Una docena de organizaciones civiles lamentaron que los diputados hayan aprobado sin un debate abierto la llamada “ley bala” que autoriza el uso de armas contra manifestantes, en clara violación a los derechos humanos.
En un pronunciamiento público, dichas agrupaciones aseguraron que la legislación “busca “diluir” en realidad el descontento social generado por el gobierno de Rafael Moreno Valle.
“El descontento de la sociedad civil en el estado de Puebla bajo la administración de Rafael Moreno Valle enmarca la aprobación de dicha legislación. Ante la indignación legítima y creciente de la población, el gobierno estatal responde con violencia y estrategias que buscan crear un ambiente de miedo entre sus opositores”, acusan.
Y prosiguen:
“Es evidente que la preocupación del Ejecutivo poblano es la de desmantelar los movimientos que surgieron contra la explotación minera en la Sierra Norte de Puebla, presas hidroeléctricas y gasoductos, pero también de buscar diluir a las manifestaciones que busquen cuestionar el estatus quo actual”.
La Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, aprobada ayer por el Congreso local, establece un protocolo para legitimar el uso de armas letales contra manifestaciones sociales.
Los grupos civiles advierten que la ley aprobada contiene términos imprecisos como manifestación “ilícita” o “violenta” que posibilitan actos represivos por parte de la policía.
“La ambigüedad en referencia a situaciones en las que alguien puede ser detenido deja en un estado de vulnerabilidad a la ciudadanía. Se ha hablado de que el uso de la fuerza letal es el “último recurso” en detenciones, manifestaciones públicas, desastres naturales y emergencias, sin embargo en un estado en el que las autoridades funcionan con opacidad y gozan de impunidad cómo podrá probarse que en efecto fue el “último recurso” y no el primero”, cuestionan.
También hacen referencia a que la aprobación de esta ley en Puebla no es un caso aislado, pues ya se aprobó una legislación similar en Chiapas y eso puede anunciar la posible aparición de iniciativas similares en otras entidades, lo que agudiza la criminalización de la protesta en todo el país.
Firman el documento Contingente Puebla, El Taller, El Nodo de Derechos Humanos, Bordados Puebla, Corazón del Barrio, Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, Red de Mujeres por la Libertad Reproductiva, LadoB, Tetela Hacia el Futuro, Comité Orgullo Puebla, Pacis: Circulación Social y Vida Plena Puebla.
Se suma Ibero a condena
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla también condenó la “ley bala” por considerarla una vía para legitimar y legalizar el uso de la fuerza contra las manifestaciones sociales, así como llevar a cabo detenciones arbitrarias.
En un pronunciamiento, la institución reprochó además que la ley se haya aprobado sin tomar en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil ni a la academia.
Además señala que la ley aprobada el lunes 19 por el Congreso local implica un alto riesgo de criminalización directa e indirecta de toda aquella persona que represente un riesgo a discrecionalidad de las autoridades, lo cual puede derivar en detenciones arbitrarias.
“…detrás del argumento que esta (ley) esgrime sobre la necesaria intervención de la fuerza pública en pro de la ‘salvaguarda de la integridad, los derechos y bienes de las personas’ o de la dignidad misma, en realidad legitima y legaliza el uso de la violencia”, señala el instituto.
También advierte que en otras entidades donde se han aprobado legislaciones similares este tipo de reformas han acabado por restringir el espacio público y generar una represión “desproporcionada” a quienes se expresan y manifiestan.
“El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, al tiempo de externar su preocupación por la reciente aprobación de esta ley, hace un llamado a las autoridades competentes para que revisen que sus acciones y procedimientos estén apegados a los estándares internacionales y no restrinjan derechos ni censuren acciones de exigibilidad como la protesta social en espacios que pertenecen a la ciudadanía”, puntualiza la Ibero.
Fuente: Apro
