En apenas un año y medio, agencias del gobierno del expresidente priista, registraron en sus sistemas Pegasus los celulares de más de 15 mil personas, de las que se pudieron identificar por lo menos 25 periodistas
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El domingo 18 de junio 2017, el New York Times publicó en su primera plana un amplio reportaje que detonó una bomba informativa en México: un reportaje elaborado con datos de la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D) y del Citizen Lab exhibía operaciones de espionaje realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto con el poderoso spyware Pegasus para intervenir, de manera ilegal, celulares de una decena de periodistas y defensores de derechos humanos en el país, entre ellos Carmen Aristegui e integrantes de su equipo de investigación.
Menos de tres semanas antes de publicarse el texto, una agencia del gobierno mexicano que tiene las características del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) seleccionó el número de Azam Ahmed, entonces corresponsal del New York Times en México, en el mismo sistema Pegasus desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
El número del hombre apareció entre más de 50 mil datos telefónicos seleccionados por agencias gubernamentales clientes de NSO Group que consultó Proceso en el marco del Pegasus Project, una investigación colaborativa que involucra a más de 80 periodistas de 17 medios repartidos en 10 países, coordinada por Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.
Pero el reportero del New York Times y Carmen Aristegui –quien participó también en Pegasus Project- no fueron los únicos blancos del aparato de espionaje de Peña Nieto: en apenas un año y medio, agencias de su gobierno registraron en sus sistemas Pegasus los celulares de más de 15 mil personas, de las que se pudieron identificar por lo menos 25 periodistas –seis de ellos trabajaban entonces en Proceso y uno, el periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, fue asesinado algunas semanas después-, defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares, personas menores de edad y más de 700 políticos y sus familiares, principalmente de partidos de oposición.
Durante un año y medio, agencias de gobierno de Peña Nieto registraron, en promedio, más de 33 objetivos de ciberespionaje al día, a un ritmo varias veces mayor al de regímenes autoritarios como Arabia Saudita, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, Ruanda, India, Azerbaiyán, Hungría o Kazajistán, que también fueron clientes de NSO Group.
Resulta imposible afirmar que, en todos los casos, las selecciones derivaron en ataques y que instalaron Pegasus en los teléfonos de sus víctimas. En aquel entonces para conseguir la infección se necesitaba que el usuario diera clic en un vínculo malicioso, enviado en el contenido de un mensaje de texto o un correo electrónico.
Pegasus es un programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que permite a una agencia de gobierno acceder a prácticamente toda la memoria del teléfono de un objetivo, incluyendo mensajes –SMS, Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería– y correos; también capta la geolocalización, permite consultar el historial, vigilar la geolocalización en cualquier momento, escuchar las llamadas, y tomar el control del micrófono de la cámara cuando lo desee.
Ocho contratos publicados por instituciones y –sobre todo– por la prensa en los últimos nueve años muestran que tres agencias federales de seguridad operaron el sistema Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto: el Cisen, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De estas tres agencias, el análisis de los datos del Pegasus Project apuntan a que el Cisen fue la institución que seleccionó a prácticamente todos los periodistas mexicanos; varias fuentes de seguridad consultadas en el marco de esta investigación colaborativa coinciden en que, de los tres clientes oficiales de NSO Group, el Cisen y la Sedena utilizaban Pegasus sin autorización judicial, dejando abierta la puerta a abusos y arbitrariedades.
De los más de 50 mil datos telefónicos a los que tuvieron acceso Forbidden Stories y Amnistía Internacional, más de 15 mil corresponden a México; durante meses, Proceso y los demás medios aliados los analizaron, cruzaron y verificaron, con lo que pudieron identificar, con un alto margen de certeza, qué agencia del Cisen, de la AIC y de la Sedena seleccionaron a algunas víctimas de Pegasus.
Los datos también sugieren la existencia de un cuarto ente, no identificado, que realizó una menor cantidad de ataques pero los dirigió exclusivamente hacia personajes políticos de primer nivel.
