La estrategia del presidente Enrique Peña Nieto de conjugar a las fuerzas armadas y las policiales del Estado, así como a las municipales en la lucha contra el narcotráfico y en labores de seguridad agravó la crisis de derechos humanos y desató una mayor violencia contra la población civil, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por J. Jesús Esquivel/ Proceso
En su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en México en 2015, el órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó la falta de rendición de cuentas en el gobierno de Peña Nieto frente a las graves violaciones de las garantías individuales en el país.
“México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años”, asegura el documento y explica que esta situación comenzó en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón dio el banderazo de inicio a la lucha militarizada contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ahora se mantiene, agrega, por la emulación que de ella ha hecho Peña Nieto.
De 236 páginas, el reporte de la CIDH destaca que por la lucha militarizada contra el narcotráfico de Calderón Honojosa y de Peña Nieto, en México “las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes”. Ello provocó la muerte de más de 100 mil personas, miles de desapariciones y el desplazamiento de millares de personas por todo el país.
“Esta situación ha desatado mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en las que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a las estándares internacionales”, recrimina el examen elaborado por la CIDH.
En su valoración, el órgano jurídico interamericano reconoce que desde 2011 el gobierno mexicano ha instrumentado reformas constitucionales y ha adoptado protocolos para investigar casos de tortura y desaparición forzada de personas. No obstante, sostiene que el gobierno de Peña Nieto no cumple con estos compromisos.
“Sin perjuicio de estos avances, la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país en su acceso a la justicia, prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales”, resalta el informe.
Procuración de justicia simulada
Para matizar el punto del incumplimiento del gobierno del presidente priista en la instrumentación de mecanismos para proteger los derechos humanos, la CIDH apunta que al recoger testimonios de ciudadanos víctimas de la violación de sus garantías individuales y de la violencia, estos calificaron como “una simulación” a la procuración de justicia en México.
Según la CIDH, entre el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto “no han habido cambios sustanciales” en la instrumentación de políticas de seguridad y como resultado de ello, ni en los niveles de violencia que azotan y se registran con incrementos en el país.
“Son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos”, estipula el informe.
Por si fuera poco, agrega, “México es considerado, además, como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en guerra”.
En cuanto a las políticas de seguridad aplicadas en el actual gobierno, la CIDH denuncia que en algunos estados del país “va en aumento” el número de casos de personas desaparecidas, pese a que la cantidad de este tipo de delitos ha bajado a nivel nacional desde el 2013.
La realidad que se vive en México sobre la desaparición forzada de personas obligó a la CIDH a comparar la actualidad de este problema de derechos humanos con el que se vivió en la década de los años 60 y 80 del siglo pasado, durante la llamada Guerra Sucia.
“Especialmente grave es la información amplia y consistente recibida por la CIDH a través de sus distintos mecanismos, sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas”, se lee en el informe.
Los ejemplos de la impunidad
La razón de que en México se vive una profunda crisis de violación a los derechos humanos, según la CIDH, es la “impunidad” que impera en el gobierno de Peña Nieto para castigar a los responsables de estos delitos internacionales.
“Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares (de las víctimas) en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias. Y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias”, sostiene la CIDH.
El problema de impunidad en la actual administración, de acuerdo con el informe, no es una simple percepción, sino el resultado de las investigaciones de organismos nacionales e internacionales dedicados a la defender los derechos humanos.
Como un ejemplo de impunidad, el organismo cita el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
Entre los casos que la Comisión menciona como las violaciones más graves a los derechos humanos en México, con un alto grado de impunidad y la participación de agentes del Estado, pone especial énfasis en la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014; así como la muerte de civiles en Apatzingan, Michoacán en enero de 2015.
Sobre éste último, resalta el enfrentamiento entre agentes del Estado y presuntos criminales en Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, en junio de 2015, incidente en el que perdieron la vida 42 civiles y un policía federal.
“Con el paso del tiempo y la investigación, los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerza armadas, a la alteración de la escena del crimen a fin de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos e irregularidades en las investigaciones”, sentencia el órgano jurídico de la OEA.
El reporte de la CIDH es el resultado de la “visita in loco” que realizó este organismo interamericano a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. Entre las conclusiones a las que llegó es que bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, las ejecuciones extrajudiciales, la práctica de la tortura, la desaparición forzada de las personas y la impunidad se mantienen como el común denominador en las violaciones a los derechos humanos.
“El gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de derechos humanos”, concluye en su reporte la CIDH.
Fuente: Proceso
