A finales de 2009 la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems vendió lanchas y aviones a Pemex, así como sensores para los ductos de la paraestatal con el propósito de combatir el huachicoleo, pero éstos nunca se usaron. La firma israelí operó con tres brókers panistas: el exprocurador Antonio Lozano Gracia y los hermanos José Luis y Jorge Salas Cacho, quienes se embolsaron una millonada “al margen” del contrato.
Durante el sexenio de Felipe Calderón la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems vendió material bélico y de espionaje a Pemex –para combatir la ordeña de ductos– valuado en 110 millones de dólares. Al margen del contrato, transfirió más de 140 millones de pesos a cuatro compañías mexicanas, tres de las cuales pertenecían a destacados panistas: el exprocurador Antonio Lozano Gracia y los hermanos José Luis y Jorge Salas Cacho.
La operación confidencial movilizó a varios actores. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y la propia Presidencia dieron su visto bueno; Pemex pagó a Rafael y éste a sus operadores en México: los hermanos Salas Cacho, valiéndose de sus conexiones al más alto nivel en la petrolera, fueron los brókers; una empresa llamada Petrolatin fungió como enlace, y el despacho de Lozano Gracia pulió el aspecto jurídico.
La administración de Enrique Peña Nieto nunca utilizó la tecnología para frenar el robo de combustible, pero continuó los negocios con la empresa de Israel. En un contrato firmado el 23 de diciembre de 2015, en plenas vacaciones y a dos días de Navidad, la Policía Federal le compró una plataforma de espionaje por 2 mil 459 millones de pesos.
En junio pasado Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que el contrato tuvo un sobrecosto e irregularidades, y dejó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador un adeudo de mil 300 millones de pesos. Durazo indicó que denunció el caso ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública.
El primer contrato de Rafael en México, firmado el 18 de noviembre de 2009 por Pemex Exploración y Producción (PEP) y los ejecutivos israelíes, incluía la instalación de sensores en ductos, así como la compra de una decena de aviones y lanchas no tripulados, que serían controlados desde dos Centros de Comando (C4) en Monterrey y Villahermosa.
El documento no contemplaba ningún pago para los intermediarios mexicanos. Las transferencias de Rafael fueron producto de un trato con Petrolatin, que a su vez subcontrató a los panistas. Héctor de la Garza Poinsot, fundador de Petrolatin, estima que su empresa cobró alrededor de 40 millones de pesos, el despacho de Lozano Gracia cerca de 45 millones, y los hermanos Salas Cacho, 60 millones.
“A mí no me convenía fiscalmente que me pagaran todo; negocié con Rafael, que mejor les pagaran ellos. Ahí está todo en orden”, dice De la Garza.
El documento del Deutsche Bank
Los depósitos debían permanecer en secreto. Sin embargo, en abril de 2013 el equipo antilavado de la oficina del Deutsche Bank en Estados Unidos envió un reporte de actividad sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen), sobre una serie de 312 transferencias extrañas realizadas por Rafael Advanced Defense Systems Ltd entre enero y marzo de 2013, por un total de 135 millones de dólares.
Casi todos los receptores eran otras empresas israelíes, excepto cuatro mexicanas: Antonio Lozano Gracia y Asociados; Petrolatin, SA de CV; Grupo Empresarial Saca, SA de CV y Gestión y Desarrollo, SA de CV –de José Luis y Jorge Salas Cacho, respectivamente–.
El documento forma parte de los más de 2 mil 100 reportes de actividad sospechosa de Fincen obtenidos por BuzzFeed News, que compartió los archivos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que durante 16 meses coordinó a 400 periodistas de 110 medios en el mundo –entre ellos Proceso– en la investigación global llamada Fincen Files.
En entrevistas separadas, Lozano Gracia y De la Garza defienden la adquisición del material y su papel en la operación. La tecnología era eficiente, sostienen ambos; incluso aseguran que el gobierno de Peña Nieto no la usó para combatir el huachicoleo.
Cuando llegó a Los Pinos, dicen, el mexiquense nombró al frente de la seguridad de Pemex a su exjefe de escoltas, al general Eduardo León Trauwitz, quien se encuentra prófugo desde mayo de 2019, acusado de delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos.