En el marco de esta investigación, los medios asociados buscaron por muchas vías distintas una manera de comunicarse con el expresidente Enrique Peña Nieto, entre ellos sus hijos, un exabogado, el PRI y excolaboradores; algunos no contestaron, y otros dijeron que no tenían forma de hacerle llegar un cuestionario.
En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación internacional, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien era titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) –y por ende responsable del Cisen, negó categóricamente y reiteradamente los hallazgos de esta investigación.
Afirmó que durante su gestión al frente de la Segob, “nunca se autorizó ni se tuvo conocimiento sobre la existencia o el uso del software al que se refieren. También afirmó que “nunca se ordenó ni se tuvo conocimiento del uso de Pegasus, contra nadie”.
Sin embargo, en un comunicado emitido en mayo de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que el Cisen operó Pegasus entre 2014 y 2017, y aclaró que ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –que sustituyó el Cisen– ni la Guardia Nacional “cuentan con el servicio del sistema Pegasus”, ya que “el gobierno del Licenciado Andrés Manuel López Obrador decidió no renovar la licencia de operación”.
Este trabajo forma parte de una serie de reportajes que Proceso publicará a lo largo de la próxima semana en el marco de Pegasus Project, y que exhibirán la magnitud del espionaje ilegal operado desde el gobierno de Peña Nieto.
Amenazado y espiado
El gobierno de Peña Nieto utilizó de forma masiva el malware, en un sexenio durante el cual el país se convirtió en el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, un terrible lugar del que no ha descendido. Durante los seis años de gobierno de Peña Nieto, la organización Artículo 19 registró 2 mil 502 agresiones contra periodistas –un incremento de 129% en comparación con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa–, los cuales incluyen 47 asesinatos.
Cecilio Pineda Brito, periodista en la conflictiva región de Tierra Caliente, en Guerrero, fue una de estas víctimas. En la tarde del 2 de marzo de 2017, el hombre fue asesinado a balazos por dos personas en moto, mientras esperaba en un autolavado de Ciudad Altamirano que le entregaran su camioneta. Un amigo llegó muy rápido en el lugar, donde Pineda todavía respiraba; la ambulancia tardó más de media hora en llegar, y el periodista estaba muerto cuando el vehículo llegó al hospital.
Escasas semanas antes, a principios de 2017, una agencia del gobierno de Peña Nieto –cuyas características corresponden a la Sedena– ingresó en dos ocasiones el número de teléfono del celular de Pineda en el sistema Pegasus.
El día de su asesinato, Pineda había denunciado en su canal de Facebook “Cecilio Pineda, las noticias de un instante” –seguido por cerca de 50 mil personas– los vínculos entre el diputado local Saúl Beltrán Orozco, expresidente municipal de San Miguel Totolalpan, y Raybel Beltrán Jacobo de Almonte, mejor conocido como “El Tequilero”, líder de la banda armada “Los Tequileros”, que cometía secuestros y homicidios en la región.
En ese mismo video, el periodista –cuya carrera empezó en 2005 en Despertar del Sur y transitó por colaboraciones de nota roja en El Universal o La Jornada Guerrero– acusó al gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, de proteger a “Los Tequileros” y de encubrir sus crímenes en la región.
En aquel entonces, Pineda recibía amenazas de muerte a diario en sus redes sociales. Sus familiares dicen que su trabajo periodístico le provocaba crisis severas de ansiedad, ataques de pánico e insomnios; el hombre acusaba directamente a políticos, con nombre, apellido y apodo, por sus vínculos con “Los Tequileros”.
Pineda había sufrido un atentado el 18 de septiembre de 2015, por el cual entró en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; sin embargo, la instancia y el periodista acordaron cerrar el caso en octubre de 2016, porque Pineda no aceptaba su oferta de “extracción” hacia un refugio seguro.
