Mientras la política del gobierno contra la delincuencia se enfoque en atacar las estructuras criminales en lugar de desmantelar la red de complicidades con políticos y lavado de dinero, “los crímenes, la violencia e impunidad persistirán”, consideró Ina Zoon, coordinadora de proyectos de justicia penal para América Latina de la fundación Open Society.
La activista reprochó el hecho de que en el país, y en específico en el estado de Guerrero, donde se han cometido delitos de lesa humanidad que han exhibido nexos de la clase política con la delincuencia como el caso Ayotzinapa, no existen investigaciones a fondo sobre el nivel de infiltración del crimen organizado en el gobierno y la colusión de autoridades con el narco.
Lo anterior durante la presentación del informe elaborado por la fundación estadunidense denominado Atrocidades innegables: confrontando delitos de lesa humanidad en México, en la sede del Congreso local, donde estuvieron presentes diputados locales y víctimas de la violencia e impunidad que persiste en la entidad.
El documento plantea la necesidad de implementar mecanismos internacionales de derechos humanos y materia penal para investigar y sancionar a las autoridades responsables de la ola de impunidad, inseguridad y violencia que ha dejado una estela de crímenes y desaparecidos en el país.
Además, señala que la intensidad y los patrones de violencia registrados desde 2006 cuando el expresidente Felipe Calderón desató su guerra contra el narco, constituyen pruebas fehacientes de que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas por actores gubernamentales, así como miembros de la delincuencia organizada “son crímenes de lesa humanidad”.
Esta dramática situación, que abarca atrocidades que siguen impunes como los casos Tlatlaya, Ayotzinapa y San Fernando, amerita ser juzgada por tribunales internacionales ante la omisión y graves fallas del sistema de procuración y justicia en el país, indicó en su intervención Eric Witte, director de proyectos especiales de la Open Society.
Al respecto, el diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja señaló que en Guerrero la estadística de homicidios dolosos “es brutal” y resaltó que el trabajo de la Open Society obliga a legislar para tratar de erradicar las malas prácticas que generan impunidad.
Hizo referencia a estadísticas del Inegi donde refiere que se han registrado 67 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que la media a nivel nacional es de 17, reflejo de que la violencia es exponencial, indicó.
Este informe es la continuidad del trabajo presentado en noviembre pasado por la Open Society denominado Justicia fallida en el estado de Guerrero, donde Ina Zoon expresó que tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Europa conocen esta entidad como “fosalandia”, luego de que se visibilizó a nivel internacional el nivel de la narcopolítica y las zonas convertidas en cementerios clandestinos.
Actualmente, el contexto de barbarie, impunidad, corrupción y presuntos nexos de políticos con el narco en Guerrero se mantiene igual que en las administraciones anteriores que se han caracterizado por el nepotismo, la omisión e indolencia para revertir los efectos de la narcoviolencia.
El caso más reciente que exhibe el nivel de pudrición de la clase política en la entidad se refleja en la reciente captura del empresario porteño Joaquín Alonso Piedra, acusado de lavar dinero para el cártel de los Beltrán Leyva en el puerto de Acapulco y su hijo Iván Alonso Bustamante, quien se desempeña como coordinador de vinculación empresarial de la Fundación Colosio en Guerrero, que preside el notario y presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado.
En su edición 2074, la revista Proceso publicó un reportaje titulado “Guerrero en llamas y el gobernador sin control”, donde da cuenta de los presuntos vínculos de Héctor Astudillo y el representante del Poder Judicial, Robespierre Robles, con el presunto operador financiero de Beltrán Leyva en Acapulco.
La red de Alonso Piedra abarca no sólo la esfera priista, sino también a integrantes del PRD, dado que su sobrino José Alberto Alonso Gutiérrez, El Güero, funge como director de Saneamiento Básico de la administración del alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, según reportes oficiales.
Alonso Gutiérrez se desempeña en el mismo cargo desde la pasada administración municipal que encabezó el empresario gasolinero y líder de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Luis Walton Aburto.
Fuente: Apro
