Más de 50 organizaciones de medios de comunicación se unieron a las críticas al gobierno de Estados Unidos por el espionaje telefónico a la agencia de noticias The Associated Press (AP), calificando el procedimiento como una “operación desmedida”.
El accionar del gobierno “pone en duda la integridad de las políticas del Departamento de Justicia hacia la prensa y su capacidad para equilibrar, por sí mismo, sus poderes policiales ante los derechos que otorga la Primera Enmienda a los medios y con el interés público”, afirma una carta firmada, entre otros, por Dow Jones, EW Scripps, Gannett, The New York Times, The Newspaper Guild, Time Inc. y The Washington Post.
The Washington Post dijo que “cualquiera fuere el objetivo de seguridad nacional que se haya querido alcanzar, parece estar sobredimensionado por el daño causado a la libertad de prensa y la transparencia del gobierno”.
La editora de The New York Times Margaret Sullivan señaló en una columna que “se suponía que este iba a ser un gobierno de transparencia sin precedentes (…) En cambio, parece ser una administración secretista y de ataques sin precedentes a la libertad de prensa”.
La titular del National Press Club, Angela Greiling Keane, tildó al incidente de “grosera violación de la libertad de prensa. Si hay una buena explicación para esto, el público merece escucharla”.
Al Tompkins, del Poynter Institute, estimó que “los lineamientos del Departamento de Justicia, al igual que la ley de libertad de prensa de Corea del Norte, carecen de todo valor, además de ser caóticos”.
La agencia AP ya había protestado el lunes en una carta dirigida a Holder, afirmando que “no puede haber justificación posible” para un registro tan amplio de sus comunicaciones telefónicas.
Revelaciones arriesgan vidas: fiscal
En una respuesta a AP, el Fiscal General adjunto, James Cole, dijo que la investigación sobre la filtración de “información clasificada” comenzó el año pasado y advirtió que “tales revelaciones arriesgan vidas y causan graves daños a la seguridad de todos los estadunidenses”.
Cole dijo que las reglas requieren dar otros pasos antes de tomar los registros telefónicos, y que la decisión solo se tomó tras “realizar más de 550 entrevistas y revisar decenas de miles de documentos”.
Indicó que las órdenes judiciales estaban “limitadas a un período razonable de tiempo y que no se buscaban los contenidos de ninguna de las llamadas”.
En una nueva respuesta a la misiva de Cole, el director ejecutivo de AP, Garry Pruitt, puso en duda esas afirmaciones e insistió en que la pesquisa no había sido “limitada” pues había alcanzado a más de 100 periodistas trabajan en los lugares objeto de la investigación.
“La Casa Blanca había dicho que no había una amenaza creíble al pueblo estadunidense en mayo de 2012. La historia de AP sugirió lo contrario, y sentimos que era una información importante y que el público merecía saberlo”, señaló Pruitt.
“Injustificable”
La revelación de la intercepción de los registros telefónicos de AP provocó una ola de críticas por lo que se calificó como un ataque sin precedentes a la libertad de prensa.
El líder demócrata del Senado, Harry Reid, miembro prominente del partido de Obama, dijo a los periodistas que tiene “dificultades para defender lo que hizo el Departamento de Justicia (…) es injustificable”.
Trevor Timm, de la Freedom of the Press Foundation, afirmó que “ya no debemos ver estas investigaciones y persecuciones sobre filtraciones como inherentes a la libertad de prensa, sino como un ataque directo a ella”.
“Esto debe ser un importante llamado de atención para los periodistas”, aseveró.
El asediado gobierno de Estados Unidos afirma que su intención era proteger la vida de sus ciudadanos cuando tomó la drástica decisión de intervenir los registros telefónicos de periodistas en el marco de una investigación por una grave filtración de información.
El gobierno de Barack Obama, acosado en varios frentes, enfrenta ahora una andanada de críticas por lo que se considera una violación a la libertad de prensa.
“Revelaciones graves”
El fiscal general Eric Holder defendió el martes el accionar del Departamento de Justicia, que tomó secretamente dos meses de registros telefónicos de periodistas de la agencia Associated Press.
Holder dijo que la decisión había sido parte de una investigación sobre una filtración de seguridad que había puesto en riesgo a la población estadunidense.
“He sido fiscal desde 1976. Y tengo que decir que esta (…) es una de las más graves (filtraciones) que yo haya visto”, afirmó.
“Esto no es una exageración. Pone al pueblo estadunidense en peligro. Y tratar de determinar quién es responsable de eso, creo, requiere de una acción muy agresiva”, agregó.
Se cree que el accionar de los investigadores está vinculado a una pesquisa sobre un artículo publicado acerca de una frustrada conspiración terrorista.
La historia de AP revelaba detalles de una operación de la CIA en Yemen que logró detener un complot de la red Al Qaeda en la primavera de 2012 para detonar una bomba en un avión con destino a Estados Unidos.
Holder dijo que se había recusado de la investigación porque había sido interrogado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) acerca de revelaciones no autorizadas sobre el tema.
Un comunicado del Departamento de Justicia indica que desde la recusación de Holder en junio de 2012, la investigación “ha sido conducida por el FBI con la dirección del Fiscal y la supervisión del fiscal general adjunto”.
La Casa Blanca intentó desviar las críticas de que había puesto como objetivo a los medios de noticias en su guerra contra las filtraciones.
El portavoz del presidente Barack Obama, Jay Carney, dijo que la Casa Blanca no estaba involucrada en la decisión de buscar los registros telefónicos de AP y que el Departamento de Justicia opera con independencia.
“Sería totalmente inapropiado para el presidente involucrarse en una investigación penal que (…) al menos en lo que se ha informado, involucra filtraciones de información del gobierno”, dijo Carney.
Fuente: AFP