En la última plática telefónica que sostuvo con sus interlocutores del Mecanismo –cuyo audio fue obtenido en el marco de esta investigación–, Pineda afirmó que se le “complica un poco” y que le parecía “muy precipitado” abandonar la región con su familia, y afirmó: “no salgo, no conocen mi ubicación, porque me he mudado de un lugar a otro (…) no saben donde vivo. Y por lo general tengo mis carros escondidos.
“Tengo contacto directo con militares y estatales, en dado caso que hubiera algún problema (…), yo no tengo problemas con los comandos armados aquí, lo que pasa es que pudiera ser, que este grupo contratara a una persona para asesinarme. También me han dicho que quieren matar al cacique de San Miguel Totolalpan”, abundó el periodista, quien refrendó que “el diputado local (Saúl Beltrán Orozco) tiene contacto directo con el gobernador”.
Un amigo de Pineda dice que, antes de su asesinato, el periodista había pedido protección al Ejército porque unas personas lo habían visitado en su casa para pedirle mil pesos. Dado el monto relativamente pequeño exigido, un militar aconsejó al hombre que no se los entregara, pues parecía más una manera de localizarle y de tenderle una trampa.
Entrevistado por la periodista Nina Lakhani, en el marco de esta investigación internacional, el fiscal Olea recuerda que las autoridades determinaron que la ejecución de Pineda fue ordenada por “El Tequilero”. Semanas después del asesinato, las autoridades encontraron en Coyuca de Catalán el cuerpo de Luis Armando López Hernández, uno de los dos supuestos autores materiales.
El hombre también narra que, en 2016 y 2018, dos hombres –entre ellos un israelí, parecido según él a la fotografía de Uri Emmanuel Ansbacher, entonces representante de NSO en México– le enseñaron un programa de intervención de teléfonos que lo convenció, y pidió fondos a la oficina de Astudillo, quien se lo negó en un primer momento, pero en 2018 afirmó que lo compraría.
Días después de atacar con Pegasus a los celulares de Pineda y su novia, la misma agencia del Estado –probablemente la Sedena– lanzó el programa contra los celulares del gobernador Astudillo y de Xavier Olea Peláez, entonces fiscal de Guerrero; y tres meses después del asesinato de Pineda, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lanzó Pegasus para infectar el celular de Saúl Beltrán Orozco, quien había pedido licencia de su cargo de diputado en mayo de 2017, debido a una investigación que la fiscalía local tenía abierta, por el asesinato de un empleado municipal.
El priista, quien en 2015 fue coordinador local de la campaña de Astudillo, reapareció públicamente en 2018, y en una entrevista con medios dio su caso legal “por terminado”; por su parte, Jacobo Raybel de Almonte, “El Tequilero”, murió asesinado en 2019, tras años de cometer crímenes contra la población en total impunidad.
En respuesta a un cuestionario de Forbidden Stories, NSO Group sostuvo que, incluso en el caso de que el teléfono de Pineda haya sido espiado en febrero de 2017, “ello no quiere decir que el cliente de NSO Group o la información recolectada por el software de NSO Group fuera en alguna manera conectada con el asesinato del periodista el mes siguiente”.
“Una correlación no es lo mismo que una causa, y los sicarios quienes asesinaron al periodistas pudieron haberse enterado sobre su ubicación en un autolavado público de múltiples maneras sin vinculo con NSO Group, sus tecnologías o sus clientes”, abundó.
El caso de Pineda se sumó al de Javier Valdez Cárdenas, reconocido periodista fundador de la revista Río Doce, en Sinaloa, cuyo asesinato a plena luz del día, el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, afuera de la sede de la redacción, causó una enorme conmoción en el país, y especialmente en el gremio.
A partir del día siguiente y durante las semanas posteriores, la agencia de gobierno que parece ser el Cisen atacó con Pegasus los celulares de Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, directores Editorial y de Información de la revista, Alejandro Sicairos –fundador de la revista– y Griselda Triana, la viuda de Valdez, según reportó en su momento el trabajo conjunto de New York Times, R3D y el Citizen. Los números de Bojórquez, Villarel, Sicairos y Triana aparecen entre los datos obtenidos por el Pegasus Project.
