Condena ONU la violencia en México

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La violencia en México sigue en un nivel intolerable, aunque el gobierno la mencione menos, advierte el relator de la ONU en su informe sobre nuestro país

Christof Heyns, Relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, presentó este día su informe sobre su visita a México, y en él alerta que la escalada de violencia que inició en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se ha mantenido en el país con el nuevo Presidente Enrique Peña Nieto, por lo que planteó 30 recomendaciones para asegurar el mejoramiento de la protección del derecho a la vida en el país.

En México continúan “experimentando niveles alarmantes de violencia. Incidentes extremadamente violentos, en particular violaciones contra el derecho a la vida, siguen ocurriendo a un nivel intolerable”, dice el informe.

En el documento, el Relator indica que la decisión del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto el hablar menos de la violencia no cambia esta realidad.

“El hecho de que las autoridades públicas hagan menor hincapié en la cuestión de la violencia y la delincuencia podría no significar necesariamente que en realidad haya disminuido el número de delitos violentos cometidos”.

El relator visitó México entre el 22 de abril y el 2 de mayo del año pasado, estuvo en los estados de Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y el Distrito Federal y también se reunió con personas de Tamaulipas y Coahuila.

“Según la información recibida, cerca del 70% de los homicidios registrados en los  últimos años se han atribuido a la delincuencia organizada. Es importante recalcar que  sigue siendo responsabilidad del Gobierno de México prevenir esos asesinatos y actuar con  diligencia para investigar y enjuiciar los que se lleguen a cometer”, dice el informe.

“Se señaló a la atención del Relator Especial el preocupante hecho de que las fuerzas de seguridad pudieran considerar que en el contexto de la lucha del Estado contra la delincuencia organizada no tenía importancia que murieran personas involucradas en el narcotráfico y que ‘el problema se resolvía solo’ cuando un miembro de un cártel mataba a alguien de otro cártel. Esa forma de pensar menoscaba el valor mismo de la vida. Además, al parecer, a menudo se supone que las personas asesinadas o desaparecidas estaban implicadas en actividades delictivas y que, por lo tanto, eran menos dignas de ser protegidas”, agrega.

El reporte hace tres recomendaciones generales:

1. La protección del derecho a la vida, en particular la cuestión de la rendición de cuentas, debería ocupar un lugar central en el plan nacional de derechos humanos que está actualmente en proceso de elaboración.

2. Los funcionarios gubernamentales no deberían hacer declaraciones públicas sobre la licitud de una muerte sin haber examinado los hechos debidamente; de igual manera, jamás debería estigmatizarse a las víctimas de la violencia.

3. Se debería procurar la aplicación pronta y efectiva de la Ley General de Víctimas y garantizar la participación plena y representativa de la sociedad civil y de las víctimas en la aplicación y el funcionamiento de la Ley. México debería asegurarse de que ello ocurra también a nivel local.

También plantea cuatro conclusiones:

1. Parece haber un amplio consenso entre los diversos niveles de gobierno y la sociedad civil en que la solución a largo plazo del problema de la violencia en México pasa por el establecimiento de un sistema sólido de aplicación de las leyes que se ajuste a las normas internacionales relativas al derecho a la vida y otros derechos humanos fundamentales. La necesidad de alcanzar este objetivo lo antes posible debería ser el eje rector de todas las reformas de política y de otra índole.

2. Será de primordial importancia para México y sus vecinos —de hecho para la causa de la protección del derecho a la vida en todo el mundo— que México realice un esfuerzo concertado para apartarse de los sistemas de justicia militar y recurrir en su lugar a la justicia civil. En gran parte, estos propósitos están declarados en las políticas del Gobierno, pero todavía no se han traducido en una aplicación concreta. El aspecto principal de cualquier esfuerzo para seguir por este camino que pueda gozar de credibilidad local e internacional tendrá que ser el establecimiento de un sistema de justicia civil sólido: un sistema en que las instituciones sean fuertes e independientes y estén interconectadas y en que las leyes sean claras, se ajusten a las normas internacionales y formen parte integrante de la cultura institucional y pública.

3. Tal sistema debería utilizarse entonces en forma coordinada y coherente para hacer frente a los delitos del pasado y los delitos nuevos y para sentar los cimientos de un futuro en el que haya una cultura de la rendición de cuentas. La impunidad constituye el talón de Aquiles del sistema actual. Si realmente es verdad —como parecen indicar las cifras citadas— que solo 1 o 2 millares de los más de 100.000 homicidios de la administración federal anterior dieron lugar a una sentencia condenatoria, no es necesario seguir buscando las causas de la violencia desenfrenada que impera en ciertas regiones del país. La rendición de cuentas conforme a lo previsto en la ley es la clave para reducir el altísimo y alarmante nivel de pérdidas de vidas que se asocia actualmente con México, rebajándolo al menos al nivel que tenía en un pasado no tan lejano, y seguir avanzando a partir de ahí.

4. México debería seguir ajustando sus sistemas nacional y estatal al marco internacional de derechos humanos.

Fuente: Sin Embargo

Aquí puedes consultar el informe completo de la ONU:

http://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2014/06/informe-relator-de-la-onu.pdf

 

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