La ley que el Congreso de Uruguay aprobó para regular la producción, venta y consumo de marihuana viola los tratados internacionales a los que el país está suscrito, indicó este miércoles el órgano de las Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de los convenios internacionales sobre drogas.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) lamentó la aprobación del nuevo modelo por parte de un país que ha suscrito las convenciones internacionales sobre drogas y aseguró que los legisladores no tuvieron en cuenta el impacto negativo en la sociedad.
Raymond Yans, presidente de la JIFE, expresó en una nota emitida este miércoles su “sorpresa” al conocer que “un gobierno que es un socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del Estado de derecho internacional haya decidido conscientemente romper las disposiciones legales universalmente acordadas”.
El experto belga consideró que la decisión de los legisladores uruguayos “no tiene en cuenta su impacto negativo en la salud, ya que los estudios científicos confirman que el cannabis es una sustancia adictiva con graves consecuencias para la salud de las personas”, expresó.
La controversial ley aprobada “contraviene a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, de la que Uruguay es parte”, señaló la JIFE en un comunicado.
El Senado de Uruguay convirtió este martes a ese país en el primero que ha legalizado y regulado la producción, venta y consumo de marihuana, superando incluso a Holanda, donde las drogas recreativas son ilegales pero con un política de tolerancia.
En los hogares se podrán cultivar hasta 480 gramos de marihuana al año. Se permitirá la creación de “clubes por membresía” compuestos por entre 15 y 45 personas, quienes podrán cultivar hasta 99 plantas de marihuana.
Estos cultivos deberán recibir la aprobación del gobierno y la marihuana se venderá al público a través de farmacias, que también deberán estar autorizadas. La iniciativa propuesta por el presidente José Mujica en 2012 busca ganar terreno al narcotráfico en el país
Sin embargo la aplicación de la nueva ley genera duda en el país.
El “éxito” de la nueva medida “depende sustancialmente” de que los organismos de control como la Dirección General de Prevención del Tráfico de Drogas, aduanas, policía aeroportuaria y otros “tengan incluso más rigor que en la actualidad”, afirmó este miércoles el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada.
“Tenemos que dejar claras las condiciones de seguridad que hacen a esta compleja cadena de producción, distribución y venta. La clave es que sea segura para los ciudadanos, que evite fugas, y que dé respuesta y tranquilidad a los vecinos”, expresó.
La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, adoptada por 186 países, incluido Uruguay, solo contempla el uso del cannabis para fines médicos y científicos.
La JIFE es un organismo independiente dentro de Naciones Unidas cuya misión es velar por el cumplimiento de las Convenciones de Naciones Unidas sobre las drogas, aunque no tiene competencias para establecer sanciones.
Este año, la JIFE criticó la aprobación de leyes que prevén el uso terapéutico de la marihuana en distintos países y la legalización para el uso con fines recreativos de esa sustancia en Colorado y Washington, Estados Unidos.
El presidente de Uruguay, José Mujica, defendió este fin de semana la medida como una decisión política que “no es bonita”, pero que se toma para no “regalar a la gente al narcotráfico”, según dijo a la cadena uruguaya Canal 4.
El mandatario señaló que el país y sus ciudadanos no estaban “totalmente preparados” para la decisión, que existen dudas, pero que “no pueden paralizar el ensayo de nuevos caminos”.
Fuente: CNN