Bajo escrutinio
A principios del verano de 2016, cinco integrantes de la revista Proceso fueron seleccionados por el gobierno mexicano en el sistema Pegasus: Rafael Rodríguez Castañeda, entonces director; Jorge Carrasco, quien era reportero –y es ahora director–, Alejandro Caballero, entonces coordinador del sitio de Internet, así como los reporteros Arturo Rodríguez García y Jenaro Villamil, ahora titular del Sistema Público de Radiodifusión Mexicana (SPR).
“No me sorprenden los intentos de pinchar mi teléfono”, reacciona Rodríguez Castañeda al enterarse de la posible tentativa de espionaje. “A lo largo de la larga vida de Proceso, a quienes hemos estado en áreas de responsabilidad periodística en la revista nos han acosado de variadas maneras desde los órganos de seguridad y vigilancia del Estado”, abunda.
El exdirector recuerda que, entre los años 70 y 80, Julio Scherer García, el fundador de Proceso –quien fue su maestro– “fue objeto de un continuo trabajo de espionaje ignominioso por parte de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Investigaciones Políticas, de la Secretaría de Gobernación. Él estaba consciente y nunca perdió la naturalidad para desarrollar su trabajo cotidiano”.
Arturo Rodríguez García, por su parte, señala que, en el verano de 2016, se encontraba en Nochixtlán, Oaxaca, para documentar la represión violenta que lanzó el gobierno federal para desalojar un bloqueo carretero –la cual desembocó en la muerte de ocho civiles, por heridas de bala–, cuando recibió un mensaje que decía “No se te vaya a ir la nota”, con un vínculo abajo.
“Abrí el línk y nada. Si no me equivoco, mi teléfono se apagó y se reinició. Algo así. Después lo reinicié y se comportó raro, se ponía en negro”, abunda el reportero. Precisa que en aquel entonces realizaba una cobertura amplia sobre el movimiento social y sus efectos políticos en un contexto de “mucha paranoia gubernamental por lo que se había publicado en los años previos”.
Caballero, por su parte, nunca tuvo ninguna sospecha de que pudiera ser blanco de espionaje.
En las semanas siguientes, el gobierno federal continuó sus selecciones de reconocidos periodistas: ingresó el teléfono de la multipremiada periodista Marcela Turati, exreportera de Proceso, de Álvaro Delgado –también reportero de este semanario en aquel entonces–, así como de Alejandra Xanic von Betrab –galardonada por un premio Pulitzer– y de Ignacio Rodríguez Reyna, ambos inmersos en el proyecto de creación de la organización Quinto Elemento Lab.
En el dispositivo que usaba en aquel entonces –meses después de publicar su libro sobre el pacto electoral entre Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa–, Álvaro Delgado recibió un mensaje acompañado por un vinculo malicioso. El mensaje fue enviado en la tarde del 3 de agosto de 2016, y decía: “Hola Álvaro, únicamente paso a saludarte y enviarte esta nota de The Guardian (sic) que parece importante retomar”. Dicho mensaje coincide con la selección del número del periodista en los datos telefónicos.
“Siempre supe que podía estar en la lista de periodistas espiados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, como no tuve duda que estuve espiado durante el gobierno de Felipe Calderón, y desde antes (…) he sido un periodista muy crítico del priismo, específicamente del peñismo”, dice Delgado en entrevista, y analiza que “El espionaje, cuando se hace de manera ilegal, parte de un régimen autoritario; lo que demuestra este espionaje es el terror que se genera en los ámbitos del poder político sobre resultados de investigaciones periodísticas.”
Marcela Turati, fundadora de la Red de Periodistas De a Pie y enlace de periodistas amenazados o desplazados en el país, subraya: “no me vulneraron solo a mí, hay que recordar que 2016 y 2017 fueron los años de los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdéz. Espiarme a mí, de alguna manera, era espiar a periodistas organizados para enfrentar amenazas y para dar apoyo a periodistas que estaban amenazados, y esto es muy grave”.
