La administración de López Obrador ha mostrado su voluntad por enfrentar la crisis de derechos humanos que hay en el país, y muestra de ello es que hay una apertura a las revisiones de organismos internacionales y que existe el compromiso de trabajar a lado de la sociedad civil para combatir entre otros, la tortura, respondió la representación mexicana
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Ginebra. La tortura es una práctica “endémica y generalizada” en México, sentenció el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés). Criticó la falta de progresos de las autoridades mexicanas para combatir, investigar y prevenir este delito.
“No obstante los avances en materia de legislación contra ese delito, el Comité debe anotar que sigue existiendo una alta incidencia de tortura y malos tratos en el Estado mexicano”, enfatizó Diego Rodríguez Pinzón, integrante de esa instancia internacional.
En el marco del 66 periodo ordinario de sesiones del CAT, que se realiza en esta ciudad, se llevó a cabo la séptima evaluación de México en torno a la situación de esta práctica en el país. Ante representantes del gobierno mexicano presentes en la audiencia pública, Rodríguez Pinzón delineó la crisis que se enfrenta al respecto.
“El Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, en su informe de seguimiento de 2017, indicó que a dos años de su visita lamenta informar que la situación no ha cambiado. (Además) Varias organizaciones civiles manifiestan que la tortura sigue siendo perpetrada de forma generalizada por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación”, detalló.
La delegación mexicana presente en la audiencia fue encabezada por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado. Los funcionarios tendrán que responder este viernes a la serie de preguntas que los miembros del CAT realizaron durante la sesión de hoy (jueves).
Sorprendió la presencia en la sala de sesiones de dos miembros de la Misión Diplomática de Estados Unidos ante la ONU. Personal de Naciones Unidas resaltó que si bien se trataba de una sesión pública, “es raro que un Estado entre a la evaluación de otro. De hecho es la primera ocasión que suede”.
En su intervención, Rodríguez Pinzón remarcó los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) 2016 muestran que “el uso de la tortura parece ser endémico, de acuerdo con los encuestados”. De las 64 mil 150 personas entrevistadas para este estudio en 338 prisiones, 63.8 por ciento dijo haber sufrido violencia física durante el arresto, 35.6 por ciento denunció haber sido sometido a la asfixia simulada, a 52.5 se le amenazó con la presentación de falsos cargos y 28.2 informó de amenazas contra sus familiares.
“Esto sólo para mencionar a personas privadas de su libertad en centros penitenciarios del país, tomando en cuenta que el comité también ha recibido información sobre la situación de personas en centros de salud, hospitales psiquiátricos, centros de detención migratoria, centros de menores, sobre violencia de género en diferentes contextos, sobre abuso contra personas con discapacidad, contra comunidades indígenas, así como el uso de la fuerza pública en espacios públicos o privados, entre muchas otras situaciones, como en los trágicos eventos de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa”, apuntó Rodríguez Pinzón, quien es relator para México del CAT.
El CAT es conformado por diez expertos independientes. Su objetivo es evaluar el cumplimento que los Estados parte a la Convención contra ese delito de las Naciones Unidas, por lo que tras cada evaluación se hace una serie de recomendaciones confiando en que los países señalados las cumplan para prevenir, sancionar y erradicar esa práctica violatoria de los derechos humanos.
El experto dijo que al contexto generalizado de tortura y malos tratos en México se suma el clima de impunidad imperante.
Criticó que las cifras manejadas por el gobierno mexicano sean “inconsistentes y contradictorias”, y aun así, “sugieren altísimos niveles de impunidad”.
En 2015, México informó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que existían sólo 15 condenas federales por este delito desde 2006, en ocho causas penales. Además, en noviembre del año pasado, en el tercer Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los representantes mexicanos dijeron que de 2013 a 2018 se habían emitido 36 sentencias federales por tortura, en 16 causas penales, incluyendo varias sentencias absolutorias, y la gran mayoría de las sentencias condenatorias fueron revocadas en apelación sin que haya sentencia en firme.
El experto colombiano requirió información a la delegación Mexicana sobre casos paradigmáticos: la tortura sexual a manos de policías contra 11 mujeres detenidas durante los operativos en San Salvador Atenco, Estado de México, en Mayo de 2006; y contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, por parte de elementos del Ejército en Guerrero en 2002. Y exigió que las sentencias contra los responsables de estos graves delitos se concreten pronto y “queden firmes”.
El presidente del CAT, Jens Modvig, quien también es relator para México, se refirió a la investigación realizada por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que documentó que al menos 34 personas procesadas por el caso Ayotzinapa fueron detenidas de manera arbitraria y torturadas.
Pese a esa información, “las autoridades no investigaron de manera adecuada (los señalamientos de tortura), incluso los encubrieron (…) Parece que una persona fue torturada hasta la muerte”.
Los expertos del CAT presentaron un rosario de temas en los que se presenta tortura en México: la participación de elementos de las fuerzas armadas en seguridad pública, por lo que manifestaron su preocupación por la creación de la Guardia Nacional; el trato a los migrantes; la situación dentro de las prisiones, en particular el autogobierno y la corrupción; las declaraciones obtenidas bajo tortura y que los jueces aún no las excluyan como pruebas dentro de los procesos.
Los casos de desaparición forzada, la falta de independencia e ineficacia de los peritos que aplican el Protocolo de Estambul, la violencia contra las mujeres, entre otros.
La sesión inició con la participación de la subsecretaria Delgado, quien reconoció la gravedad de la situación en México, pero dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está consciente de los retos que enfrenta en país en la materia.
“Nos queda mucho trabajo por hacer para que la tortura y otros tratos crueles sean definitivamente erradicados. El reto que debe atenderse en México obliga a reconocer que el desafío es de grandes dimensiones y demanda un compromiso firme contra la impunidad”.
La funcionaria federal remarcó que la administración de López Obrador ha mostrado su voluntad por enfrentar la crisis de derechos humanos que hay en el país, y muestra de ello es que hay una apertura a las revisiones de organismos internacionales y que existe el compromiso de trabajar a lado de la sociedad civil para combatir entre otros, la tortura.