Lozano Gracia, quien reivindica una “amistad” de muchos años con Calderón –fue secretario general del PAN cuando el michoacano era presidente del partido–, asegura: “Jamás traté un asunto profesional” con él.
Tanto él como De la Garza aseguran que se distanciaron de los hermanos Salas Cacho. El primero dice que por un pleito legal privado; el segundo, porque “no me gustan sus formas de operar”.
José Luis Salas Cacho es un empresario polémico y ha sido un personaje influyente en el PAN en las últimas cuatro décadas. Fungió como operador financiero en diversas campañas electorales, notablemente la de Vicente Fox, durante cuyo sexenio fue asesor externo de Pemex y a la vez integrante del consejo de administración de Transportación Marítima Mexicana, una empresa que recibió 219 millones de dólares de la petrolera.
Cercano a Lozano Gracia, ambos participaron activamente en la campaña de Manuel Clouthier en 1988, representaron el PAN ante el entonces Instituto Federal Electoral en los noventa; en 2007 el periodista Roberto Rock señaló que Salas Cacho y Lozano Gracia estuvieron involucrados en gestiones dentro de Pemex para construirle un “patrimonio clandestino” a la familia de Fox.
Salas Cacho participó en polémicos megaproyectos, como el fracasado centro Dragón Mart, en Cancún, y actualmente forma parte de un litigio para controlar el parque industrial gigante Logistik en San Luis Potosí.
Después del contrato con Pemex y durante el gobierno de Peña Nieto, los hermanos Salas Cacho continuaron el negocio del espionaje con Rafael Advanced Defense Systems. Proceso los buscó, sin éxito, primero a través de un abogado y después a sus celulares; también buscó vía correo electrónico la versión de Rafael en Israel y en México. No hubo respuesta.
La embajada de Israel también se negó a responder un cuestionario. Durante semanas esta revista buscó a la SSPC pero no recibió una respuesta formal, y cuando preguntó a Pemex sobre el estado del material, tampoco tuvo suerte.
La trama
Los negocios de Rafael son secretos: la empresa sólo vende a autoridades públicas, pero ningún contrato aparece en sus registros. Todas las instituciones a las que Proceso mandó solicitudes de información dijeron que no encontraron contratos, incluyendo la SSPC y la Guardia Nacional –que sustituyó la Policía Federal–, aun cuando Durazo Montaño denunció el contrato entre Rafael y esta policía.
De la Garza rememora que en 2007 el colombiano Moisés Jacobo Bibliowicz Volovitz, quien representaba a Rafael en América Latina, lo contactó.
“Me dice: ‘Héctor, ¿por qué no nos ayudas a Rafael y a mí para hacer negocios en México?”, recuerda el empresario petrolero, quien durante dos décadas representó al gigante suizo Glencore en México.
Y añade: “Hicimos varios intentos, pero el mundo de la venta de inteligencia es muy complicado, muy cerrado; es solamente para un grupito de gente”.
Las tecnologías extranjeras se mueven en un círculo de agentes, militares en función o retirados e intermediarios que operan en completa opacidad y siempre al borde de la ilegalidad, a veces incluso en configuraciones de delincuencia organizada. El negocio despegó durante el sexenio de Fox y tuvo su auge durante los de Calderón –con el impulso de Genaro García Luna– y de Peña Nieto.
Miles de millones de pesos fueron gastados en productos de las empresas israelíes Verint Systems, Nice (NiceTrack) y NSO (Pegasus), Teletron, Nice Systems o Elbit Systems, así como a la alemana Gamma Group (FinFisher) o la italiana Hacking Team (Remote Control Systems).
Acceder a los compradores requiere conexiones en las administraciones. Para De la Garza éstas fueron los hermanos Salas Cacho. Recuerda que José Luis le dijo: “‘Oye, Héctor, ¿tú conoces a una empresa de inteligencia y seguridad? Porque en Pemex están interesados en un sistema para evitar el robo de combustible’.
“José Luis es un político y conoce a mucha gente en México. Estaba muy bien relacionado; tenía acceso a que lo recibieran subdirectores, gerentes, que le platicaran cosas; fue asesor ahí en Pemex, conocía a todos los directores. Muchos de ellos empezaron con Fox y se quedaron con Calderón. No el director general, pero sí los de abajo, el de PEP, de Refinación, de PMI.