En estos años, Turati investigaba, entre otros, sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las masacres de personas migrantes en Tamaulipas. “he sentido vulnerada mi seguridad digital en estos años: desde hackeos, robos de memorias, de bases de computadoras, robos a mi computadora personal, y cosas raras: teníamos bloqueados ciertos IPs, no podíamos entrar a la página del Ejército, cosas así; recibíamos llamadas tratando de desviar nuestras investigaciones, falsas pistas; personas que se presentaban de manera muy rara para dar información que resultaba falsa o peligrosa”.
“Por estas fechas también es cuando empezamos a investigar a los mexicanos en vínculo con el caso Odebrecht, y en particular nos centramos sobre el personaje de (Emilio) Lozoya; fue una de nuestras primeras publicaciones con Quinto Elemento Lab”, dice Rodríguez Reyna.
Alejandra Xanic, también cofundadora de Quinto Elemento Lab, recuerda que “noté que algo extraño ocurría con mi celular por el contenido de los mensajes de texto; tengo la impresión de que los primeros fueron genéricos, como si fueran SMS de un corporativo, pero después llegaron otros hechos a la medida: en uno me decían ¿no has visto la nota en MILENIO que involucra a Nacho (Rodríguez Reyna) con narcotráfico? refiriéndose a un colega de trabajo”.
“El mensaje que capturó mi atención llegó cuando tenía la guardia baja. Mis alumnos en la universidad estaban haciendo algún ejercicio cuando capté en la pantalla del celular que alguien me escribió algo como: acaba de morir mi mamá, te necesito cerca. Le dí click. El celular comenzó a tener un comportamiento errático. Esto pasó mucho antes de que fuera público el espionaje a otros periodistas y activistas. Me recomendaron deshacerme de él”.
La lista no termina aquí: en cuestión de días, esa agencia –probablemente el Cisen– también trató de intervenir el dispositivo Ricardo Raphael, de la conductora Yuriria Sierra y de Luis Herández Navarro, editor en La Jornada.
“Hay una broma que circula”, comenta Hernández: “Que uno sea paranoico no quiere decir no lo persigan. Aparecer en la lista de periodistas espiados confirma que la ironía puede ser la mejor forma de capturar la libertad” (…) detrás del espionaje por parte de poderosos, no solo hay una grave violación al derecho a la privacidad, sino también el reconocimiento de su incapacidad para entender lo que realmente acontece en la sociedad”.
Sierra, por su parte, reflexiona que “no tenía ni idea pero tampoco me extraña porque soy periodista en México, y este sistema de Pegasus lo usan aquí desde hace años (…) me molesta porque vulnera el derecho a la privacidad, pero no me asusta”.
El gobierno de Peña Nieto también buscó espiar a periodistas cercanos al régimen priista, como el columnista Salvador García Soto, así como Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, Raymundo Riva Palacio, fundador de Eje Central, los columnistas Ricardo Alemán y Pablo Hiriart –quienes cobraron 8 y 5 millones de pesos de publicidad oficial en 2018, respectivamente– o Lourdes Mendoza, acusada por Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, de recibir regalos y pagos de Luis Videgaray Caso.
Gobierno Espía
El 17 de mayo de 2017, ante los gobernadores de los 32 estados de la República o sus representantes, Peña Nieto adoptó un tono serio, e incluso pidió un minuto de silencio por “todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente, en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado”.
Después de un largo discurso en el que habló de su indignación ante la violencia contra la prensa, concluyó: “Lucharé hasta el último día de mi mandato, a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita”, y hasta aseveró: “México tiene que distinguirse por salvaguardar la libertad de prensa. México tiene que distinguirse por proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos”.
Apenas tres meses antes, se había documentado que su gobierno había tratado de espiar a Alejandro Calvillo, el doctor Simón Barquera y Luis Encarnación, todos promotores del impuesto a los refrescos para combatir la grave crisis de diabetes. Y apenas un mes después se publicó el reportaje del New York Times, el cual mostró una magnitud mucho mayor del espionaje ilegal, y sumó “GobiernoEspía” a la larga de lista de escándalos que mancharon la administración de Peña Nieto.
