La procuradora general de la República, Arely Gómez, advirtió que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continuará con o sin la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Las reuniones con los padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, así como con los representantes y sus abogados, también seguirán, dijo la funcionaria federal.
“Se van a seguir las líneas de investigación hasta dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”, subrayó la procuradora, por lo que propuso mantener abierto el canal de comunicación, es decir, continuar con el mecanismo establecido de reuniones de trabajo periódicas.
Gómez declaró lo anterior en una sesión en la que estuvieron presentes familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, así como Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; José Guadalupe Medina Romero, subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, y José Aarón Pérez Carro, titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala.
Por su parte, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, aseguraron que buscarán que los integrantes del GIEI “se queden de manera indefinida en México hasta que concluyan las investigaciones”, y exigieron al gobierno federal que deje de espiar sus teléfonos y se concentre en la búsqueda de los estudiantes.
En conferencia de prensa al término del encuentro con la procuradora general de la República, los padres de familia aseguraron que el gobierno federal no logrará dividir a los familiares y sus representantes y demandaron que se detengan las campañas de difamación y desprestigio porque no funcionará su intención de separarlos.
Encabezados por el abogado Vidulfo Rosales, alrededor de 35 padres de los 43 estudiantes desaparecidos participaron en la reunión con los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al respecto, Felipe de la Cruz señaló que el encuentro fue “duro”, ya que se reclamó a los servidores públicos el que hubieran revelado los resultados del tercer peritaje practicado en el basurero de Cocula sin que antes informaran a los familiares de las víctimas.
“Es aberrante que el gobierno insista en ubicar el caso en el basurero de Cocula. La investigación debe seguir abierta aunque los expertos internacionales no se queden”, señaló Felipe de la Cruz.
Fuente: Apro