“Y Javier, su hermano, estaba muy bien relacionado a nivel más bajo. Tenía mucha información sobre qué iban a comprar, qué requerían; información importante para una compañía como Rafael”, señala De la Garza.
Dice que la oferta de Rafael recibió luz verde de los militares, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y del propio presidente Calderón, quien estuvo presente en una muestra en el C4 de Monterrey. La Sedena iba a utilizar los aviones no tripulados y la Marina las lanchas, no sólo para combatir el robo de combustible, sino para sus actividades propias.
“Acuérdate que en esa época Pemex estaba muy rico, porque el barril de petróleo estaba en 100 dólares. Y el que tenía más dinero era PEP; entonces PEP financiaba muchas cosas de Sedena y de Marina; los compraba, pero era para ellos, porque no tenían presupuesto”, explica al reportero.
De la Garza agilizó el contrato de Pemex con Rafael: uno, el principal, por 80 millones de dólares “y algo”; otros tres anexos por 12, 10 y siete millones de dólares. respectivamente A cambio, Petrolatin representó a Rafael en México, y subcontrató a los Salas Cacho y a su amigo Antonio Lozano Gracia para la supervisión.
De la mano de su mentor Diego Fernández de Cevallos, Lozano militó en el PAN entre 1979 y 2012 y llegó a formar parte de su cúpula; fue procurador general durante el sexenio de Ernesto Zedillo; a la par se involucró en negocios. Él y sus socios fueron funcionarios: uno de ellos, César Nava Vázquez, fue secretario particular de Calderón y abogado general de Pemex durante el sexenio de Fox.
Llevaron casos penales, como la defensa del exgobernador sonorense Guillermo Padrés Elías, pero también asuntos fiscales, administrativos, de “obra pública”, civiles o mercantiles, entre otros.
Cuando recibe a Proceso, el abogado tiene los contratos con Rafael, pero se niega a enseñarlos al reportero –“firmamos un convenio de confidencialidad”, dice–. Afirma que él y sus colaboradores trabajaron como “pinches peones que arrastramos el lápiz”.
Los primeros pasos en México
El penalista afirma que “se juntó una propuesta inteligente, integral, a un problema ingente, pues el robo de combustible costaba 2 mil millones de dólares. También pesaba que fueran representantes del gobierno de Israel. Tecnológicamente, los señores israelitas son realmente top”.
Top, y con una sólida presencia en México. Según un informe de la organización palestina Stop The Wall publicado en junio pasado, las empresas israelíes Elbit Systems, International Security and Defense Systems, Israel Aerospace Industry, Nice Systems o Plansan Sasa operan en el país.
El documento no menciona a Rafael, pero dice que las empresas empezaron a vender material bélico en 1972; en las décadas siguientes su tecnología fue usada tanto en tareas de contrainsurgencia –contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional–, en labores de inteligencia –y sus derivas del espionaje ilegal– y en la militarización de la frontera sur.
El negocio de los ductos de Pemex fue el primer paso de Rafael en México: en 2014 la empresa paraestatal abrió una filial, llamada Rafael Sistemas de Seguridad, SA de CV. Petrolatin hizo el trámite y sus empleados consiguieron el local, rentaron departamentos y plancharon la contabilidad.
Su primer apoderado legal fue Rogelio López-Velarde Estrada, el presidente del despacho Dentons en México, el cual representa a decenas de empresas extranjeras en el país. López-Velarde –quien ya no es empleado de Rafael– tiene fuertes conexiones en el sector energético mexicano, pues ha representado a numerosas petroleras. Actualmente es consejero externo de la Comisión Reguladora de Energía.
Después de la creación de la filial de Rafael, la empresa dejó de trabajar con Petrolatin. “Didi (Eddy Lieberman) ni siquiera me llamó para darme las gracias ni nada”, lamenta De la Garza.
Y añade: “Luego siguieron ellos con los Salas Cacho, hasta la fecha. Y te digo que lo siguen haciendo, porque me los he encontrado aquí con los israelitas en varios restaurantes, en hoteles de la Ciudad de México”.
Reportaje publicado en la edición 2291 de la revista Proceso, ya en circulación.
