Integrantes del Comité 68 demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) reiniciar las actuaciones de los expedientes judiciales que se integraron durante el periodo de trabajo de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y revisar el estado de “libertad bajo reserva” del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, a quien señalan como uno de los responsables del genocidio ocurrido el 2 de octubre de 1968.
Lamentaron que a un año de haber hecho esa exigencia -cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aún era mandatario electo-, la FGR aún no la haya atendido al negarse a abrir una fiscalía o unidad especial para atender los crímenes del pasado.
En víspera de la marcha conmemorativa por los 51 años de esa masacre, cometida por elementos del Batallón Olimpia en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, demandaron a las autoridades de la Ciudad de México que durante la movilización “cumplan con su responsabilidad” y garanticen que grupos de “provocadores” no causen desmanes, ya que “se trata de una manifestación pacífica donde todos saldremos con los rostros descubiertos”.
En conferencia de prensa, integrantes del Comité 68, encabezados por Félix Hernández Gamundi, uno de los líderes históricos del movimiento estudiantil de 1968, detallaron que la marcha saldrá a las cuatro de la tarde de la Plaza de las Tres Culturas, caminará por el Eje Central Lázaro Cárdenas, se desviará por la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico y llegará al Zócalo poco antes de las seis de la tarde, para que a las 6:10 en punto -hora en que se dio la orden de ataque en aquel 2 de octubre- se guarde un minuto de silencio en memoria de las víctimas de aquel ataque de Estado.
“Marcharemos enarbolando demandas históricas y nuevas ante el Estado mexicano: por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa agredidos y desaparecidos en septiembre de 2014 y castigo a los responsables de esta agresión brutal. Como expresamos el año pasado, en ocasión del 50 aniversario, ¡Hoy es tiempo de justicia!”
Remarcaron que por años, los gobiernos del PRI y el PAN “manipularon los procesos judiciales referentes a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el viejo régimen priísta. Aletargaron la actuación del aparato de procuración e impartición de justicia. La (extinta) Procuraduría General de la República (PGR), jueces, magistrados y ministros jugaron con las leyes mexicanas y con postulados de impartir justicia y de velar por el bien del pueblo, lo hicieron para garantizar impunidad a los responsables materiales e intelectuales del genocidio cometido contra la juventud mexicana en 1968 y años posteriores”.
Debido a la impunidad, agregaron, los agravios contra el país se repitieron con crímenes de Estado como el halconazo, la guerra sucia, miles de desaparecidos políticos, Acteal, El Charco, Aguas Blancas, Tanhuato, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por citar algunos.
“En los expedientes que están en poder de la FGR se encuentran las pruebas suficientes del genocidio, como ya lo sentenciaron diversas instancias del propio POder Judicial mexicano. Las leyes mexicanas proveen los recursos suficientes para resolver con justicia este caso. No se trata sólo del ex presidente (Echeverría), hay una larga lista de ex funcionarios que tienen responsabilidades en los actos criminales que se reclaman, también hay al menos otras 52 averiguaciones previas que nunca fueron consignadas ante un juez, por ello reclamamos la inmediata reactivación de las actuaciones de la FGR”.
Demandaron que a esos expedientes se agreguen los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a la actuación de las fuerzas armadas aquel 2 de octubre de 1968. “No queremos esos archivos para ir al Archivo General de la Nación, sino que vayan, debidamente resguardados a incorporarse al cuerpo de las pruebas, como debieron estar desde el principio de las actuaciones de la fiscalía especial del caso”.
En la conferencia, Hernández Gamundi asentó que la marcha se convoca con el espíritu de la libre manifestación, “por lo que no es admisible que grupos de provocadores cancelen ese derecho. Quien quiera manifestarse de otra manera (violenta), esta convocatoria no es para ellos. Hay dos reglas: será una movilización pacífica y con los rostros descubiertos”.
Llamó a las autoridades a asumir su responsabilidad e impedir la violencia a lo largo del trayecto, y llamó la atención sobre las anunciadas “cadenas humanas de paz” -que el gobierno de la Ciudad de México dijo se usarán para proteger negocios y monumentos- ya que no se tiene idea de cómo será su actuación.
La marcha será encabezada por el Comité 68 y participarán estudiantes de diversas universidades del país, bachilleres, normalistas, miembros de sindicatos y organizaciones sociales, entre otros.
Fuente: La Jornada
