Las poblaciones indígenas de Cuatepec, en el municipio de Tlacuilotepec, y San Pablito, en Pahuatlán, lograron triunfos legales contra la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula que erige la empresa TransCanada y que impactará a 459 localidades de Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Puebla.
El Juzgado Tercero Distrito en Materia Civil con sede en Puebla ordenó la suspensión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y de la Evaluación de Impacto Social de dicha obra, así como del proceso de consulta que supuestamente había iniciado la Secretaría de Energía entre los pobladores de la localidad de San Pablito para respaldar el paso del gasoducto por esa comunidad.
Por su parte, el Juzgado Segundo de Distrito concedió la suspensión a favor de pobladores de Coatepec, en la zona norte de Puebla, por lo cual la empresa canadiense, a través de su filial mexicana Transportadora de Gas Natural de la Huasteca y la subcontratista italiana Bonatti, no podrán continuar con la construcción del ducto en el lugar.
El abogado Raymundo Espinoza Hernández dijo que el juzgador determinó que, en el caso de la MIA, no se tomaron en cuenta afectaciones a manantiales, flora y fauna endémica y otros impactos que tendrá el gasoducto en todo su trayecto.
Respecto a la Evaluación de Impacto Social, quedó en suspenso porque en el estudio realizado no se tomó en cuenta el desplazamiento de familias que conlleva esta obra, sobre todo, porque en el trazo propuesto el gasoducto atraviesa casas y patios o pasa por lugares cercanos a los manantiales de los que depende el abasto de las poblaciones.
En el caso de las consultas a las poblaciones, el litigante explicó que estas se han querido hacer a base de presiones, engaños, manipulaciones, sin la información suficiente sobre el proyecto y hasta agresiones contra los pobladores opositores a la obra.
Espinoza Hernández indicó que están en trámite varios juicios de amparo contra este gasoducto. Incluso, uno pide la cancelación definitiva de la obra, pues su misma planeación “está llena de irregularidades y no todas pueden ser subsanadas”.
Para el caso de Puebla, explicó están en proceso tres juicios de amparo interpuestos por pobladores de Chila de Juárez, municipio de Honey; San Pablito, en Pahuatlán y Cuautepec, en Tlacuilotepec, todos ubicados en la Sierra Norte de esta entidad.
“En muchas de estas comunidades hay casos donde el gasoducto atraviesa por las salas o baños de las casas, lo cual significa que se van a tener que destruir, porque el ducto mide un metro de diámetro, pero debe tener 50 metros de protección a cada lado, por lo que esas casas serán destruidas y no aparecen en la evaluación de impacto que presentaron”, explicó el abogado.
Confirman suspensión
Respecto al juicio interpuesto por pobladores de Cuautepec, el Juez Segundo de Distrito concedió desde un principio la suspensión provisional, tanto en el procedimiento de consulta a los pobladores, como de la construcción del gasoducto. La medida fue confirmada esta semana y hasta que concluya el juicio.
En cuanto a la demanda interpuesta por pobladores de San Pablito, a mediados de noviembre el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó al Juzgado Tercero de Distrito otorgar la suspensión provisional y la semana pasada se confirmó la resolución.
“En este momento, la empresa no puede construir el gasoducto en estas dos localidades porque violaría el ordenamiento judicial. Y si en un momento dado, la empresa busca otro trazo que no sea pasar por ahí, lo podría hacer, pero eso implica volver a tramitar todos los permisos, lo cual le retrasaría varios meses”, según el abogado Raymundo Espinoza.
“Esto quiere decir que, si bien la empresa tenía el compromiso de entregar la obra el 1 de enero de 2018, esto ya no lo van a poder cumplir por las suspensiones que ya tenemos, pero además, porque no lograron tener los permisos de todos los propietarios de terrenos, ni hacer todos los cambios de uso de suelo que requerían”, agregó.
Luego, adelantó que presentarán otras cuatro demandas antes de que concluya el año a nombre de pobladores de otras localidades. La estrategia, dijo, será sumar más demandas, al menos cinco por mes, para detener la obra.
El gasoducto Tuxpan-Tula, de más de 270 kilómetros de longitud, atravesaría las sierras Norte de Puebla y Otomí-Tepehua en Hidalgo, dos de los últimos reductos de bosque mesófilo de montaña del país.
Según la resolución emitida por el Juez Tercero de Distrito con sede en Puebla, la suspensión del proceso de consulta a la población de San Pablito es para que los afectados reciban información “completa y pertinente” respecto al proyecto, así como del impacto socio-ambiental derivado de su construcción y operación.
El juez aclaró que, de no ordenarse la suspensión de la obra, se violaría de manera irreparable los derechos a la “libre autodeterminación, autonomía, biodiversidad, agua, identidad cultural, información, participación en asuntos públicos, consulta y consentimiento” de los pobladores otomíes de San Pablito, dedicados principalmente a la elaboración del papel amate y de artesanías con chaquira.
Desplazamiento
Habitantes de las localidades afectadas denunciaron que en los últimos meses han sido objeto de múltiples presiones de autoridades de todos los niveles, en especial de la Secretaría de Energía, para que no se opongan al proyecto del gasoducto.
Lorenzo Vargas Donaciano, habitante de Cuautepec, denunció que ha recibido amenazas e intentos de agresiones por manifestar su defensa al territorio.
Refirió que el trazo que ha seguido hasta ahora el ducto está en razón de otros posibles megaproyectos en la Sierra Norte de Puebla, pues se acerca a lugares donde se sabe que han detectado yacimientos de minerales y otros recursos.
“Por eso no viene derechito la línea, han hecho unas curvas, ya no tanto por la tubería, sino por lo que tiene el subsuelo”, aseguró.
Oliveria Montes Lazcano, del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio, precisó:
“El gasoducto nosotros lo consideramos sólo la puerta de entrada, porque sabemos que después viene la minería, la fractura hidráulica y demás proyectos que tienen planeados para esa zona. Lo que buscan a fuerza es el desplazamiento, al pasar por las casas y dejarnos sin nuestras fuentes de agua. Buscan el desplazamiento de las comunidades para que se puedan llevar todo lo que hay”.
También denunció que hay múltiples casos de pobladores que entregaron sus escrituras a representantes de la empresa o del gobierno que fueron a sus casas y les ofrecieron comprarles, pero a la fecha no han vuelto a presentarse ni les han pagado nada. Ahora esas familias viven en la incertidumbre.
Salvador Aparicio, habitante de Chila de Juárez, dijo que hay versiones de que representantes de la empresa TransCanada han ofrecido un millón de pesos a habitantes de la localidad para convencer al mayor número de gente para votar en la consulta a favor de la construcción del ducto y a la venta de sus propiedades.
“Al grado que ya hay gente que tratan de agredir a los que no quieren aceptar”, reveló.
Por último, mencionó que los representantes de la empresa se han llevado a grupos de pobladores para mostrarles las zonas donde ya está instalado el gasoducto y, supuestamente, probarles que no habrá afectaciones. Pero en lugar de eso, los llevan a comer y a ingerir bebidas alcohólicas para convencerlos.
Fuente: Apro
