Más de 20 organizaciones defensoras de derechos humanos se han visto obligadas a recurrir a instancias internacionales pues dentro de México las puertas para lograr una verdadera justicia se cierran, la voluntad estatal para solucionar los problemas más acuciantes es poco más que declarativa y la crisis de derechos humanos no parece sino profundizarse.
El viernes 20 de marzo, la sociedad civil mexicana acudirá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para denunciar en altavoz, una vez más, graves violaciones a los derechos humanos que afronta la población. La desaparición forzada e impunidad, la tortura sexual contra mujeres, la reforma energética frente a los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas, y la continuidad de las graves violaciones a derechos humanos en Guerrero son cuatro temas que estarán en esta ocasión en la mira del sistema interamericano de derechos humanos, durante su 154º período de sesiones.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos se han visto obligadas a recurrir a instancias internacionales pues dentro de México las puertas para lograr una verdadera justicia se cierran, la voluntad estatal para solucionar los problemas más acuciantes es poco más que declarativa y la crisis de derechos humanos no parece sino profundizarse. La pinza del retroceso autoritario la cierran los renovados ataques contra la libertad de expresión, como el sufrido por el equipo de Carmen Aristegui esta semana.
Es significativo que los temas que se abordarán en la audiencias de la CIDH sean tan graves como diversos en apariencia: van desde el despojo de tierras y recursos naturales hasta la sistemática impunidad de las violaciones graves a derechos humanos, originadas desde la llamada Guerra Sucia y agravadas con la “guerra contra el narcotráfico” que declaró el gobierno de Felipe Calderón y continuó el actual Ejecutivo. En realidad, estas audiencias unen los puntos que dibujan el perfil de la crisis de violaciones a derechos humanos y corrupción que vive México.
Aunque los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya desnudaron la dimensión de la crisis mexicana y fueron la gota que derramó el vaso de la indignación ciudadana, el sistema interamericano de derechos humanos ya había emitido sentencias condenatorias sobre otros casos paradigmáticos: los feminicidios de Ciudad Juárez, la desaparición forzada de Rosendo Radilla, la violación sexual contra las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y la detención arbitraria y tortura contra los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, por ejemplo. De haberse adoptado verdaderas garantías de no repetición en el marco del cumplimiento de estas sentencias, no estaríamos ahora en medio del profundo retroceso que advertimos en la agenda de derechos humanos.
En esta ocasión, más de veinte organizaciones de todo el país[1] se presentarán ante la CIDH para tratar las denuncias sobre hechos de desaparición forzada e impunidad en México. Aquí, el diagnóstico hecho hace poco más de un mes por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU es demoledor: este crimen es generalizado en gran parte del país y además, impune.
La tortura sexual que practican extensa e impunemente las fuerzas armadas y policiales en México será también objeto de un examen promovido por cuatro organizaciones[2] de la sociedad civil. A inicios de febrero, Claudia Medina Tamariz, sobreviviente de este crimen cometido por elementos de la Marina, fue exonerada. Aunque los tormentos de carácter sexual a los que fue sometida fueron comprobados, sus agresores siguen libres, al igual que los de Yecenia Armenta, Belinda Garza, Miriam López, Verónica Razo, Cristel Piña y tantas mujeres más, como las sobrevivientes del uso arbitrario de la fuerza pública en Atenco, que a nueve años de los hechos siguen exigiendo justicia.
La reforma energética y las leyes secundarias que la reglamentan, que hacen nulo en los hechos el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, facilitan el despojo de territorios y hacen de la explotación de hidrocarburos una actividad prioritaria, serán también denunciadas ante la CIDH por varias organizaciones[3]. En este tema, cabe recordar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se negó en su momento a controvertir la reforma en los tribunales nacionales, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación se opuso a que se realizara una consulta popular. Aunque algunas comunidades han comenzado a interponer recursos legales contra la inminente instrumentación de esta reforma, la intervención de la CIDH es de primera importancia pues los recientes cambios en la SCJN no auguran condiciones propicias para el examen imparcial de estos reclamos en la justicia nacional.
Tener la atención puesta en estas audiencias es fundamental. Ante el crítico panorama nacional, la vigilancia y las recomendaciones de los organismos internacionales son un punto importante de apoyo para quienes desde la sociedad civil luchamos por la vigencia de los derechos humanos en México. Aunque es lamentable la posición adoptada por el gobierno mexicano, que en el breve lapso de dos meses ha descalificado en sendas ocasiones los informes de la ONU sobre desaparición forzada y tortura en México como lo hacen los gobiernos autoritarios en otras latitudes, la evaluación internacional sobre los compromisos asumidos por el Estado es ineludible. Esa mirada crítica y objetiva no se puede rehuir.
[1] Fundar, Centro de Análisis e Investigación / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) /Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia / Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan / Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria / Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados / Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos / Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos / Centro de Derechos Humanos Victoria Diez / Centro de Derechos Humanos Paso del Norte / Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho / Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón / Asociadas por lo Justo (JASS) / Human Rights Watch / Fundación para el Debido Proceso (DPLF) / Washington Office on Latin America (WOLA) / Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) / Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)/ Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR)
[2] Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos(CMDPDH)/ Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan / Asociadas por lo Justo (JASS)
[3] Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Fundar-Centro de Análisis e Investigación / Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. / Greenpeace México
Fuente: Animal Político