El reportaje documentó por ejemplo que la periodista Carmen Aristegui, su hijo –entonces menor de edad–, así como los periodistas Sebastián Barragán y Rafael Cabrera, integrantes de su equipo de investigación –quienes revelaron el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto– habían sido víctimas de reiteradas tentativas de espionaje a partir de principios de 2015.
Los datos telefónicos del Pegasus Project muestran que el gobierno del mexiquense también ingresó en sus sistemas de Pegasus a una hermana de Aristegui, así como a una de sus asistentes en CNN y su productora en el portal de noticias en Internet Aristegui Noticias, que abrió después de ser expulsada de MVS Radio, propiedad de Joaquín Vargas Guajardo, por presiones políticas.
“Fue una gran sorpresa ver otros cercanos míos en la lista”, dice Aristegui, y agrega: “tengo seis hermanos, y al menos uno de ellos, mi hermana, estuvo seleccionada en el sistema (…) mi asistente sabía todo de mi; tenía acceso a mi agenda, a todos mis contactos, las 24 horas y los siete días de la semana”.
El reportaje de Ahmed también reveló que el gobierno federal trató de espiar directivos del Centro de Derechos Humanos Juan Agustín Pro (Centro Pro); Juan Pardinas, entonces director del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO) –ahora director de Reforma– y Alexandra Zapata; el conductor de Televisa Carlos Loret de Mola, así como los periodistas Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, entonces integrantes de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Días después, la revista Eje Central publicó un reportaje en el cual citó informes internos del Cisen, los cuales reportaban 729 operaciones de espionaje llevadas a cabo entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre de 2015 “a través de un malware que tiene capacidades idénticas al de origen israelí, conocido como Pegasus”.
Entre los nombres que señalaba el reportaje figuraban los de los periodistas Carmen Aristegui y Raymundo Riva Palacio, así como José Ramón López Beltrán, funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), artistas, familiares de políticos, funcionarios de alto nivel –como Alfonso Navarrete Prida, entonces secretario de Trabajo y Previsión Social–, abogados, medios, activistas, sindicalistas, jueces y legisladores.
Después del escándalo, varias víctimas de espionaje interpusieron una denuncia ante la extinta PGR, que abrió una carpeta de investigación. El 12 de julio de 2017, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH exhortó a que la investigación sea “exhaustiva e independiente”; por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Sedena, la PGR y el Cisen que realicen una investigación sobre los abusos de Pegasus “con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia”.
Cuatro años después, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha dado a conocer los resultados de su investigación, ni ha judicializado el caso. La intervención de comunicaciones sin mandato judicial es un delito planteado en el artículo 177 del Código Penal Federal, el cual prevé penas de 6 hasta 12 años de cárcel.
“No podemos decir que esto ya se terminó, porque no sabemos qué ha hecho este gobierno por la denuncia que se puso en el tema de Pegasus, y tampoco vemos una depuración de las estructuras en algunas áreas de la PGR, donde se han albergado las cabecillas de estos grupos dedicados al espionaje”, deplora Turati.
“¿Qué alcances tuvo esto? ¿a quiénes sirvieron con este espionaje? ¿cómo vulneró este espionaje el trabajo y la seguridad de personas que luchan por sus derechos ? Pienso en activistas en defensa del territorio, el agua y tantos más que han estado en tan grave riesgo y acecho. ¿A quiénes sirvió? ¿cómo conectan estas tramas diversas? Lo que exhiben es de suma importancia. Faltará tener muy claras respuestas”, reflexiona Xanic.
Carmen Aristegui y Sebastián Barragán (Aristegui Noticias), Paloma Dupont de Dichenin (FS), Juan Omar Fierro (Proceso), Nina Lakhani (The Guardian), Lilia Saúl (OCCRP) y Mary Beth Sheridan (Washington Post) colaboraron en la realización de este reportaje.
Fuente: Proceso
