor Raúl Cervantes, nos encontramos con una carpeta de investigación mal integrada y lo digo así, mal integrada, en la que ya había una orden de aprehensión por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita”, indicó.
“Y cuando digo mal integrada, incluso a mí me sorprendió que haya librado las órdenes de aprehensión, pero la perfeccionamos”.
Otra crítica que hizo a la gestión de Gómez es que, cuando asumir la subprocuraduría, descubrió que no se había hecho nada en las 80 indagatorias relacionadas con los desvíos en Veracruz.
“No se había hecho nada por parte de esta institución, pero también por parte de las otras instituciones. No habían aportado la información necesaria para integrar esas carpetas”, apuntó.
Sin embargo, pese a los errores en la indagatoria inicial contra Javier Duarte por asociación delictuosa y lavado de dinero, Muñoz informó que por el caso que concluyó en una sentencia condenatoria, la PGR recuperó un total de mil 376 millones 83 mil 206 pesos.
El caso originalmente consignado, indicó, era por casi 500 millones de pesos lavados en parcelas en Campeche y, al final, se consiguió determinar que el dinero blanqueado y decomisado en inversiones inmobiliarias y cuentas bancarias ascendiera a casi el triple.
Esta suma incluye los 791 millones 132 mil 460 pesos a los que equivalen los 40 inmuebles decomisados en la sentencia contra Duarte, y 422 millones 451 mil 80 pesos asegurados en cuentas bancarias y devueltos al Gobierno de Veracruz.
También comprende 40 millones 33 mil pesos que fueron entregados en cheque al Gobierno estatal y los 122 millones 466 mil 666 pesos en los que fue valuado el Rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, en el Estado de México, también entregado al erario veracruzano.
En conferencia, el subprocurador culpó también a los jueces federales de generar impunidad con la aplicación retroactiva de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este y otros casos.
Fuente: Reforma
