En los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto se han contabilizado más agresiones contra activistas que durante los últimos dos años de la gestión de Felipe Calderón, según el informe “Defender los derechos humanos en México: La represión política, una práctica generalizada”.
Por Anayeli García Martínez
De acuerdo con documentos del Comité Cerezo México, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh), de junio de 2014 a mayo de 2015 se registraron 448 eventos en los que se violentó, amenazó o agredió a 47 organizaciones, 35 comunidades y 248 personas, de las cuales 78 son mujeres.
Dichas cifras indican que la violencia aumentó, ya que en los últimos dos años del gobierno de Calderón se registraron 192 eventos, mientras que en lo que va de la administración priista se han contabilizado 629.
Durante la presentación del informe en el Centro Universitario Cultural, Alejandro y Francisco Cerezo, coordinadores de Acuddeh y del Comité Cerezo México, respectivamente, destacaron que en la revisión de los tres últimos informes se encontró que la forma más utilizada para evitar el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos es el hostigamiento, es decir, cuando los perpetradores tienen acercamiento físico con sus víctimas para “causar mayor impacto”.
Según las agrupaciones, ahora existen “menos amenazas”, ya que la política de Estado (que involucra a todos los niveles de las autoridades) es “atacar y agredir” a las personas defensoras, lo que significa que las autoridades ejercen la represión política para acallar las exigencias sociales.
Entre los casos documentados resalta la represión contra jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California, por parte de elementos de seguridad del estado, luego de que en marzo los campesinos realizaron diversas protestas para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo.
También se registró la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero, perpetrada el 26 en septiembre de 2014, así como el hostigamiento a sus familias y simpatizantes que exigen su presentación con vida.
Un caso más fue la presunta violación sexual cometida por policías contra tres maestras de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en el puerto de Acapulco, quienes exigían el aumento de sueldos y plazas para personal docente.
Al respecto, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, sostuvo que la labor de los defensores es clave para la construcción de la “verdadera democracia”, porque ellos colaboran en las trasformaciones sociales.
Ante las agresiones físicas contra activistas, criticó que se use una estrategia de “terror” para reprimir la organización y la protesta social, estrategia que el Estado gradualmente va perfeccionando, dijo.
“La represión, el acoso y el uso del terror es una práctica desgraciadamente generalizada en México”, remarcó Concha Malo al destacar que eso se da en todas las entidades del país para limitar o anular a grupos disidentes, tal como sucedió en los años 70 durante el periodo conocido como “guerra sucia”, cuando se cometieron detenciones arbitrarias, torturas o ejecuciones.
De igual manera resaltó la “poca o nula” respuesta del sistema de justicia para detener los ataques a defensoras y defensores, lo que evidencia que las instituciones “se quedan cortas” para hacer efectivo el derecho a la justicia y reparar el daño, apuntó.
“Pareciera que estamos condenadas y condenados a padecer esta impunidad y corrupción que se ha instalado como un cáncer en las instituciones de gobierno”, lamentó.
Fuente: Cimac/ Apro
