Un juez federal vinculó a proceso a dos mandos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por la compra, a precio inflado, de un helicóptero Eurocopter EC-145 para el entonces titular de la dependencia Jesús Murillo Karam.
El juez de control del Centro de Justicia del Reclusorio Oriente procesó al General José Antonio Ramos Arévalo, ex director de Servicios Aéreos, y a Gustavo Armando Kanan Brito, ex director de Recursos Materiales, por los delitos de falsificación de documentos y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Según la Fiscalía General de la República, los ex funcionarios omitieron atender necesidades reales de la institución, ya que la aeronave adquirida es de lujo y su compra «respondió a la necesidad de transportar al entonces titular de la PGR, cuando la institución contaba con las suficientes aeronaves».
Según los gastos reportados por el helicóptero se pagaron 7.6 millones de dólares.
Ambos ex mandos llevarán su proceso en libertad provisional, luego de que el juez les impusiera el pago de una garantía de 100 mil pesos y su presentación cada 15 días en la Unidad de Medidas Cautelares.
A principios de 2013, Murillo Karam designó a Ramos y Kanan en sus respectivos cargos y este último estuvo subordinado a la Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano, quien el mes pasado fue procesada por comprar un avión Bombardier Challenger 605 con un supuesto sobreprecio de 4 millones de dólares.
La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos comenzó a indagar a los ex mandos en la carpeta de investigación FED/VG/UNAICDMX/0000417/2019, porque supuestamente no había justificación para la compra ni para el tipo de contratación.
De acuerdo con la acusación, al General Ramos Arévalo se le atribuye la supuesta falsificación del informe que sirvió para exceptuar el proceso de licitación y justificar la compra del helicóptero mediante la adjudicación directa.
Es por ello que el militar fue procesado por la falsificación de documento agravado, en su hipótesis de asentar hechos falsos como ciertos en documentos públicos, para hacerlos constar como prueba.
Fuente: Reforma
