Para recibir al subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, los deudos y víctimas de Nochixtlan colocaron sobre la mesa de diálogo cartuchos percutidos, bombas de gas detonadas y otros objetos relacionados con el operativo policiaco del pasado 19 de junio, que dejó ocho muertos, más de cien heridos y dos desaparecidos.
Alrededor de las 11:30, el funcionario federal arribó a la escuela Abraham Castellanos, en esta localidad, donde se lleva a cabo el encuentro acordado la semana pasada en la Secretaría de Gobernación.
Con un convoy de 10 vehículos, Campa ingresó a las instalaciones mientras decenas de profesores y habitantes coreaban: “asesinos, asesinos”.
Las consignas continuaron por lo menos 10 minutos tras el ingreso de la caravana, lo que hizo que la reunión iniciara minutos después de la hora convenida.
Contra lo expuesto por Campa la semana pasada, la comisión de Nochixtlan, integrada por representantes electos de los barrios, aseguró que no había hasta ahora un compromiso concreto sobre la reparación integral del daño.
Dicha comisión también fue la encargada de recibir el convoy del gobierno federal, al que le abrieron paso en el bloqueo que se mantiene en la autopista Tehuacán-Oaxaca, donde inició el sangriento operativo.
Durante su recorrido, el convoy del funcionario pasó por la zona donde cayeron las ocho personas y donde aún se encuentran los restos de los vehículos y tráileres incendiados durante el ataque a la población.
Exigen intervención de la ONU y la CIDH
Ante la desconfianza que existe en las instancias gubernamentales, maestros, familiares y autoridades municipales demandaron la instalación formal de una fiscalía federal para el caso Nochixtlán, pero con la intervención de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así lo dio a conocer el secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jerónimo Martínez Ambrosio, quien adelantó que esa es la propuesta que harán al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en la reunión de este jueves.
Además exigirán una disculpa pública a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Gabino Cué Monteagudo por la “masacre” y “ejecuciones extrajudiciales” que cometió la policía federal y estatal en esta localidad el pasado 19 de junio.
Martínez Ambrosio pidió al gobierno mexicano que solicite y autorice la presencia de la CIDH y otros organismos internacionales para que intervengan en la investigación de los acontecimientos de aquel día porque “no podemos, en ningún momento, conformarnos con que la investigación se haga por los propios personajes que ejecutaron los hechos”.
En tal virtud, apuntó, “nos encontramos ante un escenario de intervención internacional necesaria porque los hechos más recientes en México hacen ratificar la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, gobiernos y el mismo Estado mexicano. Por estas razones, es necesaria la intervención de organismos internacionales”.
Insistió que es necesaria la intervención del Alto Comisionado de la ONU para que certifique el trabajo, la agenda y las tareas que se tienen que realizar a partir de esta formalización. Luego entonces, una de las exigencias básicas de los familiares es que el mismo gobierno mexicano solicite y autorice la presencia de la CIDH.
Y es que aquí “el punto fundamental del reclamo de las comunidades es la búsqueda de la verdad y la justicia. Esos aspectos engloban la parte de la reparación del daño acompañada de una disculpa pública por parte del gobierno mexicano”, subrayó el líder magisterial.
Precisó que esa disculpa “no solo tiene que ver con la declaración de autoridades federales, sino con el señalamiento de los culpables y que, a ojos de todo el mundo, tiene que ver con todos los elementos, la suma de evidencias y testimonios ante organismos defensores de derechos humanos que recae en las autoridades estatales y federales”.
Luego de quejarse de que la Comisión Federal de Electricidad les cortó la energía eléctrica de manera dolosa, Martínez Ambrosio advirtió que no permitirán que el gobierno federal pretenda desviar la atención en las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación.
Sobre la atracción del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que todavía no tienen información oficial, y que corresponde a Peña Nieto tener “la suficiente valentía” para promover una iniciativa que ponga en juego las facultades legislativas para derogar la mal llamada reforma educativa.
Por su parte, Isabel García Velasco, integrante de la Comisión Política, resaltó que el conflicto ya no es magisterial, sino que se trata de una lucha popular, porque ya es del pueblo. Entonces, la asamblea de la Sección 22 debe ser muy inteligente para trazar una ruta, dijo, porque el objetivo es la abrogación de la reforma educativa, “y si para esto tenemos que mantenernos en lucha días, semanas o meses, lo tenemos que hacer”.
Fuente: Proceso
