La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que en el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 245 agresiones contra defensores de derechos humanos, 22 asesinatos de activistas y cinco integrantes de sus familias por motivos relacionados con las causas que defendían. Además, desaparecieron otros seis activistas.
El representante adjunto en México de la ACNUDH, Jesús Peña Palacios, al presentar en esta capital el informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México.
La ACNUDH en México registró que el mayor número de agresiones contra defensores de derechos humanos durante el periodo analizado se cometió en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal.
El representante dijo que entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012 —es decir, los dos últimos años del gobierno de Calderón— la organización registró 89 agresiones en el país, de las que 38% fueron amenazas, 13% injerencias arbitrarias, 12% hostigamientos, 11% privación arbitraria de la vida, 11% detenciones arbitrarias, 6% atentados, 7% uso arbitrario del sistema penal y 2% desaparición forzada.
Respecto de los presuntos responsables de las agresiones se encontró que en 39% de los casos no han sido identificados, en 38% son actores estatales, 12% agentes federales, 5% operadores de justicia y 6% autoridades municipales.
Las temáticas más recurrentes en las que los defensores agredidos trabajaban son, en orden de ocurrencia: derechos de la población migrante; derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas.
El Informe hace referencia a casos ilustrativos como los del sacerdote Alejandro Solalinde, Bernardo Vásquez Sánchez, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y CODIGO-DH.
Asimismo, el Informe también analiza el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 2009 por la ONU-DH, incluyendo los avances logrados y los retos pendientes.
Entre los avances registrados están la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos en 2011; y la entrada en vigor de la Ley federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la posterior instalación del Mecanismo de protección.
En los incumplimientos está emitir las leyes secundarias que permitan la implementación legislativa del cambio constitucional y superar algunas debilidades en la implementación del mecanismo de protección, tales como la cooperación entre la Federación y las entidades federativas; la oportuna difusión del mecanismo y la dotación adecuada de personal al propio mecanismo.
La ONU-DH valora las directivas y normativa emitida a nivel federal para regular el uso de la fuerza, que al ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación adquirieron plena obligatoriedad para las instituciones, así como la ley sobre la materia aprobada en el estado de Oaxaca.
También está pendiente aún emitir una legislación federal sobre el uso de la fuerza en plena concordancia con la normativa internacional aplicable al tema.
Aunque en 2012 las comisiones del Senado avanzaron en la aprobación de un proyecto de decreto por el que se reformaba el Código de Justicia Militar para restringir el alcance del fuero militar y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la justicia penal militar no es competente para conocer violaciones a los derechos humanos, la ACNDUDH espera que estos avances se consoliden con la emisión de una nueva legislación sobre la materia.
Finalmente, el Informe ratifica el compromiso de la ACNDUDH de continuar abogando por la adopción e implementación de las recomendaciones emitidas desde 2009, profundizando y perfeccionando aquellas en las cuales ya existen y se reconocen esfuerzos y acciones por parte del Estado mexicano.
Fuente: Apro
