En la audiencia de vinculación a proceso del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, se dio lectura a una declaración de exfuncionarios del gobierno de Chihuahua, quienes señalan que en la triangulación de los 250 millones de pesos del erario estaban coludidos la Secretaría de Hacienda federal, el SAT, Manlio Fabio Beltrones y el exgobernador César Duarte.
Además, sostienen que la trama ilegal de desvío de recursos buscaba beneficiar las campañas del PRI. Y que ese mismo esquema fue utilizado en los estados de Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Durango.
La audiencia oral se basó principalmente en la declaración de Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y Deportes –dependencia a la que la SHCP federal asignó 250 millones de pesos para que contratara a cinco empresas fachada que desde el gobierno del estado le habían indicado, mismas que destinarían el dinero a las campañas del PRI.
Incluso, Yáñez Herrera mencionó varios episodios que grafican el tamaño de la presunta colusión.
Por ejemplo, destacó que, en 2016, recién llegado al cargo y renuente a firmar los contratos ficticios por decenas de millones con las empresas que le habían sido indicadas desde la Secretaría de Hacienda estatal, acudió al despacho del entonces gobernador, quien lo urgió a firmar y explicó que el dinero iría a las campañas electorales del PRI, y que todo estaba hablado con el entonces dirigente nacional priista, Manlio Fabio Beltrones.
También refirió un viaje que hizo a la Ciudad de México para contactarse con el área de finanzas de ese partido. Los recibió el hijo del acusado, Alejandro Gutiérrez junior –apoderado legal de una de las empresas y orquestador del esquema–, a quien comentaron que les preocupaba que no tenían la manera de comprobar los 250 millones de pesos que entregaron a las empresas por asesorías, talleres y un software inexistentes.
El hijo del operador de Beltrones aseguró que tenían blindaje asegurado del SAT, que no se preocuparan de ninguna auditoría y que Chihuahua no era el único estado donde se había utilizado esa mecánica de triangulación de recursos.
Por instrucción de Duarte Jáquez, Yáñez Herrera fue a ver directamente al secretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, o “La Coneja”.
Igual admite que tuvieron un encuentro con el hoy acusado en un restaurante de Plaza Carso, donde le advirtieron que en Chihuahua ya se habían descubierto los desvíos. Gutiérrez les preguntó “¿por qué sigue vivo?”, refiriéndose a la persona que filtró las facturas al PAN.
Yáñez declaró que respondieron: “Ya no sólo tendríamos un problema de desvío de dinero sino un homicidio”. Que lo que pedían era que les regresaran los 250 millones de pesos.
Como respuesta, insistió en que las empresas con las que se formaron los contratos eran sólidas, estaban blindadas por el SAT, que si se hacía una auditoría no habría problemas.
Los entonces funcionarios insistieron en que hay fotografías que prueban que no existen empresas en los domicilios fiscales de las supuestas proveedoras de servicios a las que se destinó el dinero. Entonces Gutiérrez reviró: No se puede devolver el dinero, “lo operaron en campañas en otros estados” y que esa misma mecánica se usó en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango.
Posteriormente, “La Coneja” les mandó un mensaje donde advertía: “Ya hablé con MF. Del retorno: no hay opción”. Les prometió ayuda para la comprobación del uso del dinero.
Otra de las declaraciones de una persona que pidió ser testigo protegido, y que se ha señalado que es Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de César Duarte, sostiene también que los recursos fueron enviados por la SHCP, igual menciona la intervención de Beltrones y Gutiérrez para la triangulación, y acusa a las empresas contratadas porque nunca justificaron los recursos.
La audiencia fue suspendida en varios momentos. Una vez fue a petición de la Ministerio Público, quien observó que algunas declaraciones que iba a leer podrían poner en peligro a los declarantes. En ese momento, y durante una hora, se impidió el acceso a periodistas y se suspendió la transmisión por las pantallas de la sala de prensa.
Varias veces los abogados del acusado pidieron al juez que impidiera a la MP, Priscila Aguilar, dar lectura a las declaraciones de los exfuncionarios detenidos y testigos, y también pidieron que sólo reseñara los contenidos del expediente. A pesar de que así se hizo, la lectura duró siete horas.
A las nueve de la mañana comenzó la audiencia de formulación de imputación por peculado agravado. Luego Gutiérrez Gutiérrez pidió que le resolvieran su situación jurídica. Por ello se inició la audiencia de vinculación a proceso.
Además de la declaración del exsecretario de Educación estatal se leyeron las de otros exfuncionarios de la misma dependencia, quienes confirman que tuvieron conocimiento de los ilícitos, que se inventaron facturas de cursos educativos y asesorías inexistentes para comprobar los recursos públicos erogados.
También se menciona que los propios exfuncionarios notaron que las compras estaban mega infladas. Incluso mencionaron la presión que se ejerció desde la Secretaría de Hacienda estatal contra los entonces funcionarios de Educación para que firmaran la comprobación de los recursos.
En su turno, a las cinco de la tarde, el abogado Antonio Collado Mocelo, de la firma Collado y Asociados, señaló que su cliente no puede ser procesado porque el delito de peculado sólo es aplicable para funcionarios públicos.
Enseguida acusó al MP de no presentar hechos o pruebas que establezcan el delito de su cliente, que los testigos no demuestran que conocían los hechos ni sus declaraciones son probatorias, además de que no existe claridad del origen y destino de los recursos utilizados ni del quebranto del Estado.
Fuente: Proceso
