México ha presentado este martes su Informe Sombra para el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) en la sede oficial de la ONU, en Nueva York. Y 18 organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, cuestionaron al gobierno mexicano por la falta de resultados y alertaron sobre las brechas de género que aún prevalecen en el país. De hecho, el informe ha coincidido con la divulgación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 que revela que lejos de disminuir, la violencia en la pareja o la familia ha aumentado en los últimos cinco años del sexenio del presidente Felipe Calderón.
El Comité de la CEDAW también criticó al Estado mexicano por la ambigüedad de sus respuestas sobre los supuestos avances de las políticas implementadas a favor de los derechos de la población femenina.
Dubravka Šimonović, una de las 23 mujeres de diversos países que integran el Comité de Expertas de la CEDAW, pidió a las y los representantes del Estado mexicano respuestas concretas y no sólo la enumeración de leyes aprobadas en beneficio de las mujeres.
Y es que ayer la delegación de funcionarias y funcionarios mexicanos, encabezada por el embajador de México ante Organismos Internacionales, Luis Alfonso de Alba Góngora, presentó en la sede de la ONU un informe de las acciones emprendidas para eliminar la discriminación contra la población femenina, como parte de la evaluación internacional sobre el cumplimiento de los compromisos de la CEDAW.
“¿Cual es el nivel de reducción de las diversas formas de violencia contra las mujeres, para pensar que realmente se ha garantizado que ellas vivan seguras? Pido respuestas, no sólo leyes”, cuestionó severamente Šimonović. “¿Cuál es el objetivo que se han trazado? ¿Cuántos asesinatos menos hay? ¿Cuántas desapariciones menos hay para decir que sí han logrado su objetivo?”.
Las expertas restantes del Comité tampoco ocultaron su insatisfacción por las extensas, pero “imprecisas” respuestas de la delegación oficial mexicana.
Soledad Murillo de la Vega, también integrante del Comité de evaluación, manifestó su indignación ante la impunidad en torno a las violaciones sexuales cometidas por fuerzas policiales contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.
“¿Cómo es posible que cuando las mujeres fueron violadas en el traslado realizado por la propia policía, al día de hoy no haya un solo detenido?”, cuestionó la especialista.
Ante la ambigüedad de las respuestas de las y los representantes gubernamentales, la presidenta del Comité de Expertas, Silvia Pimentel, exigió información puntual y concreta.
La jefa alterna de la delegación mexicana, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres Rocío García Gaytán, pidió al resto de funcionarias y funcionarias que dieran respuestas claras a las preguntas que hicieran las expertas de la ONU.
Los discursos vacíos
Las primeras representantes del Estado mexicano en comparecer ante el Comité de la CEDAW fueron la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado, María Serrano, y la responsable de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Dylcia García.
Ésta última dijo al Comité de Expertas que la Conavim tiene “acciones de impacto” para enfrentar la violencia contra las mexicanas, y presumió los bancos de datos para el registro de mujeres desaparecidas, el Protocolo Alba, la Alerta Amber, los Centros de Justicia, entre otras medidas.
En sus respectivos turnos, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas, sólo enlistaron leyes, programas, cursos de capacitación y hasta informes de trabajo de sus dependencias.
La secretaria de Seguimiento de los Programas de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, Mónica Maccise Duayhe, dio a conocer el número de talleres impartidos en formación de la perspectiva de género, y el número de funcionarios beneficiados.
Rocío García Gaytán tuvo que insistir a la delegación del Estado mexicano en que se aterrizaran las respuestas. “Estamos perdiendo un tiempo valioso”, lamentó.
Sobre la violencia contra defensoras de Derechos Humanos y mujeres periodistas, Dylcia García aseguró que se ha actuado de “manera contundente y rápida” ante este “fenómeno”, ya que –informó– se han iniciado 228 averiguaciones previas sobre esos casos, y que 66 se refieren a violencia contra comunicadoras.
Abundó que entre 2010 y 2012, nueve informadoras han sido asesinadas, y que se han emitido 108 medidas cautelares para periodistas y sus familias, incluso dentro de las instalaciones de los medios de comunicación.
No cesan agresiones a mujeres
De hecho, el gobierno mexicano ha fallado en sus estrategias para hacer frente a la violencia contra las mujeres, pues el 46.1 por ciento de las mexicanas de 15 años y más sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Endireh) revela que lejos de disminuir, la violencia en la pareja o la familia aumentó en los últimos cinco años, al pasar de 43.2 en 2006 a 46.1 por ciento hasta el año pasado.
La cultura de violencia en la pareja –así como en la familia, el hogar, la comunidad, el trabajo y en el ámbito escolar– persiste pese a las instituciones y leyes creadas para favorecer la igualdad, la no discriminación y contra de la violencia de género.
Los resultados de la encuesta que se presentó este lunes, fueron divulgados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Contempló –al igual que en 2006– una muestra de 128 mil viviendas en las 32 entidades federativas.
Leyes insuficientes
En México existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y cada estado cuenta con una legislación sobre no discriminación y violencia familiar.
Pese a este marco jurídico, la Endireh 2006 reveló que cuatro de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de maltrato físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por parte de su pareja; condición que según los datos persiste y en algunos casos se agravó.
En 2006 el 37.5 por ciento de las mujeres entrevistadas dijo haber sufrido violencia emocional; cinco años después, el 42.4 por ciento declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación.
Otro indicador muestra que en 2006 el 23.4 por ciento de las mujeres padeció algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de sus recursos monetarios, o bien fue cuestionada por cómo gastaba sus ingresos. Para 2011 la cifra aumentó a 24.5 por ciento.
Los datos revelan que actualmente el 13.5 por ciento de las mujeres confesó haber vivido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales, es decir el porcentaje de mujeres agredidas físicamente se redujo, pues en 2006 el indicador era de 19.2 por ciento.
Las víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas representan el 7.3 por ciento, indicador que también fue a la baja, ya que en 2006 el 9 por ciento de ellas declaró haber sufrido alguna forma de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.
Edomex, un foco rojo
Es de resaltar que el Estado de México tiene los porcentajes más altos de violencia contra las mujeres desde hace cinco años. Actualmente el 56.9 por ciento de las mexiquenses de 15 años o más sufrió violencia de pareja cuando en 2006 era el 54.1.
La Endireh 2011 muestra que en el caso de violencia física, el 15.5 por ciento de las mexiquenses fueron violentadas, lo que les ocasionó daños permanentes o temporales. En contraste, Sinaloa alcanzó el 9.7 por ciento de mujeres maltratadas físicamente.
En un acercamiento a las raíces culturales de la violencia, la encuesta indagó sobre el acuerdo o desacuerdo de las mujeres, frente a ciertos “roles socialmente esperados”: Se encontró que entre las mexicanas aún hay quienes ven normal la violencia.
El 29 por ciento de las encuestadas dijo estar de acuerdo en que “si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí debe quedar”, mientras que el 16.8 por ciento estuvo de acuerdo en que “una esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo que él ordene”.
Además el 14.7 por ciento expresó estar de acuerdo con que “es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja”, lo que alerta sobre la normalización de la violencia de género pese a las esfuerzos institucionales por erradicarla.
Fuente: CIMAC
